EEUU clama por un pacto fiscal para librarse del riesgo soberano

La guerra partidista entre republicanos y demócratas en el Congreso estadounidense para acordar un nuevo techo presupuestario que ayude a la Casa Blanca a pagar sus acuciantes compromisos de deuda, tras la reciente decisión de Standard & Poor’s de poner bajo revisión (vigilancia negativa) la triple A, y a trasladar a los mercados un doble mensaje de estabilidad presupuestaria -uno, urgente, para iniciar la senda de la consolidación fiscal y otro, a medio plazo, para sentar las bases de un programa de gastos creíble en el próximo decenio-, tiene un nuevo campo de batalla: la ejecución de Osama bin Laden.

El presidente estadounidense, Barack Obama, está decidido a jugar la carta del ya desaparecido enemigo público número uno de Estados Unidos en esta trascendental y encarnizada contienda política interna. No en vano, el actual inquilino de la Casa Blanca, que sólo unas semanas antes de ordenar el inicio de la Operación Gerónimo que acabó con la vida del líder de Al Qaeda, hizo oficial su candidatura para acceder a un segundo mandato presidencial, ha elevado en once puntos, según varias encuestas, su popularidad -hasta nada menos que un 57% en el caso del sondeo de The New York Times y la cadena CBS, y del 50% si se atiende al estudio de la firma de opinión Gallup-, borrando de un plumazo la falta de credenciales de los demócratas en materia de seguridad nacional. Un coto que parecía abonado al Partido Republicano y que agita no pocas intenciones de voto en la primera economía mundial.

La estrategia de Obama, que ha encargado a su vicepresidente, Joe Biden, llevarla a buen puerto, deja a las filas de la oposición con alguna bala menos en su recámara para lograr obstruir el acuerdo fiscal a algo más de un año y medio de los comicios presidenciales, a pesar de ostentar la mayoría en la Cámara de Representantes y del equilibrio de fuerzas que reina en el Senado.                

Coyuntura delicada

Sin embargo, el efecto Bin Laden no es garantía de éxito para la actual Administración demócrata en el terreno presupuestario. Entre otras razones, por la imperiosa necesidad de firmar la paz fiscal. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, se ha dedicado en las últimas fechas a poner sobre la mesa negociadora -compuesta por cuatro demócratas y dos republicanos- varios datos elocuentes. Desde su punto de vista, las necesidades de financiación de Estados Unidos requieren que el actual límite de endeudamiento, situado en los 14,3 billones de dólares, reciba una inyección adicional de otro billón para evitar problemas de solvencia en el presente ejercicio presupuestario, que finaliza el 30 de septiembre, o de dos billones si los deseos de los legisladores están enfocados a las elecciones de 2012. Sus peticiones también reclaman un recorte del déficit en el entorno de los 4 billones de dólares en la década actual, después de que las previsiones oficiales sitúen el desequilibrio presupuestario en 1,4 billones -agujero equivalente a la economía española- al término de este ejercicio.

Más significativo aún que las cifras resultan su calendario de riesgos. Geithner apeló a los congresistas a que dejen de lado la retórica política y les advirtió que el Tesoro sólo está en disposición de evitar impagos en la Administración Federal hasta el 2 de agosto, al tiempo que admitió que, en el supuesto de que no haya acuerdo, su departamento tendrá serias dificultades para aplicar fondos financieros a partir del 8 de julio. “Este reconocimiento forma parte del liderazgo de Estados Unidos”, enfatiza como tesis de patriotismo en busca del consenso que reclama para el próximo 16 de mayo, límite a partir del cual el Ejecutivo de Obama se reserva la opción de aplicar medidas excepcionales.

Alertas desde el mercado

El análisis del mercado comparte esta preocupación. El diagnóstico de S&P, que ha ganado credibilidad con las palabras de Geithner, aunque el máximo responsable de la economía estadounidense descarte una rebaja de la máxima nota por parte de la agencia de calificación de riesgos, llama la atención sobre el déficit del 11% del PIB “después de oscilar entre el 2% y el 5% entre 2003 y 2008”, una cota que hará “difícil” que se reduzca por debajo del 6% en 2013 si el PIB crece a una media del 3% y que, en el mejor de los supuestos, alcanzará el 4% con un dinamismo anual un punto superior. Mientras, la deuda rozará el 80% del PIB.

El equipo de análisis de S&P desvela un escenario aún más pesimista, con doble contracción en 2012, lo que empeoraría estos pronósticos hasta el 9,1% de déficit fiscal y hasta el 90% de la deuda en 2013. Incluso en una economía -dice el informe- “altamente flexible y diversificada, con una política económica enfocada hacia el estímulo y que ha sido capaz de contener las presiones inflacionistas” y con una divisa, el dólar, “que sigue siendo preferencial” para los inversores “y que otorga al país una liquidez externa única”.

Peter Hooper, analista de Deutsche Bank, comparte la “posición de riesgo” que otorga  la agencia de calificación a Estados Unidos por el escenario “insostenible” de su deuda y su déficit fiscal e, incluso, observa similitudes con la crisis de la deuda europea. De hecho, identifica el enfrentamiento en el Congreso americano como “un momento Minsky”, en alusión a la frase utilizada por Paul McCulley director de Pimco, quien aludió, en 1997, durante la crisis asiática, a los estudios del economista Hyman Minsky y su teoría de los riesgos inversores excesivos durante las fases de bonanza bursátil, para explicar la espiral de devaluaciones competitivas de las monedas de los tigres asiáticos. A su juicio, el posible inmovilismo político del Congreso tendría similitudes con la situación que antecedió, hace un año, al rescate de Grecia, con la posterior y fulgurante caída libre de su deuda soberana hasta el nivel de los bonos basura. Otro momento Minsky.

También David Resler, economista jefe para Estados Unidos de Nomura, alerta sobre las consecuencias de un fracaso en las negociaciones entre los legisladores americanos. El cierre de la Administración -explica- por falta de fondos tendrían un impacto directo “pernicioso” e indirecto “impredecible”. Resler recuerda dos antecedentes recientes, entre el 14 y el 19 de noviembre de 1995, y entre el 18 de diciembre de ese mismo año y el 5 de enero de 1996, en el que la Casa Blanca se vio obligado a enviar a sus domicilios a 800.000 funcionarios federales, con la excepción del personal de los servicios de emergencia y agencias de seguridad, lo que restó una décima al crecimiento trimestral del PIB por cada semana de pérdida de salarios y beneficios. Además de la incertidumbre adicional que crearía en Wall Street, lugar preferente al que los inversores han dirigido sus flujos de capital tras la crisis europea.

Estrategia demócrata

La reacción de Obama a esta encrucijada -a la que se suman otros interrogantes de tanta enjundia como la fragilidad económica y el creciente desempleo-, con su renovado respaldo social a su reelección tras la muerte de Bin Laden, pasa la pelota presupuestaria al tejado republicano, en cuyas filas ninguno de los aparentes aspirantes a la Casa Blanca obtiene más de un 20% de apoyo ciudadano, según las encuestas. Tampoco le resulta favorable a la oposición su negativa a contribuir al acuerdo fiscal en un momento de alto riesgo como el actual. Sobre todo, porque demócratas y republicanos han aceptado incrementos del techo de deuda en 78 ocasiones desde 1960; es decir, una vez cada ocho meses. Con una antecedente, además, histórico. En 1982, se aprobó por consenso una elevación de este límite de endeudamiento en un billón de dólares, cifra que guarda parangón con la que reclama el Tesoro, y con una clara salvedad: entonces, la deuda del país rebasaba ligeramente el 30%, frente al 95% de la actualidad.