Deutsche Bank, UBS y JPMorgan acusados de la venta fraudulenta de derivados a la ciudad de Milán

Deutsche Bank, JPMorgan Chase, UBS AG y Depfa Hypo Real Estate en la picota. Los cuatro bancos se enfrentan a una acusación de fraude en la venta de derivados a la ciudad de Milán. El próximo 6 de mayo se sentarán en el banquillo junto a dos ex funcionarios por engañar, supuestamente, en emisión de bonos del ayuntamiento de Milán por valor de 1.700 millones de euros entre 2005 y 2007.

El proceso judicial se centra en el "swap" de 2005 y a un plazo de 30 años entre el consistorio milanés y las entidades financieras y que, según la acusación, permitió que los imputados ganaran de forma ilícita 100 millones de euros.

La fiscalía italiana está investigando tanto a los bancos como a las administraciones locales y nacionales por posibles pérdidas de 2.500 millones de euros en productos derivados. La onda expansiva de la trama podría llegar, incluso, a afectar a algunas ciudades de Estados Unidos, donde las firmas financieras se enfrentan también a cargos por fijación de precios y licitaciones fraudulentas en la venta de derivados a los municipios, según las declaraciones del ex regulador Christopher Kit Taylor que recoge Bloomberg.

"Este caso puede tener repercusión si se demuestra intención deliberada", asegura Taylor. "Lo que ha ocurrido en Europa es la continuación de un patrón en los Estados Unidos".

Por su parte, los bancos se defienden. Así, JPMorgan ha asegurado que "los empleados que han participado en las operaciones actuaron con el mayor grado de profesionalidad y de manera completamente apropiada". Por su parte, UBS ha declarado que tanto ellos como las otras tres entidades están confiados de que "están preparados para demostrar, a lo largo del proceso, que no se cometió ningún acto criminal".

Alfredo Robledo, uno de los fiscales encargados del caso, aseguró que "tan sólo existe un precedente, que, sin embargo, se refiere a una sentencia administrativa de los años 90 emitida por un tribunal inglés en la que se 'invitaba' a los consistorios a no suscribir contratos derivados con los institutos de crédito". Según la acusación, el municipio tuvo que afrontar "un instrumento financiero con un valor negativo de 300 millones de euros".