La CE dará hoy el primer paso hacia una "unión bancaria"

Bruselas quiere que se cree una red europea con fondos de resolución de cada Estado miembro -que en el caso de España equivaldrían al fondo de garantía de depósitos-, pero impondrá la mutualización de los fondos para los bancos transfronterizos con el objetivo de compartir la carga y obligará a los fondos nacionales a prestarse entre sí, según han avanzado fuentes comunitarias. Estos fondos estarían prefinanciados con contribuciones de las propias entidades y se usarían en última instancia.

"A corto plazo tienen que crearse fondos nacionales con la mutualización de aquellos fondos que aborden los bancos transfronterizos y la obligatoriedad de prestarse entre los fondos. De manera que es el embrión de un mecanismo de financiación europeo", han explicado fuentes comunitarias. "En los últimos días a habido mucha discusión --y seguiremos discutiendo-- sobre la creación de fondo supranacional de resolución, que quizá aborde la financiación de la reestructuración de los bancos de manera general", han precisado las mismas fuentes.

La propuesta legislativa que presentará este miércoles el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, "no es una respuesta a las turbulencias en los mercados financieros de las últimas semanas" y no se presenta "para dar respuesta a problemas actuales de bancos específicos" en clara alusión a entidades como Bankia, han explicado fuentes comunitarias.

El marco de gestión de crisis que presenta Bruselas es uno de los tres pilares que el Ejecutivo comunitario y el Banco Central Europeo (BCE) han propuesto para crear una "unión bancaria", cuyo objetivo es frenar la crisis de deuda y los problemas bancarios, especialmente en España. Las otras dos ideas, que se discutirán en la cumbre de líderes europeos del 28 y 29 de junio, son un sistema europeo de garantía de depósitos y una mayor coordinación de la supervisión.

El BCE ya ha alertado no obstante de que no es suficiente poner en marcha una red europea de mecanismos de resolución, sino que habría que fusionarlos y crear un fondo de liquidación único para las entidades sistémicas. Así se lograría desconectar a los bancos de la deuda pública y se permitiría un reparto más fácil de la factura entre los Estados miembros en caso de quiebra. Se trata de evitar en el futuro la existencia de "bancos demasiado grandes para quebrar" y que por tanto se sienten libres de incurrir en riesgos excesivos por considerar que siempre serán rescatados.

El nuevo marco de gestión de crisis bancarias de la UE incluirá un arsenal completo de medidas que se irán desplegando en la medida que lo exija la gravedad de la situación. Con carácter preventivo, el Ejecutivo comunitario quiere que los bancos, especialmente las entidades transfronterizas, elaboren 'testamentos vitales' en los que se detalle cómo realizar una liquidación rápida y ordenada de la institución en caso de problemas y no podrán obtener ayudas públicas más allá de la asistencia a la liquidez por parte del Banco Central Europeo.

Desde el momento en que se detecten las primeras dificultades, los supervisores nacionales podrán prohibir al banco el pago de dividendos, obligarle a deshacerse de las actividades que estén generando más riesgo e incluso destituir a los directivos y asumir el control. El cambio de los gestores del banco será por principio uno de los primer pasos exigidos y se podrá nombrar a un gestor especial con carácter temporal, según han confirmado fuentes europeas.

Cuando la quiebra sea inevitable, la Comisión quiere que las autoridades nacionales dispongan de poderes cuando existe "un interés público" que lo justifique para preservar la estabilidad financiera para forzar su venta a una entidad sana, transferir todos o parte de sus activos a un banco puente que permita garantizar la continuidad de los servicios esenciales y gestionar la liquidación de manera ordenada o separar los activos tóxicos de los no tóxicos con el objetivo de liquidar sólo a los primeros. Se permitirá "la revisión judicial" para garantizar "una compensación" para la entidad bancaria, pero no habrá posibilidad de "revertir" estas decisiones, que en todo caso deben adoptarse "lo más próximo al punto de insolvencia".

Bruselas propone criterios armonizados para determinar cuándo es inevitable la quiebra. La autoridad nacional responsable deberá determinar para ello que no es posible garantizar la viabilidad o la solvencia de la entidad y "no hay perspectivas alternativas del sector privado o acción de supervisión que impida su quiebra en un plazo razonable" y garantizar que "la resolución sea necesaria para el interés público para preservar la estabilidad financiera".

En este caso extremo, Bruselas propondrá que los acreedores asuman parte de los costes mediante la aplicación de un descuento a la deuda que poseen. Para cubrir los costes que no puedan ser asumidos por accionistas y acreedores, se recurriría al fondo de liquidación o resolución, aunque la legislación relativa al rescate no entraré en vigor hasta 2018, según han explicado fuentes comunitarias.