El virus salva el presupuesto europeo y resetea una negociación divisiva

Hace solo algunas semanas, cuando el coronavirus ya estaba empezando a ocupar espacio en la agenda pública, los líderes de los Veintisiete estaban encerrados en una habitación del edificio Europa, en Bruselas, en mitad de una batalla campal por un par de décimas. Discutían sobre el tamaño del futuro Marco Financiero Plurianual (MFP), que debe ocupar desde el 2021 al 2027. Como en el debate del coronavirus, la UE se partía en dos: los que querían limitar el tamaño al 1% de la renta nacional bruta (RNB) y los que apostaban por una cifra más cercana al 1,11%.

Todo eso ha quedado en el pasado, y ahora los líderes, que se reúnen el próximo 23 de abril de manera telemática, tienen que discutir una remodelación completa del MFP para que se convierta en el motor de la recuperación europea tras el coronavirus. Su tamaño medio es de un billón de euros durante siete años, pero esta no es una situación normal.

El mismo Eurogrupo que aprobó un paquete de 500.000 millones de euros como red de seguridad para empresas, sistemas sanitarios y empleos, dio luz verde a que se comience a trabajar en un Fondo de Recuperación. La batalla campal se centrará en cómo financiarlo, para lo que se comprometieron a utilizar "instrumentos innovadores", pero, eso sí, a través del presupuesto europeo. Por eso Bruselas está pensando ya en una nueva propuesta.

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Los técnicos comunitarios trabajan para presentar en las próximas semanas un plan revisado del MFP casi dos años después de que el Ejecutivo comunitario publicara su primera propuesta salida del despacho de la por entonces directora general de Presupuesto, la ahora vicepresidenta económica Nadia Calviño. El plan pasa ahora mismo por aumentar el tamaño del presupuesto y poder acudir a los mercados para mejorar su capacidad de acción.

Johannes Hahn, comisario de Presupuesto, señalaba al 'Financial Times' que esperaba financiar gastos e inversiones de hasta 1,5 billones de euros en los tres primeros ejercicios del próximo Marco. La presidenta de la Comisión Europea ha adelantado que se trabaja en un presupuesto "completamente diferente" que movilizará "inversiones enormes".

Durante una rueda de prensa este miércoles, Von der Leyen defendió que debe utilizarse el MFP como base, algo que daría a la Comisión Europea los mandos del plan de reconstrucción: "El principio de apalancamiento de fondos que están garantizados por los Estados miembros es algo que ha hecho antes la Comisión, es una gran ventaja. Es un territorio conocido". Y, efectivamente, Bruselas tiene experiencia, pero muchos temen que acabe convertido en un nuevo Plan Juncker, el programa de inversiones de que la Comisión Europea desarrolló durante la última legislatura, y que sería insuficiente.

¿Dónde está el dinero?

Todo se centra ahora en cómo financiar el fondo de reconstrucción, y cómo hacerlo con el presupuesto europeo de fondo. La principal apuesta, hacia donde señalan desde el Ejecutivo comunitario y lo que defienden muchos economistas, pasa por que la Comisión Europea emita bonos, algo que ya ha hecho en el pasado, y que de hecho tendrá que hacer para financiar el programa de apoyo al empleo con el que pretende movilizar hasta 100.000 millones y que los ministros de Finanzas, también los más escépticos, han aprobado. Hay otras opciones, como que esos bonos los emita el Banco Europeo de Inversiones (BEI) o el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

Esos bonos estarían respaldados por el presupuesto europeo, con garantías de Estados miembros y los intereses se pagarían con los recursos propios que recauda la Unión Europea, a los que se podrían añadir nuevos impuestos, como un gravamen digital o sobre el plástico. Para todo esto Bruselas aumentaría el techo de gasto, actualmente sobre el 1,2% del RNB, y que, según algunos expertos, debería doblarse. Lo que queda entre lo que realmente se gasta y el techo es el espacio de maniobra con el que cuenta el presupuesto de la Unión, y es clave para las agencias de rating y por lo tanto para reducir los intereses.

