¿Es posible engañar a Montoro? Por qué es importante que haya facturas

¿Es posible que los independentistas catalanes hayan podido engañar al ministro de Hacienda y destinar gastos de la Generalitat a financiar el 1-O? La pregunta, hoy por hoy, no tiene respuesta. La verdad judicial —el auto del magistrado Llarena— todavía está en fase de instrucción, y aunque los atestados de la Guardia Civil no dejan lugar a dudas de que dinero público se destinó a financiar el falso referéndum, el origen de esos fondos es algo así como buscar una aguja en un pajar.

Entre otras cosas, porque el presupuesto de gastos de la Generalitat de Cataluña (año 2017) asciende a algo más de 23.735 millones de euros, y lo que han acreditado los investigadores —y así lo incorpora el magistrado Llarena en su auto de procesamiento— es que se desviaron 1,6 millones de euros. No parece mucho dinero teniendo en cuenta la cuantía del gasto autonómico. Sin olvidar que el perímetro presupuestario de Cataluña comprende 213 entidades de todo tipo y condición, articuladas a través de fundaciones, consorcios, entidades de derecho público o sociedades mercantiles. Es decir, un prolijo sector público que cada año genera miles y miles de facturas.

Saber quién pagó no es baladí. Es, de hecho, la clave de bóveda de una parte del contencioso con los jueces alemanes (la otra es la calificación del delito de rebelión). La Justicia germana, de acuerdo con la euroorden, ha pedido información adicional sobre la naturaleza de los gastos pro-referéndum, y el propio Tribunal Supremo, en su requerimiento de devolución a España de Puigdemont, aclara que “las liquidaciones de los gastos correspondientes a esas partidas [los 1,6 millones de euros] constituyen un delito de 'corrupción' en forma de malversación de caudales públicos, dado que el referéndum había sido declarado inconstitucional previamente”.

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Esto es importante porque la malversación no está entre los 32 delitos que detalla la euroorden, y por eso lo que hace el Tribunal Supremo es conectarla con el de corrupción, que sí aparece en la lista. Y para que haya corrupción hay que demostrar de forma taxativa que se ha producido un daño a las arcas públicas. Por lo tanto, si no se demuestra que, efectivamente, el dinero para el referéndum ha salido del presupuesto, el riesgo de que el expresidente de la Generalitat sea también absuelto de ese delito aumenta (aunque sea provisionalmente). Por eso, precisamente, los magistrados alemanes reclaman mayor información a España.

Como sostiene el propio magistrado Llarena, la tipificación penal del delito de malversación “protege la propiedad de la Administración y la confianza de la sociedad en el manejo honesto de los fondos públicos, así como su correcta aplicación a los servicios colectivos para los que se han entregado”. Y si no hay desdoro para los fondos públicos, no hay delito. O expresado en otras palabras, es evidente que el referéndum costó dinero: papeletas, campaña de publicidad, observadores extranjeros o el registro de votantes en el exterior, pero hay que demostrar en un juicio que el dinero salió de la Administración.

Rajoy: "Ni un euro se ha ido al referéndum"

El lado político de la malversación tampoco es baladí. Hace poco más de dos meses, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le preguntó al presidente Rajoy en un pleno de control del Congreso si se había detectado alguna partida destinada al referéndum: “Ni un euro”, respondió el presidente del Gobierno con rotundidad. La respuesta del líder de Cs fue contundente: “Le tomo la palabra, ni un céntimo [le insistió Rivera al presidente]. Pero si el juez demuestra que se ha destinado un céntimo al 1-O, ¿quién va a dimitir de su Gobierno?”. Es decir, el Tribunal Supremo tiene un problema jurídico para defender sus tesis ante los jueces alemanes, pero el Gobierno también lo tiene en términos políticos con su socio parlamentario.

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Poniendo atrás la moviola, el control ha sido exhaustivo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, realizó la intervención total de los pagos de la Generalitat el pasado mes de septiembre después de que la Intervención General de Cataluña decidiese cortar la comunicación con el Gobierno. Sin embargo, Montoro ha asegurado que no se gastó ni un euro de dinero público para el referéndum, esto es, tampoco antes de la intervención de septiembre. Ciudadanos fue el partido más crítico con Montoro por las lagunas de su control y ahora ha solicitado la intervención del ministro en la Comisión de Hacienda para que explique los detalles de su actuación.

A pesar de los esfuerzos realizados durante todo este tiempo, las dudas sobre el nivel de control de la Generalitat son razonables, por eso el juez Llarena ha solicitado a Montoro la documentación que prueba su afirmación. El ministro controla una cantidad ingente de información sobre la ejecución presupuestaria de la Generalitat desde noviembre del año 2015, pero existen grietas que no se terminaron de cerrar hasta septiembre de 2017.

Hacienda montó la estructura básica de control sobre las cuentas del Gobierno de Artur Mas el 20 de noviembre de 2015 gracias al respaldo jurídico del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). El Estado obligó a la Generalitat a ofrecer un registro detallado de todos sus gastos y el de sus organismos y entidades dependientes. Es por este motivo que Montoro se atreve a afirmar que no se ha gastado ni un solo euro en el independentismo desde el año 2015.

