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Los Veintisiete y la Eurocámara se acercan a un acuerdo sobre la reforma del sistema de supervisión bancaria
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Los Veintisiete y la Eurocámara se acercan a un acuerdo sobre la reforma del sistema de supervisión bancaria

Los Gobiernos de la UE y la Eurocámara se acercan a un acuerdo sobre la reforma del sistema de supervisión financiera de la UE después de

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Los Veintisiete y la Eurocámara se acercan a un acuerdo sobre la reforma del sistema de supervisión bancaria

Los ministros de Economía de los Veintisiete acordaron hoy flexibilizar su postura sobre supervisión financiera con el objetivo de tratar de llegar a un compromiso con el Parlamento Europeo en primera lectura, a ser posible en septiembre. Sólo así se logrará el compromiso asumido por los líderes europeos de que las nuevas autoridades estén operativas desde el 1 de enero de 2011. Los eurodiputados defienden que se dote de más poderes a las autoridades europeas en detrimento de los supervisores nacionales.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, explicó que los Veintisiete han aceptado que "en determinados casos las autoridades europeas puedan dirigirse directamente a las instituciones financieras particulares". "Esa es una posibilidad de avance que el Parlamento seguro que recoge bien", dijo Salgado.

El ponente parlamentario de la reforma, José Manuel García-Margallo, sostiene que esta es una de las líneas rojas del parlamento.

No obstante, los Veintisiete se mantienen firmes en su exigencia de que las decisiones de las autoridades europeas no afecten a los presupuestos nacionales, por ejemplo obligando a recapitalizar o rescatar un banco. "Si un país entiende que eso tiene consecuencias sobre el presupuesto puede objetar esa decisión", dijo Salgado

Los ministros de Economía de los Veintisiete acordaron hoy flexibilizar su postura sobre supervisión financiera con el objetivo de tratar de llegar a un compromiso con el Parlamento Europeo en primera lectura, a ser posible en septiembre. Sólo así se logrará el compromiso asumido por los líderes europeos de que las nuevas autoridades estén operativas desde el 1 de enero de 2011. Los eurodiputados defienden que se dote de más poderes a las autoridades europeas en detrimento de los supervisores nacionales.

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