Ciudadanos abre una guerra con Madrid y pide mantener el impuesto de sucesiones

Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, comienza a desvelar su propuesta de financiación territorial. Y lo ha hecho en el Parlamento de Andalucía, donde ha asumido las tesis del Partido Socialista y de la comisión de expertos sobre financiación autonómica, que han planteado la necesidad de que ninguna comunidad autónoma —en clara referencia a Madrid, que lo bonifica en un 99%— tenga la posibilidad de anular por la vía de los hechos la eficacia recaudatoria del impuesto de sucesiones y donaciones.

Ciudadanos, en esa línea, propone armonizar el tributo que grava las herencias con un “mínimo exento elevado y tipos que irían en función del grado de parentesco”. Es decir, acabar con la política de exención total que han diseñado algunos gobiernos regionales. En particular, el de Madrid, que ha llevado la iniciativa sobre este asunto en el conjunto del país provocando una competencia a la baja. Hasta el punto de que otras comunidades han dejado el impuesto prácticamente como residual.

La otra gran novedad en el discurso territorial de Ciudadanos tiene que ver con el impuesto sobre el patrimonio, también cedido a los gobiernos regionales. En este caso, se propone que el control pase a manos de la Agencia Tributaria estatal y no como ahora, que está a cargo de las agencias autonómicas. En este caso, Ciudadanos no cuestiona una política de exención total, sino que propone que las CCAA que decidan no recaudar por patrimonio estén, sin embargo, obligadas a exigir a los contribuyentes una declaración censal de sus bienes.

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Esta propuesta tiene que ver con un viejo problema de control del fraude en el impuesto que grava la riqueza, toda vez que este tributo es fiscalizado y recaudado por los entes territoriales. Sin embargo, en el IRPF quien investiga es el Estado a través de la Agencia Tributaria. El resultado es que hay mucha descoordinación y fraude, ya que muchas veces no es coherente la renta declarada en el impuesto sobre la renta con la que se incorpora en la declaración por patrimonio.

En esta línea, se propone intensificar la colaboración entre las agencias tributarias autonómicas y la Agencia Tributaria Estatal para “mejorar la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos, así como el afloramiento de cantidades de fraude y evasión fiscal”. El partido de Rivera esgrime estudios que estiman que el fraude fiscal se situaría en torno a 26.000 millones de euros.

Tramos autonómicos en el IVA

En cuanto a la estructura del modelo de financiación, aún pendiente de ser revisado casi cuatro años después de su caducidad, se propone reordenar los numerosos fondos hoy existentes, y que se crearon en 2009 para dar cobijo a las necesidades y a la presión de cada región. Y en concreto, se plantea poner en marcha un primer Fondo Básico de Financiación (FBF) que se formaría con la recaudación total de los tramos autonómicos del IVA e impuestos especiales y un porcentaje de ingresos normativos de las demás figuras que integran la cesta de tributos cedidos. Se incluirían, además de los ya recogidos en el modelo actual, el impuestos de actividades de juego y sobre depósitos en entidades de crédito; la aportación de los territorios forales y, en su caso, el impuesto sobre el patrimonio si se decidiese mantenerlo en el sistema con una recaudación normativa distinta de cero.

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Existiría, igualmente, un segundo fondo que la comisión de expertos denominó Fondo de Nivelación Vertical (FNV) con la finalidad de cubrir las desigualdades que pudieran resultar en la financiación por habitante ajustado a competencias homogéneas. Se aplicaría tras la puesta en marcha del primer fondo y se nutriría de los recursos aportados por el Estado, que “no deberían alterar la ordenación de las CCAA en términos de financiación por habitante ajustado (teniendo en cuenta las particularidades demográficas y territoriales de cada región)”. Es decir, de alguna manera se sugiere imponer un principio de ordinalidad en el sistema autonómico, una vieja demanda de los nacionalistas y socialistas catalanes antes de que los primeros se declararan independentistas.

En este sentido, se propone introducir mejoras en la actual fórmula de necesidades de gasto por habitante ajustado e incorporar “una corrección por diferencias en niveles de precios entra las CCAA”. Por lo tanto, si la financiación por habitante son 2.300 euros al año, habría que tener en cuenta el coste de la vida en cada comunidad autónoma.

Ciudadanos, igualmente, propone desdoblar el IRPF, el IVA y los impuestos especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, manteniendo el Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. Ahora bien, el partido de Rivera matiza que el IVA autonómico sería colegiado, es decir, que serían todas las CCAA por unanimidad quienes decidieran subirlo, lo que en la práctica supone dejar en vía muerta esta posibilidad, ya que con que solo se opusiera un Gobierno autonómico, la propuesta no saldría adelante.

El IVA colegiado ya se planteó en la comisión de expertos, y aunque la mayoría lo apoyó, hubo una amplia minoría que manifestó su oposición radical.

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En relación a uno de los asuntos políticamente más controvertidos, la persistencia del concierto vasco y el convenio navarro, Ciudadanos no los cuestiona. Entre otras cosas, por estar avalados por la Constitución, pero una vez dicho esto, propone que haya alguna aportación de las regiones forales a la solidaridad interterritorial del conjunto del Estado.

Ciudadanos propone, en concreto, corregir el cálculo de la aportación navarra y cupo vasco, de manera “que se haga más justa y trasparente con los intereses del conjunto de ciudadanos españoles”. Y en coherencia con ello, se propone que ambos territorios también contribuyan “de forma más efectiva” a la nivelación interterritorial. No solo contribuyendo al Fondo de Compensación Interterritorial —hoy casi vaciado de recursos—, sino también al Fondo Básico de Financiación que lo sustituya.