Por qué las previsiones más dramáticas con el futuro de las pensiones están equivocadas

En los últimos meses se ha desatado la preocupación por el futuro del sistema público de pensiones hasta niveles históricos. Diversos partidos políticos, sindicatos, asociaciones y empresas se han encargado de generar este nivel de alarma en la sociedad, y todos ellos tienen intereses en que así sea. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y muestra que el futuro no solo es más incierto, sino que es posible modificarlo con políticas. En resumen, no está todo perdido y es susceptible de poder mejorar significativamente. Así lo ha querido remarcar el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, en su intervención ante la comisión de Presupuestos del Congreso.

Para Escrivá, "no hay derecho" a transmitir una alarma que no se corresponde con la realidad que vive España. "Me preocupa mucho la sensación de que hay un problema agudo con las pensiones y que se va a mermar sensiblemente el poder de compra, porque estos análisis no están bien sustentados", denuncia el presidente de la AIReF. El problema reside en los cálculos sobre el futuro demográfico de España. La mayor parte de los estudios emplean la previsión poblacional que elabora el INE, pero el tiempo ha demostrado que sus estimaciones han sido siempre erróneas y están muy vinculadas a la realidad que vive el país en cada momento. En resumen, habrá presiones sobre el gasto, pero se podrán gestionar sin llegar a un escenario de colapso de la solvencia o la suficiencia de las pensiones públicas.

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Actualmente, esta estimación del INE prevé que la población española se va a reducir continuamente durante las próximas décadas. Eso significaría que España irá perdiendo activos con el paso del tiempo y no será capaz de reponerlos, una afirmación que es muy difícil de sustentar desde el ámbito teórico. Para Escrivá, no tiene sentido pensar que el país "no vaya a reemplazar el 'stock' de población activa", por lo que contaría con más trabajadores para soportar las futuras pensiones. Si esto es así, el PIB podría crecer más rápido y también la base de afiliados sería mayor para financiar las prestaciones del futuro.

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Va a haber presión sobre el gasto en pensiones y en sanidad, pero cuando uno mira los márgenes, ve que es manejable

Escrivá reconoce que cuando se aplica el escenario demográfico que maneja el INE, "sale un resultado dramático", pero "cuando uno va entrando cuidadosamente en qué hay detrás de cada hipótesis, se da cuenta de que la incertidumbre es considerable". Por este motivo, las previsiones más dramáticas no se pueden sostener con datos fiables. El presidente de la AIReF admite que "va a haber presión sobre el gasto en pensiones y en sanidad, pero cuando uno mira los márgenes, ve que esto es manejable y razonable como para que no creemos una angustia innecesaria en la población".

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Por último, Escrivá lamenta que las previsiones más dramáticas no han tenido en cuenta el efecto de la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2011. La mayor parte de la limitación del incremento del gasto en pensiones aplicado en los últimos años procede de esa reforma, que todavía no ha entrado plenamente en vigor. El incremento de la edad de jubilación o el aumento del número de años para el cálculo de la pensión son medidas muy efectivas para limitar la tasa de sustitución en el futuro, por lo que no habría motivo para disparar la alarma.

Siete décimas del PIB con el IPC

La AIReF ha realizado un cálculo de qué nivel de gasto exigiría subir las pensiones con el IPC durante los próximos seis años, como piden muchos partidos políticos. Esto supondría un incremento del gasto en pensiones de siete décimas del PIB en 2023, esto es, unos 8.000 millones de euros actuales (que en 2023 deberían ser superiores a los 9.000 millones si se cumplen las estimaciones de crecimiento). Esto significa que, si se recupera la indexación al IPC, el gasto en pensiones crecería más rápido que el PIB nominal, que es la suma de la inflación y el PIB real.

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Si se mantuviese esta indexación, el gasto seguiría aumentando en las próximas décadas a un ritmo superior a la economía española. En concreto, hasta 2030, supondría un incremento del gasto en pensiones de entre 1,2 y 1,3 puntos del PIB, unos 15.000 millones de euros. Un aumento que elevaría la presión sobre las cuentas de la Seguridad Social y que habría que añadir al efecto sustitución (los nuevos jubilados cobran más que los que causan baja) y al aumento del número de pensionistas. Es por este motivo que una vuelta al IPC sí que generaría importantes desequilibrios en el déficit del sistema que se tendrían que compensar con nuevos ingresos.

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Escrivá ha alertado de que la Seguridad Social no conseguirá cumplir este año con el objetivo de déficit fijado. En concreto, los fondos (que incorporan al SEPE y al Fogasa) deberían cerrar el año 2018 con un desfase presupuestario del 1,1% del PIB, pero la AIReF estima que estarán en el entorno del 1,5%, esto es, repetirán el nivel de 2017. Tampoco la Administración central cumplirá con su objetivo, ya que tendría que ser del 0,7% del PIB y se situará más cerca del 1,1%. Estos desvíos del Gobierno se compensarán con un mayor nivel de cumplimiento de las comunidades autónomas, que tendrán un déficit del 0,3% del PIB, y de las corporaciones locales, que tendrán un superávit del 0,6% del PIB.