El Gobierno da tres años a los políticos para salir de las cajas de ahorros

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha concretado hoy que los cargos políticos electos tendrán un plazo máximo de tres años para abandonar los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, aunque se hará mediante un proceso gradual conforme vaya tocando renovar esos órganos. Asimismo, ha confirmado que los SIP (fusiones virtuales) tendrán que ser bancos y que estarán supervisados únicamente por el Banco de España, es decir, las comunidades de origen de las cajas no tendrán ningún poder sobre la entidad fusionada.

Salgado ha especificado que los únicos cargos electos que tendrán que salir son los políticos, no los sindicales. Además, esto no significa el fin del control políticos de estas instituciones, puesto que las comunidades autónomas podrán seguir nombrando representantes en las asambleas generales de las entidades y en la comisión de la obra social, de nueva creación, aunque no en los consejos de administración.

Ahora bien, el tope de derechos de derechos de voto de comunidades, ayuntamientos y otras administraciones se rebaja desde el 50% actual hasta el 40%, según la nota de prensa adjunta remitida por el Ministerio de Economía.

Este mantenimiento del control político de las entidades se refuerza con otras tres medidas que introduce la reforma de la norma. Por un lado, se podrá seguir emitiendo cuotas participativas sin derechos políticos, esto es, no es obligatorio emitirlas con dichos derechos. Por otro, estas cuotas con o sin derechos no podrán suponer más del 50% del capital de las entidades, lo que garantiza que las entidades públicas más los impositores -normalmente controlados también por los partidos- seguirán controlando las cajas. Eso sí, se suprimen los límites a la tenencia de cuotas por un único partícipe y se establecen los principios de libertad de emisión y retribución de dichas cuotas.

En tercer lugar, en el caso de fusiones virtuales (SIP), si las cajas integrantes quieren mantener su naturaleza actual, también deberán mantener al menos un 50% de la entidad fusionada, a pesar de que tendrá que ser obligatoriamente un banco. Es decir, los políticos controlarán al menos el 50% de las cajas y, a través de ellas, el 50% de los bancos que se creen mediante los SIP. No obstante, como también explicó ayer El Confidencial, las cajas pueden optar por vender un porcentaje superior al 50% del SIP en bolsa, en cuyo caso perderán su naturaleza jurídica y se convertirán en fundaciones, siguiendo el ejemplo aplicado a CCM.

El Banco de España asume todo el poder

El Gobierno ha ignorado las demandas del sector para que lis SIP puedan ser agrupaciones de cajas. El hecho de que tengan que ser bancos tiene una consecuencia importantísima: sólo estarán supervisados por el Banco de España, mientras que las comunidades autónomas de origen de las cajas fusionadas no tendrán ningún poder sobre el SIP. Así lo ha confirmado Salgado en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

El poder del Banco de España se refuerza todavía más con otra norma que puede hacer que muchas cajas se replanteen sus actuales procesos de fusión: si una entidad quiere abandonar un SIP, deberá recibir previamente la autorización del supervisor; si éste se la niega, tendrá que permanecer contra su voluntad. Esto consagra la doctrina del gobernador Fernández Ordóñez de que los SIP deben ser irreversibles y antesala de una fusión de verdad, y anula las principales razones por la que muchas cajas se han sumado a estos procesos: mantener su independencia y la posibilidad de echarse atrás si en el futuro ven que no les compensa.

La vicepresidenta De la Vega destacó que esta reforma es fruto de un proceso de diálogo con el PP y con las cajas de ahorro. Asimismo, recordó que los dos objetivos fundamentales son la capitalización de las entidades y su profesionalización y democratización.

El texto también refuerza los requisitos de profesionalidad de los órganos de gobierno a través de exigencias especiales de cualificación y experiencia para al menos la mitad de los miembros del consejo de administración.

La nueva ley también establece mayorías reforzadas en los órganos de gobierno para las decisiones fundamentales de la caja y se necesitará una mayoría de dos tercios de los presentes para pasar a cualquiera de los otros modelos de funcionamiento y orden jurídico de las cajas, la integración, el ejercicio indirecto a través de un banco y la transformación en fundación.