Los registradores ganan a los notarios bajo sospecha de conflicto de interés

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha denegado las medidas cautelares que el Consejo General del Notariado y la patronal Cepyme habían pedido contra una orden ministerial que entrega a los registradores, 'de facto', la información sobre la titularidad real de las empresas.

Se da la circunstancia que el presidente de la sección que ha dictado el auto ha sido el magistrado Francisco Díaz Fraile, hermano de Juan María Díaz Fraile, letrado de la Dirección General del Registro y del Notariado, la dependencia del Ministerio de Justicia que ha dictado, precisamente, la citada orden ministerial. La dirección general la ejerce Francisco José Gómez Gálligo, quien en 1984 ingresó en el cuerpo de registradores de la propiedad. Desde entonces, ha ejercido como registrador en varios destinos de toda España.

Los notarios consideran que existe conflicto de intereses, toda vez que el magistrado debería de haberse inhibido del procedimiento por su parentesco. Según los notarios, Juan María Díaz Fraile, el hermano del juez, ha ocupado hasta hace muy poco puestos de enorme responsabilidad en el Colegio de Registradores, entre otros, el de jefe del servicio de estudios registrales, que es una especie de cerebro gris que aúna los criterios que deben aplicar todos los registradores en el país. La recusación del magistrado no ha sido posible porque a última hora se cambió al presidente del tribunal responsable del auto, Francisco Díaz Fraile. El artículo 203.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin embargo, exige que se notifique a las partes en cada pleito o causa la identidad del magistrado ponente.

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Desde el próximo 1 de junio, las empresas, en el momento de registrar sus cuentas, deben reflejar quién está detrás de las sociedades, pese a que en España ya existe —y así lo han reconocido los organismos internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales— el índice único informatizado, que manejan los notarios, con más de 115 millones de documentos.

El fichero de los notarios, que ahora el Gobierno pretende vaciar de contenido traspasando esa competencia a los registros mercantiles, identifica a los titulares reales de casi 2,4 millones de sociedades y organizaciones. Por lo tanto, se trata de un instrumento único en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Los notarios ya protestaron ante el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, porque un vocal de CGPJ, el abogado Vicente Guilarte, ha trabajado para los registradores. La carta, enviada el pasado 9 de mayo, denuncia a Lesmes que Guilarte está detrás del dictamen preceptivo que emitió el Consejo sobre la orden aprobada por el Ministerio de Justicia que obliga a todas las empresas a depositar sus cuentas en el Registro Mercantil. Para ello, como se ha dicho, se las obliga a hacer una declaración sobre quién es el titular real.

Informe preceptivo

De hecho, según los notarios, el Colegio de Registradores, en sus alegaciones contra el recurso presentado por Cepyme y el Consejo General del Notariado pidiendo medidas cautelares con la orden ministerial, se basó en el informe preceptivo realizado por el Poder Judicial.

En la página web del despacho en el que trabaja Guilarte, este se presenta como director del Área Jurídica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, desde 2009 a la actualidad. Guilarte, igualmente, fue letrado del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España entre 2003 y 2009.

En la carta enviada a Lesmes, el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, acusa al poder judicial de aceptar la 'longa manu' de Vicente Guilarte para aceptar sus tesis, cuando el vocal ha tenido y aún tiene negocios con los registradores, que son los principales beneficiarios de la orden dictada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuyo director general de Registros y del Notariado es, precisamente, un registrador.

No es la primera vez que los notarios protestan ante el Poder Judicial por las actuaciones del vocal Guilarte. El anterior presidente del Notariado, José Manuel García Collantes, cuestionó en 2014 que Guilarte fuera ponente de la Ley de Jurisdicción Voluntaria a la luz de sus actividades privadas. En la carta, Collantes destacaba que Guilarte, en su actividad profesional, “se ha centrado públicamente en la defensa tanto procesal, como doctrinal y consultiva, de los intereses del Colegio de Registradores, así como de decenas de registradores a título individual”. Es por eso que cuestionan ahora su independencia a la hora de realizar dictámenes como vocal sobre asuntos en los que tiene intereses privados. No ha sido posible reflejar la opinión de Guilarte.

La patronal Cepyme y el Consejo General del Notariado solicitaron, como medida cautelar, la inmediata suspensión de dicha orden en lo relativo a la inscripción del titular real en el Registro Mercantil, dado que la inmensa mayoría de sociedades mercantiles de España aprobarán sus cuentas antes de este 31 de mayo, y que durante el siguiente mes de junio habrá de realizarse su depósito en el Registro Mercantil, consumándose definitivamente el daño que este recurso pretendía evitar.