Martín (AEB): "Con dinero público, cualquiera cumple los requisitos de capital"

Miguel Martín, el presidente de la AEB, se ha mostrado hoy molesto por la actitud de las cajas de ahorros que necesitan ayudas públicas y que, sin embargo, mantienen un mensaje de fortaleza como si no pasara nada. "La situación de las entidades que no son capaces de salir por sí mismas de la crisis general intranquilidad en los mercados e incrementa el riesgo global del sector financiero", ha declarado.

"Con dinero público, cualquiera cumple los requisitos de capital del Gobierno", ha sentenciado refiriéndose a esa actitud. A su juicio, "la entrada del capital del Estado distorsiona y es malo para el sistema en su conjunto. Un claro ejemplo de ello es lo sucedido en Irlanda, donde se les inyectó masivamente capital público y sólo ha servido para que tengan que volver a reestructurar el sistema".

"La mera inyección de capital público no sirve de nada si no va a acompañada de otra serie de medidas y, además, supone una demora de la reestructuración del sector. Dado que no es permanente, ¿cómo va a devolver la entidad el dinero en un mercado profundamente competitivo como es el español", se ha preguntado. "El capital público debería ser el último recurso".

En su opinión, toda entidad que necesita ayuda del Estado es una entidad no viable. No obstante, considera que "no se puede hablar de entidades zombis, eso será en el futuro, de momento hay entidades en reestructuración".

Martín también se ha pronunciado sobre la situación de la CAM en el Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte. Ha solicitado que el problema se resuelva "de forma transparente y abierto a la concurrencia, algo similar a una subasta".

Asimismo, ha negado que los bancos hayan pedido garantías públicas para hacerse con la caja alicantina, sino que han "recordado cuáles son las reglas del juego" en este tipo de procesos. "Y esas reglas pueden ser garantías públicas", ha añadido.

Finalmente, ha criticado de nuevo la lentitud del proceso de reestructuración de las cajas -"llevan más de un año y no han acabado"- y ha coincidido con el gobernador Fernández Ordóñez en que la reforma del sector llegó tarde, aunque considera que la principal culpa no es del Gobierno ni del Banco de España, sino de las propias entidades.