Adiós a las 'prejubilaciones de oro'

Se ha terminado el recurso masivo a las prejubilaciones por parte de la banca, en especial las cajas de ahorros. Esta fórmula, a través de la que se han producido el grueso de los 15.000 despidos que acumula el sector en la crisis, está muy penalizada en la reforma laboral aprobada el viernes pasado por el Gobierno. Por un lado, obligará a pagar un canon a las empresas en beneficios que la utilicen. Por otro, las que han recibido ayudas del FROB tendrán limitaciones a la hora de fijar las indemnizaciones.

En la disposición adicional decimosexta, el Real Decreto-ley que contiene la reforma establece un sistema por el que las empresas con más de 500 trabajadores que tengan beneficios y que realicen prejubilaciones a cargo de las prestaciones por desempleo de empleados de más de 50 años tendrán que realizar un pago al Estado que irá a parar a los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) para compensar estas prestaciones.

 

Y no sólo eso. Las entidades que acudan ahora de nuevo a las prejubilaciones tendrán que pagar el coste abonado por el erario público en los procesos similares realizados en los últimos tres años, lo que directamente convierte en prohibitiva esta solución. Lo cual confirma lo que ya adelantó El Confidencial en diciembre: que más valía a los empleados de las cajas apuntarse a los ERE antiguos que esperar a los nuevos.

El citado coste supone la suma de la prestación por desempleo, las cotizaciones a la Seguridad Social y el subsidio al que tienen derecho los mayores de 52 años al agotar su prestación. De ese coste, la empresa se hará cargo de un porcentaje que se calculará en función del número de empleados, el porcentaje de mayores de 50 años afectados por el ERE y la rentabilidad de la entidad -calculada como margen de beneficios sobre ingresos, aunque sin especificar cómo se entienden los ingresos en banca, si como margen de intereses o margen bruto-.

Todo esto va a incrementar el coste empresa de las prejubilaciones en el sector financiero, lo que se va a traducir en dos movimientos, a juicio de  Alfredo Aspra, abogado del departamento laboral de CMS Albiñana & Suárez de Lezo: un retraso en la edad de aplicación de los planes de prejubilación (aunque eso choca con la necesidad de despedir a nuevos trabajadores más jóvenes) y la búsqueda de fórmulas alternativas a la prestación por desempleo para complementar los ingresos del trabajador hasta que alcance la edad de la jubilación anticipada. "En todo caso, será un hándicap para la nueva reestructuración bancaria que se avecina", concluye este experto.

Según Juan Antonio Linares y Pablo Palomeque, de Cuatrecasas, algunas de estas fórmulas son la combinación de una excedencia con un préstamo que, en el caso de que el trabajador no vuelva a la empresa, se convierte en su indemnización que incluso es completada posteriormente (algo que puede servir para montar un negocio y que sale más barato a la caja que prejubilar, aunque es más incierto); o la reducción de jornada con reducción de salario; o llevarse en concepto de prejubilación lo que le corresponda como plan de pensiones mediante una póliza de seguros, algo especialmente interesante para los trabajadores más jóvenes a los que quedan bastantes años para jubilarse.

Cada vez quedan menos 'prejubilables'

El problema es que estas alternativas, aunque interesantes, no se pueden aplicar a un volumen importante de trabajadores como el que se supone que tiene que salir en la segunda oleada de fusiones. En la primera se despidió a 15.000 empleados y ahora hay estimaciones que elevan la cifra al doble de esa cantidad. "Tendrán que recurrir al despido normal y corriente, el problema es que a las cajas no les gusta que se les relacione con un ERE. Si no les queda más remedio lo harán, pero con indemnizaciones muy altas". Además, el coste del despido puro baja gracias a la caída de los ingresos del sector y a la rebaja de la indemnización a 20 días en caso de que el trabajador no acepte la movilidad geográfica.

En todo caso, estos expertos consideran que el principal problema no es la nueva penalización que impone la reforma laboral, sino que se está agotando la gente de edad avanzada -se ha prejubilado incluso con 54 años en entidades como Bankia- y cada vez tienen que prejubilar a empleados más jóvenes, lo que incrementa su coste hasta niveles de hasta 450.000 euros por trabajador frente a los 300.000, como media, en que se calcula el coste de la primera oleada.

Finalmente, en lo que respecta a los directivos, la disposición adicional séptima establece que las cajas que han recibido dinero público no podrán pagar indemnizaciones por despido superiores al doble de los límites al salario anual establecidos por la reforma financiera, es decir, 600.000 para los presidentes y CEOs, y 100.000 para los consejeros no ejecutivos en las cajas que han recibido FROB 1, y 300.000 y 50.000, respectovamente, para las del FROB 2 (nacionalizadas).