Salgado fuerza la nacionalización de las cajas con problemas sorteando el calendario electoral

La nacionalización -y posterior privatización- de algunas cajas de ahorros  ha dejado de ser una hipótesis de trabajo. Será una realidad. El Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas un Real decreto-ley que aboca a algunas cajas de ahorros -no a todas- a perder su particular estatus actual para convertirse en sociedades anónimas con todo lo que ello representa.

O dicho en otros términos. Todas las cajas con problemas de solvencia -las que no alcancen un mínimo del 8% de los activos ponderados (core capital)- tendrán que convertirse en bancos. Y a ellos tendrán que transferir todos sus activos. Es decir, muy por encima del 6% que requirió la Unión Europea en los test de estrés; además, ese 6% era en un escenario de tensión y no actual, y se refería al llamado Tier 1, que además de capital y reservas incluye preferentes y el dinero del FROB.

Esas nuevas entidades deberán emitir acciones ordinarias por el 100% de su capital, y el Frob, el organismo creado por el Ministerio de Economía, entrará con todos los derechos políticos, lo que supone que podrá nombrar miembros del consejo de administración y participar en la gestión. Se trata, por lo tanto, de una ‘nacionalización’ nada encubierta.  

El Estado, sin embargo, no estará de forma indefinida en el capital del nuevo banco creado con los activos de las antiguas cajas con problemas de solvencia, sino que, según anunció ayer la vicepresidenta Salgado, permanecerá un máximo de cinco años. Transcurrido ese plazo, los poderes públicos venderán su participación en el mercado. En palabras de Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI) esto significa que el Gobierno no impone de forma obligatoria la conversión de una caja de ahorros en banco, pero la estimula sensiblemente, al exigir que sea un banco el receptor de la ayuda pública. La nueva entidad deberá absorber la totalidad del negocio bancario de la caja necesitada de fondos.

¿Y cuánto cuesta una caja de ahorros para valorar la entrada del Estado en su capital? Según Salgado, la valoración se hará a precios de mercado por profesionales independientes. A partir de las estimaciones del Banco de España, las necesidades financieras de las cajas no superarán los 20.000 millones de euros. Mucho dinero que no contará a efectos de déficit público, pero sí a la hora de cuantificar el volumen de deuda pública en circulación (unos dos puntos de PIB).  

La ‘hoja de ruta’ anunciada ayer por sorpresa por la vicepresidenta Salgado tiene  varias etapas, y no oculta que el Gobierno ha querido que la reestructuración de las cajas no interfiera el desarrollo de las elecciones autonómicas del próximo 22 de mayo. Algunos barones socialistas ya han expresado en privado que temen que la crisis de las cajas de ahorros le pueda pasar factura electoral, y eso explicaría que el Gobierno haya retrasado las medidas quirúrgicas hasta la formación de los nuevos ejecutivos regionales.

Castigo electoral

Algunos gobiernos pueden ser castigados si la caja autonómica correspondiente es intervenida por el Banco de España o por el Frob, y de ahí que se haya querido retrasar la entrada del Estado en el capital de las cajas con problemas hasta el mes de septiembre. Es decir, que a comienzos del otoño, el Banco de España determinará qué entidades tienen necesidad de ser recapitalizadas con fondos públicos para evitar su quiebra, y las elegidas tendrán que convertirse necesariamente en bancos.

La frontera del 8% no es una regla general. El Real decreto-ley establecerá que la ratio de solvencia podrá ser superior para aquellas entidades (cajas sobre todo) que no coticen (ninguna lo hace) o “no tengan presencia significativa de inversores privados” (ninguna los tiene). O, incluso, a aquellas que presenten “una dependencia de los mercados de financiación mayorista”.

¿Qué quiere decir esto? Pues que el Gobierno pone mayores requisitos (un incentivo inverso) para las cajas con mayores problemas, precisamente para obligarlas a convertirse en bancos y posteriormente entrar en su capital. Se trata de una manera ‘suave’ de decirlas que son inviables, porque parece lógico que si a una caja con problemas de recursos propios (por insuficientes) se le exigen mayores garantías de solvencia que al resto, su futuro está algo más que amenazado.

Según las previsiones del Gobierno, las cajas afrontar pérdidas por reducción del valor de sus activos equivalentes a 92.000 millones de euros. Alrededor de 47.000 millones se han cubierto con las provisiones específicas, 19.000 millones con genéricas y los 26.000 millones restantes con cargo a reservas.

Lista de entidades

Salgado reveló ayer que antes de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la norma, el Banco de España publicará la lista de las entidades a las que se les exigirá una ratio de solvencia superior al 8%, aunque previamente el banco central tendrá que precisar qué entiende por core capital. En principio, los fondos aportados por los accionistas más las reservas y las participaciones preferentes. La vicepresidenta dijo que en todo caso la definición no estará muy lejos de lo que establecerá Basilea III, que estará plenamente operativa en 2013, aunque con fuertes periodos transitorios.

Una vez que se conozca esa información, las cajas de ahorros comenzarán una carrera para recapitalizarse antes de septiembre y cumplir las nuevas ratios de solvencia. Y es aquí donde aparecen los problemas. Las cajas señaladas por el Banco de España (a las que se les exige mayores recursos propios) pueden ser estigmatizadas por los mercados y no lograr financiación. Y si eso ocurre, no tendrán más remedio que acudir al Frob, que exige una remuneración superior al 7,75% para poder invertir en ellas.

Una retribución imposible de devolver que aboca a las cajas a ser intervenidas por el Estado, que no tendrá más remedio que vender los activos para poder cobrar lo prestado. Salgado dejó ayer claro que “el Frob está siempre disponible”.

En el caso de que una caja de ahorros cumpla los requisitos de capital podrá optar por una de las cuatro opciones que ofrece la ley, modificada hace menos de un año:

1.- Mantener su condición de caja de ahorro, como hasta ahora, con el nuevo régimen de cuotas participativas y adaptando sus estatutos a las modificaciones en el gobierno corporativo. 2.- Integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP). 3.- Ceder todo su negocio financiero a un banco manteniendo su condición de caja (la obra social y la cartera industrial permanecen en la caja). 4.- Transformarse en fundación cediendo todo su negocio como entidad de crédito a un banco en el que participa.