Más impuestos para el automóvil en 2019: el otro impacto del cambio de Gobierno

La moción de censura contra Mariano Rajoy llegó en el peor momento para el sector del automóvil. El jueves 31 de mayo y viernes 1 de junio en que la actividad gubernamental tuvo que parar por el relevo en el Ejecutivo hizo saltar por los aires el plan diseñado por los representantes de la automoción en España.

Los mismos días en que se dio la moción de censura estaba planificada una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la reforma fiscal con las diferentes Comunidades Autónomas. Fuentes del sector aseguran que en ese consejo se iba a abordar una reforma sobre los impuestos que paga el automóvil, dado que afectan a tributos tanto de carácter autonómico como municipal. La idea era reformar la fiscalidad para simplificarla y adaptarla mejor a criterios medioambientales. Y lo más importante: mantener el nivel de presión en los 26.000 millones de euros.

Hasta entonces, el sector del automóvil había mantenido una intensa agenda de contactos con las principales autoridades para llevar a cabo esta reforma. Ya se había conseguido convencer de que debía ser "neutra desde el punto de vista fiscal". Los representantes de este ramo de la actividad, que supone el 10% del PIB nacional, trataban de evitar el rejonazo fiscal que se les viene encima y estuvieron cerca de lograrlo. "Montoro estaba convencido", señalan fuentes del sector.

Su problema, el nuevo control de emisiones

La urgencia se debe a que desde 2019 los vehículos matriculados tendrán que pasar un nuevo control de emisiones que hace una lectura mucho más real de lo que había hasta ahora. Este cambio, impulsado desde Bruselas tras el escándalo del dieselgate, tiene una consecuencia fiscal directa: muchos de los vehículos que ahora quedan exentos de pagar por no superar el umbral impositivo mínimo (12gr de CO₂ por km) dejarán de estarlo. Además, otros de los que sí pagaban por esta causa pasarán a rangos de tributación más altos al tener que reconocer un mayor nivel de emisiones liberadas a la atmósfera (ver cuadro).

Ahora desde el sector del automóvil reconocen "estar a la expectativa" y pese a que sus ideas habían sido recibidas de buen grado por los miembros del PSOE con los que mantuvieron reuniones, los plazos ya no dan para evitar más impuestos dentro de medio año. Máxime, cuando el nuevo Gobierno ya ha dicho que la reforma fiscal autonómica no es por ahora su prioridad.

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Además, el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez está otorgando un peso específico a la "transición ecológica" y todo lo que ello implica. La responsable de esta cartera, Teresa Ribera, ha manifestado que hay que dar las "señales adecuadas" para caminar en la dirección correcta en lo que respecta al cambio climático. Todo ello en un país que ha sido apercibido por la mala calidad del aire por la Comisión Europea, que también ha reiterado en varias ocasiones que España recauda 5.000 millones de euros menos por cuestiones ambientales que la media de la Unión Europea.

En este contexto, los vehículos vendidos en los últimos diez años habían ido haciéndose cada vez más eficientes climáticamente y adaptándose al sistema de medición NEDC (medición de laboratorio) que está vigente hasta fin de año. Esto ha provocado que el impuesto de matriculaciones prácticamente haya quedado neutralizado, dado que tres de cada cuatro vehículos no pagan por no llegar al mínimo exento. Desde que este tributo rige en función de las emisiones en 2008, la recaudación ha caído un 70% de media. Hace diez años, las arcas públicas ingresaron más de 1.000 millones de euros; ahora, a penas recaudan 300 millones.

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El sector ya ha advertido que el nuevo sistema de medición que entrará en vigor (WLTP) provocará una caída de las ventas del 7%, lo que se traducirá en un debilitamiento para el conjunto de la actividad. Las estimaciones hablan de varios cientos de millones de recaudación a mayores como impacto por el nuevo sistema de medida de emisiones. Faconauto hablaba de entre 900 y 1.000 millones de euros esta semana y una bajada del 10% en ventas. Otros grupos de presión rebajan este impacto hacia los 250 millones.

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No obstante, fuentes conocedoras de la materia no tienen claro que un aumento del impuesto de matriculación se traslade 100% al precio final que paga el usuario. Dada la situación las diferentes marcas y competidores ya se miran de reojo unos a otros para ver qué hacen y cuánto asumen de la subida fiscal para tratar de defender su cuota de mercado. A medio año de que llegue 2019, ya empiezan a descontar que la reforma fiscal que Montoro prometió al sector para no elevar la presión fiscal será difícil que se materialice.

A partir de ahora habrá que ver cómo baila este tango un Gobierno que quiere una transición ecológica con un sector afectado por las emisiones y tractor para la economía y el empleo.