El Foro de la Sociedad Civil denuncia la excesiva permisividad de los bancos con la deuda de los partidos

Esta sí que es una burbuja. Los partidos políticos adeudaban a las cajas de ahorros 122,8 millones de euros en 2007. Curiosamente, estas deudas se tienen con la Caja implantada en el territorio del respectivo partido, al  100% en el caso del BNG, PNV Y Coalición Canaria; el 98% en el caso de CiU y ERC. Por el contrario PP, PSOE e IU, reciben financiación de todos.

No hay cifras disponibles de las deudas de los bancos con los partidos. Sí las tiene el Banco de España, claro, pero no las hace públicas. Resulta difícil creer que una entidad de crédito vaya a negarse a conceder un crédito al partido en el poder, o que un día pueda llegar a estarlo. Después de todo, él hace la regulación por la que se va a tener que regir la entidad.

Estas son algunas conclusiones del documento “La Financiación de los Partidos Políticos”, del Profesor Gaspar Ariño Ortiz, que se presenta esta tarde en la Asociación de la Prensa en Madrid, primera entrega de la serie “Documentos” del Foro de la Sociedad Civil, una organización nacida para ser tribuna de la sociedad civil en España con un plantel de miembros que incluye rectores de Universidad y catedráticos, científicos, diplomáticos y militares de alta graduación, entre otros, todos ellos dispuestos a hablar con franqueza desde el conocimiento y la experiencia.

Presentarán el acto el propio autor junto al presidente del Foro de la Sociedad Civil, Ignacio Camuñas Solís, diplomático y ex-Ministro, el actual presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez y el catedrático de Derecho Político y ex-presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga. Elenco de presentadores de renombre para un trabajo que denuncia lo que es un clamor social: el excesivo gasto y sin ningún control de los partidos.

Hasta la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos de 2007 se admitían donaciones anónimas, por tanto incontroladas y sin un tope máximo. Eso ha cambiado, pero aún hay mucho que mejorar: limitar el tope que se pueda recibir de un solo donante, obligar a la transparencia absoluta para chequear el comportamiento de los políticos luego respecto de sus benefactores y hasta prohibir las donaciones cuando vengan de ciertas personas: empresas públicas, fuertemente reguladas o contratistas de obras públicas, recomienda el Foro de la Sociedad Civil.

Respecto de los impagados, bancos y cajas se limitan a decir que “la deuda está viva”, dejándola dormir “hasta que llega un momento en que borrarla de un plumazo es más fácil de hacer discretamente”, escribe Gaspar Ariño. Los bancos jamás ejecutan a los partidos, especialmente los grandes o los nacionalistas.

Pero el grueso del dinero que gastan los partidos viene de la financiación pública. Bajo el expresivo título “Financiación pública en España: Cifras y cantidades. El saqueo del Contribuyente”, Ariño aborda el completo descontrol que hay en esta materia. El Tribunal de Cuentas, a quien se le presenta información deliberadamente incompleta, cuyos requerimientos se desatienden sistemáticamente y cuyas sanciones se quedan en simples recomendaciones, “o sea, nada”, dice Ariño, se compone de miembros nombrados y completamente mediatizados por los partidos, que se niegan a ver lo evidente.

Excesivas subvenciones públicas

Y todo el control del Tribunal de Cuentas queda en un informe que se remite a las Cortes Generales para su aprobación… por los propios partidos. De modo que no es sólo que hace la ley quien se la tiene que aplicar —evitando cuidadosamente ninguna obligación de auditoría externa independiente, también en la nueva ley—, sino que se acaba en la broma de que supervisor final y supervisado sean al final la misma persona: los partidos. ¿Quién les va a frenar? ¿Qué sanción puede esperarse se imponga por transgredir la Ley?

La porción de las subvenciones públicas que acaparan PP y PSOE asciende ya al 90% del total: para gastos de funcionamiento ordinario unos 150 millones de euros anuales (unos 25.000 millones de las antiguas pesetas) y para subvenciones electorales, en media anual, unos 40 millones de euros (aproximadamente 6.500 millones de pesetas).

Para la financiación pública no hay límite alguno, ni en la anterior Ley ni en esta, con una partida que en los Presupuestos Generales del Estado la venía camuflándose bajo transferencias “a familias e instituciones sin fines de lucro”.

“Sin una financiación transparente y adecuada a las actuales necesidades de los partidos no cabe hablar de una verdadera organización democrática  de los mismos como pide y exige nuestra Constitución”, dice Camuñas Solís. “Todo esto es algo con lo que hay que acabar, si queremos regenerar la democracia española: si no, todo lo que oímos a los líderes políticos cuando hablan de regeneración y limpieza democrática son y seguirán siendo parole, parole, parole...”

Las elecciones, una costosa operación de marketing

“El tema de la financiación de los partidos viene siendo una asignatura pendiente que en el transcurso de los años no hemos sabido o no hemos querido solucionar con decisión y franqueza. Es fácil detectar aún mucha hipocresía y oscuridad en la procedencia de algunos de los fondos que manejan los tesoreros de los partidos y no poco descuido a la hora de administrarlos”, explica Ignacio Camuñas.

La democracia cuesta y cuesta mucho. Alcanzar el poder en una sociedad mediatizada es una costosísima campaña de marketing: eso es lo que son hoy las campañas electorales. Pero la financiación de las organizaciones políticas es fuente de corrupción en muchos países: ahí están los casos de Kohl en Alemania o Bettino Craxi en Italia.

La opacidad que rodea la financiación de los partidos sólo la refuerza su estructura fuertemente jerarquizada y sus finanzas de caja única, controlada por unos poquísimos individuos con un enorme poder dentro del partido. El asunto de los dineros es algo que no se toca jamás, siquiera a nivel de los órganos directivos. Como si fuese un tabú.