La Audiencia Nacional investigará a la familia Botín por fraude fiscal

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Emilio Botín y sus cinco hijos, así como contra Jaime Botín y sus respectivos cinco hijos, por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Los hechos denunciados se remontan al 24 de mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) sobre una serie de clientes españoles, entre los que se encontraban los denunciados, de la entidad bancaria HSBC Private Bank Suisse con fondos en determinadas cuentas en el citado banco suizo, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y/o del impuesto sobre el patrimonio de los ejercicios de 2005 a 2009.

A petición de la Agencia Tributaria, los doce miembros de la familia Botín procedieron a regularizar su situación fiscal presentando declaraciones complementarias con las rentas de las que eran titulares "trust, fundaciones y otras figuras fiduciarias" vinculadas a ellos. Sin embargo, en la información remitida por Hacienda a Anticorrupción el pasado 13 de mayo por la existencia de indicios de delito, la Delegación de Grandes Contribuyentes señaló que "en las actuaciones de comprobación realizadas hasta la fecha, destinadas a la verificación objeto de regularización en las declaraciones complementarias presentadas, no ha podido determinarse si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces".

Aunque esas comprobaciones no han concluido, Anticorrupción se ha visto obligada a presentar la denuncia contra Botín, sus cinco hijos, su hermano Jaime y sus otros cinco descendientes porque el análisis de las declaraciones correspondientes a 2005 prescribía el próximo 30 de junio.

El Ministerio Fiscal recuerda que, en el caso de que las regularizaciones practicadas sean "completas y veraces", procederá el archivo de las actuaciones y la ausencia de persecución penal contra los miembros de la familia Botín, en virtud del artículo 305.4 del Código Penal (que establece que "quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria").

En un auto publicado hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, se considera competente para investigar la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, dada la "entidad, gravedad y complejidad" de los hechos y el "elevado número de denunciados".

Andreu recuerda que "la propia Agencia Tributaria manifiesta su incapacidad para analizar toda la información facilitada en plazo, dada la extensa documentación aportada, la cantidad de entidades intervinientes, la dificultad para proceder a su identificación (...), la complejidad de las estructuras patrimoniales (...) creadas al socaire de los hechos investigados, al no fácil seguimiento de éstas a lo largo del tiempo, así como de los distintos activos y cuentas corrientes vinculados a aquellas".

Como las declaraciones complementarias presentadas exceden en algunos ejercicios los 120.000 euros, el juez entiende que "cabría la posibilidad de que hubiera podido cometerse un delito contra la Hacienda Pública", aunque recuerda que Anticorrupción ha interpuesto la denuncia "a prevención de que la regularización practicada por los denunciados no fuese correcta". "Lo cierto es que se produjo una regularización, mediante declaraciones complementarias extemporáneas que podrían suponer el reconocimiento de un incumplimiento de las obligaciones tributarias", que "podría no ser punible desde un punto de vista penal" por el artículo 305.4 del Código Penal, señala Andreu.

Por ello, el juez de la Audiencia Nacional considera que lo primero que hay que investigar para saber si puede continuar la causa contra la familia Botín son "qué conductas aparecen como exigibles a cada uno de los denunciados a fin de regularizar o de poner en orden su situación tributaria".

Penas de uno a cuatro años

Los Botín podrían enfrentarse a penas de entre uno y cuatro años de cárcel si se confirma que cometieron delito fiscal en el caso de las cuentas suizas del HSBC, según indicaron fuentes de los inspectores de Hacienda.

Además, en el caso de que exista sentencia firme condenatoria contra Botín y sus familiares, éstos perderían el requisito de honorabilidad para dirigir entidades de crédito, lo que afectaría directamente tanto a Emilio Botín como a su hija Ana Patricia Botín, presidenta de la filial británica del Santander.

Además de la posible pena de prisión, podrían hacer frente a una multa hasta seis veces superior a la cuantía defraudada. La legislación española contempla también supuestos de delito fiscal agravados, como aquellos en los que se utilizan personas interpuestas para la comisión del delito, los llamados "testaferros", o aquellos otros en los que el importe defraudado es muy grande, circunstancia que debe ser determinada discrecionalmente por el Tribunal.