Piden cinco años de prisión para el 'rey mago' del tenis: se gastó 12.716 euros en caramelos

Aunque el caso de Luis Rubiales y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es caza mayor, el deporte español lleva años viendo cómo a algunos de sus dirigentes se les va la mano a la hora de gestionar estas entidades. Según el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, las federaciones deportivas españolas son asociaciones privadas, pero sin ánimo de lucro, que ejercen funciones públicas por delegación.

Lo curioso es que en muchos de estos casos hay un dirigente que sistemáticamente se erige en defensor de quienes acaban siendo inhabilitados e imputados. Este no es otro que el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco. Le pasó con su hermano Rubiales, como anteriormente con Ángel María Villar y ahora con Pedro Rocha, el recientemente proclamado presidente de la RFEF, aunque hay otros ejemplos.

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Uno de los más llamativos es el de José Luis Escañuela, el que fuera presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET) entre marzo de 2009 y septiembre de 2015. Tras la última sesión celebrada en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, en la que el juicio quedó visto para sentencia, la Fiscalía pide cinco años de prisión.

Además, el sevillano se enfrenta a ocho de inhabilitación, al considerar "acreditados" los distintos hechos, por los que se le acusa de los delitos de administración desleal y apropiación indebida, tanto en la gestión de la Fundación del Tenis Español como de la propia RFET.

Una auditoría por el destino de 600.000 euros

Los problemas para Escañuela empezaron en 2015, cuando el Consejo Superior de Deportes (CSD), entonces presidido por Miguel Cardenal, ordenó una auditoría de procedimientos por el destino de 600.000 euros al Observatorio y la Fundación. Como quiera que Escañuela se resistió a dar los datos que se le solicitaron, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le abrió expediente sancionador, al que siguieron una suspensión temporal del cargo y la definitiva inhabilitación.

Al sevillano se le acusa de financiar con el patrimonio de la RFET y la Fundación asuntos ajenos a su cargo. Desde caramelos por importe de 12.716 euros para la cabalgata de Sevilla de 2013, en la que él participó como rey Gaspar, a un viaje al Open de Australia al que también acudió su esposa por valor de 9.554 euros o a Roland Garros junto a dos acompañantes ajenos al ámbito tenístico, a razón de 1.830.

Además, realizó unos extraños movimientos de dinero a raíz de un convenio con la Universidad Pablo de Olavide, con 300.000 euros de ida y 125.711,69 de vuelta a la Fundación del Tenis Español, aunque en dos cuentas diferentes y 23.126,20 euros sin que se justificara su destino final. Y, por último, pagó minutas por valor de 9.558 euros a un bufete del que era titular el propio Escañuela.

Junto al sevillano en esta trama también están involucrados el que fuera su vicepresidente, José Luis Terroba, y la exsecretaria general de la RFET, María Aguilera, para quienes la Fiscalía solicita cuatro años de cárcel, toda vez que sostiene que "ejecutaron todas las acciones posibles para lucrarse a costa de la Fundación del Tenis Español". Al igual que Escañuela, estos cargos se debían ejercer "gratuitamente", tal y como aparece en el registro de fundaciones. Sin embargo, todos contaban con una asignación mensual.

Alejandro Blanco y el 'frente anti Cardenal'

Escañuela formó, junto al mencionado Ángel María Villar, Lorenzo Miret (Tiro con arco), Ángel Rojo (Lucha), Andrés Gutiérrez (Caza), Antonio Martín Galán (Boxeo), José Ángel Rodríguez (Vela) y Rodrigo de Mesa (Tiro olímpico), el llamado frente anti Cardenal, liderado por Blanco. Especialmente sonada fue una cena organizada por este en un restaurante llamado Knife (cuchillo, en inglés), en la que precisamente volaron cuchillos contra el que entonces secretario de Estado para el Deporte.

Lo que les unía eran las diferentes investigaciones —injerencias, como las calificaban ellos— del CSD. De hecho, además del caso de Escañuela, se puede destacar el de Miret, inhabilitado durante seis meses por la incorrecta utilización de fondos públicos y la vulneración del Código de Buen Gobierno que deben respetar las federaciones deportivas. Alquiló un piso para su hija, compró un Audi Q5 en un concesionario de un familiar y pagó el móvil de su hijo con fondos públicos

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Cabe recordar que Escañuela llegó a querellarse contra Cardenal por los presuntos delitos de prevaricación continuada, revelación de secretos, falsedad en documento público e injurias y calumnias. Una denuncia que fue archivada al estar basada en conversaciones grabadas sin autorización con varios periodistas y en los que incluso había unas disparatadas referencias a los últimos fusilamientos del franquismo que no merecen la pena volver a mencionar.

Y es que en realidad fue el expresidente de la RFET quien intentó fusilar al expresidente del CSD a través de algún periodista que controlaba, si bien el tiro le salió por la culata y ahora el rey mago del tenis español se juega una pena de cinco años de prisión y ocho de inhabilitación. ¿Alejandro Blanco? Ejerciendo de superministro de Sánchez.