Cortefiel se agarra a la ley británica para refinanciar 1.300 millones de deuda

Cortefiel respira tranquila. La compañía textil ha cerrado recientemente la refinanciación de la deuda de 1.300 millones de euros, cuyas conversaciones le han llevado cerca de seis meses. El grupo español en manos de Permira, CVC y PAI ha recurrido a la ley británica para esquivar la oposición de varios hedge funds y de algún banco internacional a alargar los vencimientos de su pasivo.

Cortefiel ha conseguido el apoyo del 80% de sus acreedores a la tercera extensión del pago del principal de un préstamo sindicado con el que los tres fondos de capital riesgo compraron a mediados de 2006 el grupo textil español a las familias Hinojosa y Quirós. Una cifra significativa, pero insuficiente según la legislación española, que exige el acuerdo con la totalidad de los dueños de la banca para que la refinanciación sea efectiva.

Como la situación se estaba dilatando más de lo conveniente, Cortefiel se ha acogido al scheme of arragement, una figura jurídica existente en el Reino Unido, donde está domiciliada la instrumental a través de la cual controlan la compañía. Según este precepto, con un quórum superior al 75% pueden extenderse las condiciones al resto de minoritarios, impidiendo así una situación de bloqueo de la refinanciación.

Con esta maniobra, Cortefiel ha conseguido librarse de las presiones que algunos hedge funds habían realizado para salirse del sindicado. Esta operativa, habitual en el mercado, se produce después de que este tipo de inversores especializados adquieran con descuento deuda de una compañía, porcentaje que luego tratan de poner en valor en el proceso de refinanciación al exigir su amortización anticipada.

Tres años después de su segunda revisión (2009), los tres propietarios de Cortefiel han conseguido extender en el tiempo el vencimiento de la deuda, que expiraba en 2014, según han confirmado a este diario fuentes del propio consejo de administración. Aunque la compañía de moda no ha incumplido las condiciones del préstamo, es evidente que tampoco pueden hacer frente a la amortización del principal.

Las negociaciones para culminar este hito arrancaron en el segundo trimestre del año, “de manera proactiva” por parte de los fondos, que tenían el apoyo del conjunto de los acreedores para dotar de más pulmón financiero a la compañía. Los principales acreedores eran JP Morgan, The Royal Bank of Scotland, Société Générale e ING. El clima de entendimiento y la previsión en el tiempo ha hecho que las negociaciones se hayan realizado sin la participación de ningún asesor financiero.

Más intereses, menos plantilla

A la maniobra de Cortefiel de recurrir a la legislación británica ya se agarraron anteriormente otras compañías españolas, como La Seda de Barcelona y Metrovacesa. Para el grupo textil, se trata de un gran paso adelante teniendo en cuenta la situación del consumo en España, donde obtiene el 65% de sus ingresos.  Y especialmente porque es la tercera vez en cinco años que los acreedores le dan el visto a alargar el pago del principal.

La primera vez fue en marzo de 2007. El grupo y MEP II, la instrumental a través de la cual los private equity tienen las acciones, acordaron con la banca modificar el crédito sindicado concedido en 2005. Los prestamistas fijaron un diferencial que oscilaba entre los 175 y los 225 puntos básicos según los tramos de la línea de financiación. Como la actual, fue una maniobra preventiva ante los indicios de deterioro del negocio por la crisis que se avecinaba.

Sin embargo, Cortefiel, que entró en pérdidas, tuvo que volver a sentarse a hablar con los bancos en 2009 para renegociar las condiciones del sindicado. El acuerdo llegó el 18 de agosto, fecha en la que Cortefiel se comprometió a mantener determinados ratios financieros a partir del mismo mes de 2010. Pero también a pagar 100 puntos básicos más por la deuda y a destinar hasta el 75% de los excesos de tesorería a amortización. Para cumplir con sus obligaciones, la sociedad llevó a cabo una fuerte reestructuración que supuso la salida de 1.100 empleados. En esta última vuelta de tuerca, los acreedores han vuelto a endurecer las condiciones.