El caos político frustra la venta de 150.000 vehículos desde que gobierna el PSOE

La incertidumbre regulatoria ha frustrado desde mediados de 2018, justo al tiempo en que entró a gobernar el PSOE tras la moción de censura a Rajoy, la matriculación de unos 150.000 vehículos a particulares, el equivalente a las ventas de todo un trimestre que suponen alrededor de 2.700 millones de euros menos de facturación para las marcas automovilísticas.

Este demoledor dato se desprende de un informe publicado esta misma semana por el Banco de España, que describe en varios gráficos la correlación existente entre diferentes medidas normativas y la pérdida de venta de vehículos. El análisis practicado llega solo una semana antes de que la patronal de los fabricantes de automóviles, Anfac, cuyos socios son responsables de más del 10% del PIB en España, presenten su plan estratégico de movilidad sostenible 2020-2040 al Gobierno.

Este mismo lunes se lo trasladarán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa. En dicha reunión también participarán otros tres pesos pesados del Ejecutivo: la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

El servicio de estudios de la institución gobernada por Pablo Hernández de Cos afirma que "entre comienzos de 2016 y mediados de 2018, las matriculaciones de automóviles particulares en España crecieron a tasas interanuales, en promedio, del orden del 5%. A partir de entonces, comenzaron a registrar un comportamiento notablemente más desfavorable, con una caída superior al 11% en el conjunto de 2019".

El organismo de supervisión bancaria destaca que "la contracción ha sido más intensa que la observada en el consumo de otros bienes duraderos", lo que le lleva a pensar que hay otros factores además de la incertidumbre macroeconómica, que está afectando a este sector. En ese sentido, destaca la entrada en vigor del protocolo WLTP, que mide de forma más exigente las emisiones de vehículos o las restricciones a la circulación en las grandes ciudades (Madrid Central o la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona).

A lo anterior añade un índice de incertidumbre normativa con base en los mensajes lanzados a la opinión pública. Para ello se basa en las publicaciones destacadas durante este tiempo que han tratado cuestiones como el diésel, la gasolina o los coches eléctricos. A esto añade otros factores como las elecciones celebradas en 2019 que dispararon la incertidumbre regulatoria.

Cabe destacar que, durante este periodo, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, lanzó mensajes como que "el diésel tenía sus días contados". Posteriormente, se ha presentado una ley de cambio climático que advertía del fin de los coches de combustión en el año 2040, un objetivo que reafirmó públicamente el presidente Sánchez. Por su parte, administraciones regionales como Baleares querían restringir el uso de coches diésel en sus islas desde 2025, aunque esto fue paralizado posteriormente.

Por otro lado, el Gobierno ha recalcado en este periodo la necesidad de subir los impuestos medioambientales. En esa línea, ya incluyó en los presupuestos fallidos de finales de 2018 un aumento de la tributación al diésel. Además, este periodo ha entrado en vigor la armonización de los tributos autonómicos a los carburantes en diversas comunidades autónomas, lo que está presionando el precio del combustible al alza.

Para concluir, el Banco de España espera que se recupere el dinamismo en el futuro. Sin embargo, advierte de factores que podrían hacer que persista la debilidad: "Por un lado, tendríamos la falta de asentamiento de un paradigma tecnológico que reemplace al basado en el motor de combustión. Este último, tras estar vigente durante un siglo, está dando algunas señales de posible agotamiento", sostiene.

"Por otro lado, las modificaciones regulatorias y los cambios tecnológicos podrían conllevar aumentos de precios. Esto afectaría, naturalmente, a la demanda de automóviles. Por ejemplo, la necesidad de incorporar tecnologías que reduzcan las emisiones, para cumplir con los nuevos estándares. Esto constituye, en el plano de los costes de fabricación, una fuente de presión al alza sobre el precio de los automóviles nuevos" concluye.