España ya destina el 20% del gasto a pensiones de jubilación y supera a la UE

Desde que estalló la crisis económica, todas las administraciones públicas han hecho un esfuerzo para ajustar sus presupuestos y limitar el gasto público tras los excesos de la burbuja. Este esfuerzo presupuestario permitió congelar el gasto no financiero entre 2007 y 2016 en términos reales para que los mayores ingresos se destinaran a reducir el déficit. Sin embargo, no todas las partidas se comportaron igual, ya que en estos años se han realizado importantes ajustes para hacer hueco al gasto en pensiones.

En términos nominales (incluyendo la inflación), el gasto en pensiones ha aumentado en 40.000 millones, esto es, se han llevado el 80% del nuevo presupuesto. Y la mayor parte se ha destinado a la jubilación, con un incremento de 32.300 millones de euros. En esa década que va desde 2007 a 2016, el gasto en jubilación se disparó un 49%, y eso que en mitad de estos años se produjo la congelación de las pensiones y las reformas de 2011 y 2013. Ninguna de estas medidas consiguió frenar el avance exponencial del gasto en jubilación.

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El resultado es que, en 2016, el gasto neto en las prestaciones de jubilación superó el 20% del gasto público de España, alcanzando ya el 20,7%, según los últimos datos publicados por Eurostat. Por primera vez en toda la serie histórica, las pensiones de los mayores se llevan uno de cada cinco euros de gasto público y unos céntimos más.

Con esta subida, España adelantó al conjunto de la Unión Europea en el porcentaje del presupuesto destinado a la jubilación, situándose medio punto por encima del de la UE y un punto completo por encima del nivel europeo. El cambio ha sido fugaz: en apenas una década, España ha pasado de destinar un 15,6% del presupuesto público al pago de la jubilación a superar el 20%.

Cinco puntos en una década. Solo hay dos países en la eurozona en los que haya crecido más rápido: Lituania, como consecuencia de la inflación, y Grecia, cuyo presupuesto se hundió tras la quiebra del país. Estos datos explican la velocidad a la que España ha reenfocado su gasto público para priorizar las pensiones. El porcentaje del presupuesto destinado a pagar la jubilación es medio punto superior al de Francia y más de tres puntos superior al de Alemania.

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Aunque todavía no hay datos disponibles posteriores a 2016, es de esperar que el porcentaje del presupuesto destinado a las pensiones haya seguido creciendo con fuerza desde entonces. En 2018, dejó de aplicarse el índice de revalorización como consecuencia de las manifestaciones de jubilados por toda España. En ese año, se actualizaron con el IPC, y en 2019 la subida ha sido muy superior. Hasta octubre, los precios acumulan una subida del 0,7%, pero las pensiones se han revalorizado un 1,6%.

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Además de la revalorización, el gasto en pensiones sigue subiendo con fuerza como consecuencia del envejecimiento y del efecto sustitución (las altas entran con prestaciones mayores que aquellos que causan baja). Estos tres factores, unidos, explican la enorme inercia que tiene el gasto en pensiones y por qué en el futuro se irán comiendo un porcentaje mayor del presupuesto.

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Entre 2007 y 2016, las administraciones públicas hicieron un importante ajuste en el resto de partidas. En términos reales (descontada la inflación), solo creció el gasto en prestaciones sociales (cuya principal partida son las pensiones) y en los intereses de la deuda. El resto de partidas sufrió el ajuste. Por ejemplo, el gasto total en vivienda se hundió un 62%, el gasto en educación se recortó un 7,5% y las partidas de políticas económicas, que incluyen la inversión, se redujeron un 35% (todos los datos en términos reales, esto es, ajustada la inflación).

Además de la gran inercia de las pensiones, España se enfrenta a un segundo problema para poder sostener el gasto creciente del sistema: la brecha de recaudación con Europa. El sector público ingresa anualmente el equivalente al 39% de su PIB, seis puntos por debajo de la Unión Europea y siete puntos y medio por debajo del conjunto de la eurozona. Esta enorme distancia en términos de recursos públicos complica la sostenibilidad de un sistema de pensiones robusto.

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De ahí que España tenga que destinar un porcentaje mayor de su presupuesto al gasto en pensiones. El esfuerzo para financiar el sistema es tan abultado porque la recaudación es escasa en comparación con los niveles europeos. De hecho, el gasto total en pensiones de España como porcentaje del PIB todavía está por debajo de los niveles comunitarios. En 2016, España destinó el 8,8% del PIB a las prestaciones de jubilación, seis décimas por debajo del conjunto de la Unión Europea.

Si el gasto en jubilación mantiene su tendencia creciente y los ingresos no aumentan, España está condenada a atravesar turbulencias financieras en el futuro. Será complicado que el país pueda ajustar más el resto de partidas presupuestarias en el futuro para hacer hueco al pago de las pensiones. Y, además, hay que tener en cuenta que el déficit estructural se sitúa cerca del 3% del PIB.

El país lleva atascado en esta encrucijada más de un lustro y todavía nadie ha querido buscar una solución. Las protestas sociales de 2018 han quedado adormecidas una vez que se ha recuperado la revalorización con el IPC y los partidos se sienten más cómodos discutiendo sobre la fragmentación y los nacionalismos. Las pensiones, como la política, tendrán que esperar.