La desigualdad del parado: País Vasco gasta en colocación 5 veces más que C-LM

Salir del desempleo en las comunidades pobres es una quimera. Y no solo porque hay menos empleo o porque los niveles formativos son más bajos. También influye decisivamente el gasto en políticas activas de empleo, y aquí hay una gran brecha entre comunidades. Las regiones con menor renta y mayor desempleo son también las que cuentan con menos recursos para financiar las oficinas de empleo. Esto explica que estén saturadas en algunas comunidades, mientras que en otras pueden realizar un análisis detallado de cada desempleado.

Es el resultado del caos en el reparto de los recursos públicos entre las distintas comunidades autónomas. Los fondos estatales no se reparten en función de las necesidades reales de cada región, sino que responden a otros criterios aleatorios, muchas veces relacionados con la influencia política de cada autonomía. Con esta premisa, es normal que, al final, las regiones con menor nivel de renta y mayor desempleo tengan menos recursos para destinar a la recolocación de parados. Esto explica que las oficinas de empleo en Castilla-La Mancha, Baleares o Canarias estén saturadas, mientras que en País Vasco apenas existen colas.

Una vez más, las diferencias regionales vuelven a imponerse, mostrando un servicio muy desigual por comunidades. Con el agravante de que en este caso afecta a personas muy vulnerables, como son los demandantes de empleo. El 'spending review' de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal revela que el País Vasco gasta casi cinco veces más que Castilla-La Mancha en financiar las oficinas de empleo (los datos no incluyen Andalucía ni Madrid, porque su información no llegó a tiempo).

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En el año 2017, el País Vasco destinó 97,62 euros por cada desempleado, mientras que la media nacional fue de 44,59 euros y en Castilla-La Mancha apenas alcanzó los 21,25 euros. Estas diferencias abismales también explican las diferencias en la tasa de paro de las dos regiones: en País Vasco, el desempleo está ya por debajo del 10%, mientras que en Extremadura todavía supera el 22,5%, casi el triple. "El gasto por demandante de empleo no es más alto en aquellas comunidades autónomas con una tasa de paro mayor", señala la autoridad fiscal en su informe, como consecuencia de que "no se observa una política común en España de inversión en oficinas según el porcentaje de desempleo".

Estas diferencias de recursos tienen varias causas. La primera es el reparto de fondos, que no atiende a las necesidades de cada región, lo que genera una desigualdad de origen. Esta situación se agrava en función de la brecha de recursos que tiene cada comunidad procedente del sistema de financiación autonómica. Por último, responde a las diferentes estrategias presupuestarias de cada Gobierno regional. El resultado es una gran diferencia de recursos destinados a financiar las oficinas de empleo, que se cargan principalmente de la orientación y formación de los parados.

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En Castilla-La Mancha, el número de desempleados que hay por cada oficina de empleo supera los 1.850 parados. Y a cada trabajador público le corresponde atender a 951 parados. Es sencillamente imposible que con 950 desempleados a su cargo un funcionario sea capaz de realizar una orientación personalizada, ya sea para recomendar formación, ofertas de empleo adaptadas a su perfil, etc. Y lo peor es que la orientación es la política activa más eficiente de todas.

Por el contrario, en el País Vasco hay tantos recursos que sí es posible realizar una orientación personalizada. Cada funcionario tiene que atender a 121 desempleados al año, un volumen que es casi cinco veces menos que la media nacional y ocho veces menos que Castilla-La Mancha. Si la financiación para las oficinas de empleo se repartiese en función del número de demandantes de empleo de cada comunidad, a Castilla-La Mancha le correspondería un 139% más y País Vasco tendría un 59% menos.

La diferencia de recursos es tan abultada que incluso existe una gran brecha de salarios entre los trabajadores públicos en función de la comunidad en la que trabajan. Por ejemplo, en País Vasco, un director de una oficina de empleo tiene un salario bruto (coste medio para la Administración) de 65.103 euros, un trabajador con perfil técnico tiene un salario de 57.911 euros y un administrativo asciende a 38.814 euros. El coste medio de cada administrativo en País Vasco es casi igual al coste de un director de oficina en Castilla y León, que es de 42.540 euros.