Salgado admite que no tiene dinero para controlar el gasto público y lo privatiza

El ajuste del gasto público se ha cobrado una nueva víctima. En este caso, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), precisamente el órgano encargado de controlar el gasto público. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer una Orden Ministerial por la que declara “la insuficiencia de medios” de la Intervención del Estado.

¿Qué quiere decir esto? Pues que para poder cumplir los planes de control financiero del sector público, el Gobierno tirará de compañías auditoras privadas. La Orden Ministerial, en concreto, admite que la Intervención General de la Administración del Estado “carece de efectivos suficientes” para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones de control. Incluidos, tanto el plan de auditoría como la fiscalización de las ayudas públicas o las subvenciones procedentes de la Unión Europea.

La norma no especifica el montante, pero aclara que estará dentro de las “disponibilidades presupuestarias”. No es la primera vez que el sector público tiene que echar mano de compañías auditoras privadas para el control del gasto, algo que han criticado frecuentemente los sindicatos, toda vez que los costes son más elevados que si se hicieran los informes dentro de la propia administración. Según fuentes del sector, el coste por hora de un auditor supera los cien euros, muy por encima de lo que cobran los empleados públicos.

El año 2009, de un total de 489 entidades que conforman el sector público estatal, se auditaron 391, que comprenden la totalidad de las entidades obligadas legalmente a auditar sus cuentas, además de otras sociedades mercantiles y fundaciones del sector público estatal no obligadas a auditar sus cuentas

La Orden Ministerial se ampara en la Ley General Presupuestaria del año 2003, que establece que la Intervención General de la Administración del Estado podrá, en caso de insuficiencia de medios propios disponibles, “recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría”. Esta excepcionalidad, sin embargo, se ha convertido en regla, en moneda corriente. Los sindicatos suelen recordar que ‘quien paga manda’, y que la autonomía de criterio viene dada por la independencia de los funcionarios públicos respecto de los poderes públicos. Hay que tener en cuenta, además, que los auditores privados trabajan en sedes de la propia Administración y que tienen acceso a información reservada.

Para evitar que produzcan este tipo de conflictos, el Ministerio de Economía aprobó en 2007 una norma técnica que regula las relaciones entre los auditores privados y el sector público. Y lo que dice esa norma es que la Administración nombrará un equipo de revisión de los trabajos, cuya responsabilidad recaerá en un jefe de equipo.

Las privatizaciones se abren paso

Y es que la política de privatizaciones se ha abierto paso en el Ministerio de Economía. Recientemente,  afectó -de forma parcial- a la Encuesta de Población Activa (EPA), uno de los buques insignia del Instituto Nacional de Estadística. Probablemente, la de mayor solera y profundidad de cuantas estadísticas elabora el INE. Se elabora nada menos que desde 1964 de forma ininterrumpida.

CCOO desveló recientemente que una empresa privada fue seleccionada por el Ministerio de Economía para hacer la recogida de datos de la EPA. El contrato fue adjudicado a la empresa Análisis e Investigación, y su objeto era el apoyo a la recogida telefónica de datos, trabajo que hasta la fecha venía realizando personal de INE.

Según un portavoz de Estadística, la adjudicación fue de carácter “puntual” y no se volverá a repetir en los próximos trimestres. Se justifica por problemas de ajuste de plantillas.

No es la primera encuesta que se externaliza. Recientemente, el INE privatizó la elaboración de la Encuesta de Condiciones de Vida y la Encuesta sobre Equipamientos y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Además de las encuestas medioambientales.