Hacienda también está reclamando impuestos atrasados a los grandes nombres, algo que muchos expertos ponían en duda. En este caso, pide casi un millón de euros a Fernando Del Pino.

Numerosas sociedades de inversión (SIM y Sicav) han sido inspeccionadas por Hacienda en los últimos meses y muchas de ellas se han visto obligadas a firmar un acta de disconformidad ante el hecho de que el Fisco les elimine el beneficio fiscal por ser vehículo de inversión colectiva y les obligue a abonar un 35% sobre plusvalías, en vez del 1% al que ha venido tributando. El caso más llamativo es la SIM Chart Inversiones, presidida por Fernando del Pino Calvo Sotelo, hermano del presidente de Ferrovial, y gestionada por Beta Capital Mees Pearson, que cuenta con un patrimonio de algo más de 200 millones de euros y a la que piden que devuelva ahora casi 900.000 euros.

Cuando hace varias semanas empezaron a escucharse con intensidad noticias sobre las inspecciones a las Sicav, hubo un comentario generalizado: “Con los altos patrimonios; con los ricos, no se atreverán, porque amenazarán con llevarse el dinero a otra parte”. Pero parece que no es así. Ayer mismo, se escuchaban comentarios que apuntaban a que un gran grupo industrial familiar, con varias sociedades en distintas firmas, está sufriendo también el acoso del Fisco. La fuente consultada prefirió no dar el nombre del grupo.

En un documento fechado el pasado 6 de mayo, la SIM de los Del Pino comunicó mediante hecho relevante haber firmado “en disconformidad el acta de la Inspección de Hacienda del Estado, derivada de la comprobación de su régimen especial del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1999”.

Así, Chart afronta “una regularización propuesta por la Inspección”, consistente en “la aplicación del tipo general del impuesto de sociedades, en lugar del tipo especial del 1%”. Es decir, pasar del 1% al 35%.

Así las cosas, Hacienda reclama un importe con cargo a la cuota del ejercicio 1999 de 691.472 euros, que con los intereses de demora suman una cifra global de 877.594 euros, o lo que es lo mismo, 146 millones de las antiguas pesetas.

No es una cifra desorbitante, y menos para la familia Del Pino, pero sí hay otros ejemplos ciertamente inquietantes. Es el caso de la Sicav Dar, de la gestora Arcalia (grupo Bancaja), que, con un patrimonio a finales de 2004 de 20 millones de euros, debe abonar, según Hacienda, un millón de euros, es decir, el 5% de su patrimonio. Aun peor lo tiene Acrópolis 2001, gestionada por la sociedad de Bolsa Acacia, que a finales del pasado año tenía 16,4 millones de euros y el Fisco le reclama 1,7 millones de euros, es decir, más del 10% del capital.

Mientras, Altres XXI, también de Acacia, ha remitido un comunicado a la CNMV en el que manifiesta que, “tras consultar con la firma auditora y varios expertos legales con el objeto de adoptar criterios análogos a otras compañías del sector en circunstancias similares, se ha tomado la decisión de desdotar la provisión que en su día se practicó por el acta de Hacienda firmada en disconformidad”, al considerarse la mencionada como “una contingencia remota”.

Esa provisión representaba “una disminución del valor liquidativo de la sociedad próxima al 2,14%”. Es decir, dicha Sicav se la juega a que no prosperará el acta de Hacienda, después de consultar a sus asesores. El quebranto, en cualquier caso, no era excesivo.