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Deloitte y KPMG investigan si Pescanova ocultó una contabilidad B entre 2010 y 2012
  1. Economía
ORDEN JUDICIAL PARA EXAMINAR LOS ORDENADORES PERSONALES DE LOS ANTIGUOS GESTORES

Deloitte y KPMG investigan si Pescanova ocultó una contabilidad B entre 2010 y 2012

El presidente sin poderes de Pescanova, Manuel Fernández Sousa, tiene otro problema que añadir a la larga lista que ha generado el grupo pesquero. Según han explicado fuentes

Foto: Deloitte y KPMG investigan si Pescanova ocultó una contabilidad B entre 2010 y 2012
Deloitte y KPMG investigan si Pescanova ocultó una contabilidad B entre 2010 y 2012

El presidente sin poderes de Pescanova, Manuel Fernández Sousa, tiene otro problema que añadir a la larga lista que ha generado el grupo pesquero. Según han explicado fuentes cercanas a la compañía gallega, los nuevos responsables judiciales de Pescanova no sólo tratan de desvelar el detalle y alcance de los estados oficiales presentados por la compañía, sino que también están investigando una presunta contabilidad B que podría derivar en un escándalo societario de graves consecuencias procesales.

En este momento, establecer sin sombra de duda que Fernández de Sousa mantenía una contabilidad B en Pescanova para esconder la abultada deuda oculta del grupo -más de 1.500 millones– es una de las prioridades de los representantes de Deloitte en su papel de administradores concursales de la sociedad. La firma nombrada por la CNMV trabaja en coordinación permanente con el auditor forense, que es KPMG, designado también a instancias del organismo supervisor de los mercados.

Deloitte ha obtenido del titular del Juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra, Roberto de la Cruz, la pertinente orden judicial para que KPMG pueda vaciar los servidores informáticos de la compañía gallega. A partir de ahí se trata de analizar de manera concienzuda los datos contenidos en los ordenadores personales de trabajo de los antiguos gestores de la multinacional, incluyendo al propio Manuel Fernández Sousa.

La decisión del magistrado encargado de instruir la suspensión de pagos de Pescanova no tiene otro objeto que facilitar la propia y compleja labor que ha sido encomendada al auditor. El trabajo del forense financiero no es nada sencillo por cuanto que exige la revisión a fondo de todos los asientos contables de la compañía con la finalidad de descubrir el estado de situación real de la compañía y detectar los posibles fraudes empresariales y financieros.

Con la vista puesta en la última ampliación de capital 

El examen que KPMG está llevando a cabo se extiende a los estados contables de los tres últimos ejercicios de Pescanova, desde 2010 a 2012. Si del correspondiente análisis se evidencia que existen pruebas para demostrar una eventual contabilidad B, la situación se podría complicar para el actual presidente y su equipo directivo.

Es conocido que la CNMV ha enviado a la Fiscalía las operaciones de venta de acciones que Fernández Sousa y otros consejeros de Pescanova efectuaron sin conocimiento previo y efectivo del organismo regulador. Sin embargo, el hecho de que la contabilidad oficial sea puesta ahora en tela de juicio abriría una nueva vía procesal, si acaso más grave y determinante en las pesquisas dirigidas por los encargados de la lucha anticorrupción.

La denuncia de una contabilidad B a lo largo de cualquiera de estos pasados ejercicios incidiría en un falseamiento documental con consecuencias directas para todos los inversores. El caso Pescanova alcanzaría un relieve especial si se tiene en cuenta la ampliación de capital realizada por la compañía hace ahora casi un año. Esta circunstancia, que supuso un reforzamiento de los recursos propios por valor de 124 millones de euros, no ha pasado desapercibida ni para el auditor forense ni para el administrador concursal, pero tampoco para la Fiscalía y el juez de Pontevedra.

Mientras se suceden las investigaciones sobre el entramado de Pescanova, los administradores concursales de Deloitte buscan a la desesperada fondos frescos que permitan salvar la compañía y garantizar los puestos de trabajo. Para ello es fundamental mantener el perímetro empresarial sin vender activos estratégicos, de manera que se pueda abordar un convenio de acreedores con ciertas garantías. De ahí la trascendencia del crédito puente de 55 millones de euros que ahora se negocia con los principales bancos de Pescanova. Estos recursos, que quedarán excluidos de la masa del concurso para no hipotecar su reembolso inmediato a un plazo máximo de siete meses, irán destinados a financiar las nóminas y demás gastos corrientes de la entidad.

El presidente sin poderes de Pescanova, Manuel Fernández Sousa, tiene otro problema que añadir a la larga lista que ha generado el grupo pesquero. Según han explicado fuentes cercanas a la compañía gallega, los nuevos responsables judiciales de Pescanova no sólo tratan de desvelar el detalle y alcance de los estados oficiales presentados por la compañía, sino que también están investigando una presunta contabilidad B que podría derivar en un escándalo societario de graves consecuencias procesales.

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