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El 'chantaje' del FLA es lo que permitió a Montoro controlar al detalle las cuentas de la Generalitat. Las comunidades se adhieren a los mecanismos extraordinarios de financiación libremente, pero una vez que entran, están obligadas a dar a Hacienda toda la información que requiera. En ese momento, otoño de 2015, las agencias de calificación habían degradado la nota de la deuda catalana a 'bono basura' y la región no tenía dinero para pagar las facturas farmacéuticas, por lo que no tuvo más remedio que solicitar una ayuda extraordinaria. Hacienda aceptó la petición, pero, a cambio, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) decidió iniciar un control reforzado de las cuentas de la Generalitat a través de una orden publicada en el BOE el 20 de noviembre de 2015.

Mecanismos de control

En ese momento, Hacienda estableció los mecanismos de control básicos que estuvieron en funcionamiento hasta septiembre de 2017, cuando se aprobó la intervención total de los pagos. Es toda esa documentación la que ahora respalda las declaraciones de Montoro. Hacienda cuenta con un gran detalle de la información, que baja hasta el programa presupuestario, capítulo presupuestario y entidad afectada de todo el sector público (incluyendo entes públicos bajo intervención). Las partidas afectadas son el total del gasto público, no solo del dinero del FLA.

Además, el informe de la Intervención General de la Generalitat, que en ese momento se enviaba antes del día 15 de cada mes, tenía que incorporar un certificado firmado por el interventor en el que diese constancia de que todos los actos sobre los que ha tenido conocimiento no eran ilegales.

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De esta forma, Montoro cuenta con un segundo aval a sus declaraciones: la firma de la Intervención General, que asegura que todos los gastos han sido legales. Pero el control no terminó ahí. Para reforzar la tarea del cuerpo de interventores, el Gobierno puso a su disposición un canal informático directo y reservado (no dejaba registros) para comunicarse con el ministerio y consultar cualquier duda que tuviesen durante su acción de control.

Por último, el Gobierno creó el Comité Técnico de Cuentas Nacionales, un organismo constituido por el Banco de España, el INE y la IGAE, encargado de contrastar y verificar todos los documentos remitidos por la Intervención de la Generalitat. La importancia de este comité para el control de las cuentas es máxima, ya que el Banco de España tiene información sobre todos los movimientos financieros y la evolución de la deuda de las regiones, y el INE cuenta con los datos de las cuentas de las entidades no financieras.

Cuando aprobó esta orden, Montoro ya aseguró que el Govern no había desviado “ni un euro” y esta frase la sigue defendiendo a día de hoy. La orden estuvo en funcionamiento hasta septiembre de 2017. A pesar del nivel de control aprobado en ese momento, todavía quedaban flecos sueltos, en especial en las entidades en las que no hubiera intervención. Fue por ese motivo que en julio de 2017 la comisión delegada endureció la orden y obligó a las entidades que no tienen interventores a detallar también sus gastos. Para ello, Hacienda exigió a la Generalitat la relación de todas las entidades y organismos públicos y sus responsables.

Dudas justificadas

Para Montoro, este mecanismo de control era suficiente para garantizar que no se hubiese desviado “ni un euro de dinero público”, ni del FLA, ni del sistema de financiación autonómica ni de los recursos propios. Sin embargo, las dudas son razonables. Si el ministro hubiese tenido total certidumbre de la eficacia de sus medidas, no hubiese aprobado un control total de los pagos de la Generalitat el 15 de septiembre.

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El desencadenante de la intervención total fue la negativa de la interventora, Rosa Vidal, a seguir remitiendo los informes semanales al ministerio. En este punto, conviene recordar que el entonces vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, cambió a la interventora en mayo de 2016 para nombrar a una persona más próxima a ERC.

La comisión delegada aprobó en ese momento nuevas medidas de control que hasta entonces no habían funcionado. Esas nuevas medidas siembran dudas sobre el control que había realizado hasta entonces la Generalitat. En primer lugar, se obligó a la Intervención a informar sobre los pagos antes de realizarlos para todas las partidas financiadas con los mecanismos extraordinarios (FLA) y los ordinarios (sistema de financiación), lo que deja fuera a los recursos propios de la Generalitat conseguidos con los impuestos transferidos y los precios y tasas públicas.

Para controlar también esos fondos, Hacienda obligó a las entidades financieras a informar de los movimientos de dinero de la Generalitat. Además, instó a las auditoras a informar sobre cualquier movimiento sospechoso y forzó a los acreedores a acompañar sus facturas de una declaración responsable de legalidad.

Estos procedimientos de control indirectos establecidos en septiembre reflejan hasta qué punto la Generalitat pudo ocultar dinero a Hacienda. Dos son las vías que generan más dudas: las empresas públicas de la Generalitat que consiguieron escapar a la Intervención y los recursos por tributos propios. Montoro tiene las firmas de las interventoras que garantizan que no se cometió ninguna irregularidad, pero ¿pondría la mano en el fuego por ellas?