El Tribunal de Justicia europeo da la razón al Gobierno: es obligatorio registrar la jornada

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es contundente: los estados miembro deben obligar a las empresas a llevar un registro de jornada para garantizar los derechos de los trabajadores respecto a su horario habitual y a las horas extra que realizan. Así lo ha fallado el Tribunal europeo en una sentencia publicada este martes. De esta forma, la Justicia europea da la razón al Gobierno, que estableció hace dos meses el registro obligatorio de jornada por el cual las empresas tienen que llevar un control diario de las horas de trabajo de sus empleados.

El TJUE señala en su fallo que este registro de jornada es el garante de los "derechos de los trabajadores", ya que es la única herramienta para garantizar que cumplen la jornada de trabajo pactada. Y, en el caso de que tengan que hacer horas extra, que sean remuneradas de acuerdo a la legislación. Los estados miembro "deben imponer a los empresarios la obligacion de implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador". De esta forma, la Justicia europea pone fin al pleito impulsado por CCOO contra Deutsche Bank y clarifica este derecho fundamental de los trabajadores recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

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El Tribunal europeo no entra a determinar cómo debe ser ese registro de jornada y deja la responsabilidad en manos de cada estado miembro. En lo que sí es tajante es en que debe existir ese control diario y también en que debe ser accesible para los trabajadores, de modo que estos puedan supervisar su correcto funcionamiento. La legislación española vigente hasta este año no obligaba a llevar un registro de la jornada ordinaria, solo obligaba a controlar las horas extra. En un primer momento, el Tribunal Supremo avaló este sistema, pero el TJUE lo ha desmontado hoy por ser contrario a la normativa europea.

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El fallo se sustenta sobre el derecho fundamental de todo trabajador a que se limite el tiempo máximo de trabajo que realiza y a que se resepeten los periodos de descanso estipulados. "Los estados miembro tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten de un período mínimo de descanso de 11 horas consecutivas en el curso de cada período de 24 horas y, por cada período de 7 días, de un período mínimo de descanso ininterrumpido de 24 horas". Los países son los encargados de velar por este derecho de todos los trabajadores y bajo ningún argumento pueden vaciarlso de contenido. Como el Tribunal detecta que el trabajador es la parte débil de la relación con la empresa, entonces el papel del Estado aumenta en importancia.

Ante esta situación, el Tribunal entiende que la única fórmula para controlar que los trabajadores cumplen el horario establecido es el registro diario de jornada. Este registro no va en contra de la aclamada flexibilidad en el empleo, ya que permite que la jornada de trabajo se desarrolle de la misma forma. Simplemente la empresa tiene que controlar ese tiempo de trabajo.

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El registro de jornada permite a los trabajadores controlar que se respetan sus derechos y a las autoridades y tribunales nacionales, controlar que realmente se respetan dichos derechos, señala el Tribunal. Tras esta sentencia ya no cabe ninguna duda de que España queda obligada a instalar el registro de jornada. El TJUE no ha entrado a valorar la fórmula que se aplique, pero sí advierte que una mala trasposición de este derecho no vaciará los derechos de los trabajadores recogicos en la Carta. El Gobierno se adelantó a esta sentencia aprobando, hace dos meses, el sistema de control. Lo hizo tras conocer la opinión del abogado general del TJUE, Giovanni Pitruzzella, que suele anticipar el fallo definitivo del Tribunal.