Quién es quién en el juego de tronos del fútbol español, donde un peón se creyó que era el rey

Pocas horas después del bochorno que supuso ver en el palco del España-Italia al rey Felipe VI sin ningún representante del Gobierno a su lado y, lo que es aún peor, sentado junto al imputado Pedro Rocha, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) dio a conocer su propuesta de sanción para el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Seis años de inhabilitación que no solo obligarían al extremeño a abandonar la presidencia de la RFEF; sino que le impedirían presentarse a las elecciones previstas para septiembre.

Casualmente, el TAD hizo pública su propuesta de sanción dos días después de que el denunciante, Miguel Galán, enviara un escrito en el que, tal y como informamos en este diario, recordaba "su deber legal de resolver en tiempo y forma y no dejar caducar el expediente, lo contrario podría ser una presunta prevaricación administrativa por omisión". Como era de esperar, tanto desde la RFEF como del entorno que tan interesado está en que Rocha sea —y siga siendo— el presidente florero de la RFEF, las reacciones no se hicieron esperar. "La aplicación de la legalidad no puede servir para empeorar las cosas", fue una de las más extremas y reveladoras.

Del mismo modo que tras la filtración del expediente del TAD a un medio rubialista hay quien apunta a quien fuera su cerebro jurídico, Tomás González Cueto, con una conocida llegada a este tribunal, no faltan otros que en la contundencia de la propuesta de sanción ven la mano del Consejo Superior de Deportes (CSD). Empezando por la propia RFEF —que, no lo olvidemos, preside el propio Rocha— donde, junto a la manida amenaza de la FIFA y la UEFA, hablan de "injerencias gubernamentales", en referencia a la resolución de un tribunal. El lawfare que tan de moda se ha puesto en la política española.

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En este sentido, y sin olvidar tampoco que fue su antecesor en el cargo, Víctor Francos, quien lo empezó a enredar todo, cabe recordar las recientes declaraciones de José Manuel Rodríguez Uribes. Para justificar la creación de la llamada Comisión de Representación, Supervisión y Normalización de la RFEF, el actual presidente del CSD dijo sobre la posible inhabilitación de Rocha que "esta comisión tiene sentido para que, pase lo que pase, la Federación esté tranquila y la imagen y proyección del fútbol español tenga todas las garantías de que se va a dar con las mejores condiciones".

El 'superministro' de Sánchez lo enredó todo

A Uribes hay que reconocerle su buena voluntad por arreglar este desaguisado que no guisó, pero se está comiendo. Sin embargo, su problema es que por encima tiene, además de a la ministra portavoz, con lo que ello conlleva, al superministro de Sánchez, que eclipsa su labor como secretario de Estado. Una vez más nos referimos a Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), quien negoció e incluso firmó un acuerdo con Rocha, que, tal y como ha quedado demostrado, no hizo, sino enredarlo todo aún más.

Aunque en el clientelismo federativo todo vale, y con Luis Rubiales se hizo extensivo a un Gobierno que le protegió renegando públicamente de la ética y la estética, quienes defienden al presidente de la RFEF en nombre de la estabilidad parecen olvidar cómo llegó al cargo. Además de que el extremeño está imputado en la misma causa sobre la presunta corrupción en la Federación durante la gestión del mencionado Rubiales. De quien fue vicepresidente, testaferro y ahora sucesor. El hecho de que las irregularidades al frente de la Comisión Gestora de la RFEF fueran cometidas con la connivencia del Gobierno no las convierten en legales.

Ingeniería jurídica de la instructora

La abogada del Estado Marina Porta Serrano es la instructora del expediente que ha formulado la propuesta de resolución al TAD para imponer a Pedro Rocha la sanción de seis años de inhabilitación para ocupar cargos en cualquier federación deportiva. Dos por el despido de Andreu Camps, secretario general de la RFEF, al ser una actuación "llevada a cabo por Rocha, individualmente, excediendo de las funciones que le correspondían como Presidente de la Comisión Gestora, dando lugar a un abuso de autoridad, lo que supone la comisión de una infracción muy grave de la Ley del Deporte".

Dos años más por la rescisión del contrato con GC Legal, el despacho de Cueto. En opinión de la instructora, "una infracción muy grave de abuso de autoridad". Y otros dos por la personación de la RFEF como acusación particular en el Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº 4 de Majadahonda. "Una decisión fue adoptada por Pedro Rocha como Presidente de la Comisión Gestora, individualmente y sin someterlo a la deliberación y aprobación del órgano colegiado", explica.

En total, los mencionados 6 años de inhabilitación por "ejercer funciones de Gobierno, suplantando el cargo de Presidente de la RFEF, sin serlo". No en vano, "los hechos declarados como probados y constitutivos de infracción revisten gravedad ocurrieron en una situación de absoluta interinidad en el Gobierno de la RFEF, debiendo adoptarse con diligencia las decisiones relativas que afectaren a la RFEF a futuro y, especialmente, teniendo en cuenta la previsión de una celebración electoral para la elección de un nuevo Presidente debían ser actos no condicionantes para los nuevos órganos de dirección de la institución".

El florero Rocha se excedió en sus funciones

A diferencia de Rocha, ningún miembro de la Comisión Gestora de la RFEF que presidió ha sido sancionado, toda vez que, "aunque es un órgano legítimamente facultado para adoptar decisiones, ha sido privado de la posibilidad de ejercer sus funciones, siendo silenciado por su presidente, quien ha actuado al margen del cauce ordinario y ha suplantado la voluntad federativa con su propia voluntad personal". De ahí que considere que ha habido un manifiesto exceso de las funciones atribuidas al presidente del órgano colegiado, que afectan a la imagen de la RFEF, para concluir que esta conducta evidencia la existencia de dolo,

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¿Y por qué dos años por cada una de las tres infracciones? "Dado la gravedad de los hechos, esta Instructora valora que no procede la imposición de una sanción de multa, sino de inhabilitación temporal para cargo federativo. En la amplia graduación prevista para esta sanción, de dos a cinco años por infracción, esta Instructora considera que, dadas las circunstancias concurrentes, en particular, la gravedad del hecho, el grado de culpabilidad y la existencia de intencionalidad y los perjuicios causados, comportan la imposición de la sanción en su límite inferior de dos años por infracción".

Como comentábamos, desde la RFEF y el entorno interesado en la continuidad del presidente florero se considera que esta propuesta de inhabilitación a Rocha es insólita e irresponsable. Y, cómo no, ya se amenaza con una reunión con FIFA y UEFA en la que el Mundial 2030 se utilizará de rehén. En un país en el que lo ético y lo estético no son argumentos suficientes para pedir dimisiones o emprender acciones legales, ahora parece que tampoco se acepta lo que proponen y dictan los tribunales. Es lo que tiene manosearlo todo, con un peón al que han hecho creerse que es el rey, y moverse únicamente por intereses. Los personales, no los públicos.