El PP bloqueará el techo de gasto en el Senado para dejar a Sánchez sin PGE

La intención del Gobierno de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019 se desvanece. Una bomba de relojería legislativa incorporada a la ley de estabilidad presupuestaria (año 2012) otorga al Senado, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta, derecho para bloquear tanto el techo de gasto como los objetivos de déficit que envíe el Gobierno al Parlamento para su aprobación.

El techo de gasto, como se sabe, supone el inicio de la tramitación parlamentaria de la ley de presupuestos, y su aprobación es una condición imprescindible para dar vía libre a las cuentas del reino. Lo que dice la ley, en concreto, es que la elaboración de los proyectos de Presupuesto de las Administraciones Públicas “habrán de acomodarse a dichos objetivos”.

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Fuentes autorizadas del Partido Popular han reconocido a este periódico que se está estudiando esta posibilidad, lo que supondría, en la práctica, la prórroga del presupuesto para 2018, cuya aprobación está prácticamente ultimada. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado en numerosas ocasiones su intención de presentar el proyecto de ley de presupuestos para su aprobación.

El artículo 15. 6 de la ley de estabilidad presupuestaria deja meridianamente claro que tras el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria (el llamado techo de gasto) y tras el correspondiente debate en Pleno, tanto el Congreso como el Senado “se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno”. Ahora bien, la ley precisa que “si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento”.

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Es decir, si, como es previsible, la Cámara Alta rechaza el techo de gasto, el Gobierno deberá remitir un nuevo límite de gasto no financiero del Estado, y que, probablemente, tendría el mismo recorrido parlamentario. Aunque el Partido Popular no ha desvelado todavía su estrategia parlamentaria a la espera de un nuevo líder, nada indica que el principal partido de la oposición facilite el camino a Sánchez en los dos años escasos que quedan de legislatura. Exactamente como hizo el PSOE hace justamente un año. Otra cosa es que el Gobierno optara por presentar el proyecto de ley de presupuestos para 2019 sin la aprobación previa del techo de gasto y del reparto del déficit entre administraciones públicas, lo cual llevaría a un previsible litigio legal.

La ley obliga al Gobierno a presentar antes del 30 de junio de cada año los objetivos de déficit y deuda del conjunto de las administraciones públicas y el límite de gasto (119.834 millones de euros el año pasado), pero, previamente, debe reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a la Comisión Nacional de Administración Local. El encuentro se celebrará en las próximas semanas, y será la primera toma de contacto directa entre la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los representantes de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Pacto con Bruselas

La senda de reducción del déficit (los objetivos de estabilidad presupuestaria) está en principio marcada, lo que, además, es un incentivo del PP para no respaldar la propuesta que haga el Gobierno. De hecho, es la que se pactó en su día con Bruselas. Es decir, un déficit del 2,2% del PIB este año; un 1,3% el próximo y un 0,5% en 2020.

Por el momento, lo que se sabe es que la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha evitado comprometerse ante Bruselas a asumir ese escenario. Entre otras cosas, porque los servicios técnicos de la Comisión Europea han puesto en duda que España pueda cumplir con lo pactado, salvo que apruebe para lo que queda de año un ajuste adicional del gasto público o, por el contrario, un aumento de la presión fiscal. Ya sea subiendo tipos o poniendo en circulación nuevos tributos, como la llamada tasa Google, y que el anterior Gobierno dejó casi lista.

En la misma línea que Bruselas, la propia Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha estimado que el cumplimiento de los objetivos de déficit para 2018 es “improbable”. En opinión del organismo que dirige José Luis Escrivá, el efecto conjunto de la recuperación de los recursos y una menor contención de los empleos en porcentaje del PIB “lleva a que se estime improbable la realización del ajuste del 0,9% del PIB necesario para alcanzar el objetivo”. Es decir, pasar del 3,1% al 2,2%.

Estas dificultades para cuadrar el presupuesto -España es ya tras la salida de Francia el único país de la UE inmerso en el Protocolo de Déficit Excesivo- son una baza política de envergadura. Y de ahí que, según fuentes autorizadas, el Partido Popular no vaya a dejar la presa. Máxime cuando ha salido del poder de una forma inesperada que sigue escociendo entre los conservadores.