El proceso de integración de CCM en Cajastur se podría cerrar "de forma inminente"

El proceso de integración de Caja Castilla La Mancha en el Banco Liberta, propiedad de Cajastur, podría concluir "de forma inminente", según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, que no descartan que, incluso, la fusión concluya en las próximas "horas" o, como tarde, "en los próximos días".

Estas mismas fuentes han señalado que en estos momentos se están ultimando los pasos para finalizar el proceso de integración, para lo que es necesario "llevar documentación a escritura pública y, posteriormente, enviarla al Registro Mercantil de Cuenca".  

Por otra parte, otras fuentes cercanas al proceso han asegurado que los problemas de forma surgidos en relación con los estatutos de la Fundación Caja Castilla La Mancha son "solventables" y, por tanto, no "serán impedimento" para culminar el proceso de fusión.

Amortización del fondo de garantía

En una comunicación remitida ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Caja Castilla-La Mancha anunciaba la amortización anticipada de los 1.300 millones de ayuda obtenidos del Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro tras ser intervenida por el Banco de España.

La caja manchega precisa que, tras obtener la autorización correspondiente del Banco de España, ha acordado proceder a la amortización anticipada de la totalidad de las Participaciones Preferentes emitidas con efectos desde junio del pasado año.

Tras la intervención del Banco de España en marzo de 2009 y la cesión de la cúpula de dirección de la Caja Castilla-La Mancha, los depósitos de dicha entidad fueron garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos.

La caja de ahorros recibió una garantía estatal de 3.000 millones de euros en marzo de 2009 para evitar su quiebra, seguida de una inyección de capital de 1.300 millones del Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas, una aportación de liquidez de 350 millones y una ayuda para hacer frente a los activos deteriorados que consiste en una garantía de aproximadamente 2.500 millones, según los datos facilitados a la Comisión Europea.