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Es una propuesta similar a la hecha por el ministerio de Economía de Nadia Calviño y a la realizada por Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos. Andre Duff, del European Policy Centre, también ha escrito un sistema similar al que propone bautizar como "eurobonos federales".

En realidad, el plan consiste en evitar a cualquier precio utilizar justo esa palabra. De hecho, y como ya pasó tras el Eurogrupo, la interpretación de lo que se acuerde será muy distinta en el norte y en el sur. Los sureños podrán defender que se ha acordado una emisión de deuda conjunta, aunque esta recaiga sobre los hombros de la Comisión y no sea un instrumento nuevo (aunque sí lo sería su tamaño), y los nórdicos podrán decir que no hay mutualización, aunque en realidad sea una especie de eurobono por la puerta de atrás.

El Parlamento Europeo ha disparado en esa misma dirección al aprobar una resolución pidiendo un paquete de recuperación masivo que se financie en parte con 'bonos de reconstrucción': de nuevo, bonos emitidos con el respaldo del presupuesto comunitario y que, y esto lo subrayan los eurodiputados, no significa que haya una mutualización de la deuda pasada.

Hay muchos detalles en el aire dentro de este plan, también en lo referido a la estructura y el control. Por ejemplo, algunas de las hojas de ruta, como la francesa o la española, proponen que se estructure el fondo como un vehículo de propósito especial (SVP), lo que significa que es una empresa privada regida por el derecho del país en el que se radique. Antes de que se creara el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), la única manera de superar las preocupaciones de los países nórdicos respecto a que la legalidad creación e un fondo permanente de rescate fue, en 2010, crear la Facilidad de Estabilidad Financiera Europea (EFSF) como una SVP, lo que hace pensar que esta vez se podría seguir esa ruta, aunque también implicaría que las garantías aportadas por los Estados miembros serían contabilizados por Eurostat como deuda pública. Otro de los principales puntos que se deberían abordar es la gobernanza del fondo. La ventaja de que fuera la Comisión la que emitiera los bonos es que le daría un lugar privilegiado para dirigir cómo, dónde y cuándo se gastan los fondos.

Lucas Güttenberg, del Centro Delors de Berlín, defiende que negociar el instrumento para repartir la carga de la recuperación vinculado al MFP genera el riesgo de que la negociación acabe mezclada y contaminada, viéndose el fondo no como un instrumento temporal para abordar una crisis concreta, sino como un rediseño del MFP, lo probablemente acabará como una propuesta descafeinada incrustrada dentro del Marco, como ha acabado siendo el caso del instrumento presupuestario para la Eurozona (BICC), en el que lo que aporta cada país tiene que volver a él de alguna manera. Eso no encajaría con la necesidad de una respuesta solidaria y un reparto de la carga.

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La clave, y es el punto común de todos estos planes, es evitar que los países del sur tengan que aumentar todavía más su endeudamiento, no solo poniendo en la mira su capacidad para hacer frente a la creciente deuda, sino también generándoles una losa para su crecimiento.

Von der Leyen ha señalado que los planes de la Comisión Europea para revisar sus cuentas señalan no a la cifra de "miles de millones, sino un billón con respecto a la iniciativa de inversiones que debe hacerse". La presidenta del Ejecutivo comunitario podrá compartir estas ideas con los líderes en la próxima cumbre digital que se celebrará el 23 de abril. En cualquier caso no hay unidad dentro de la Comisión, con algunas facciones defendiendo planes más atrevidos, como son Paolo Gentiloni, comisario de Economía, y Thierry Breton, comisario de Mercado Interior, y otros, como Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión, oponiéndose y defendiendo una línea más ortodoxa.

Entre los Estados miembros, a las divisiones que se puedan generar respecto a cómo financiar el Fondo van a sumarse las ya existentes en el pasado, con algunos países como Francia y España defendiendo programas tradicionales como la Política Agraria Común (PAC), en la que quieren evitar recortes, y los nórdicos pidiendo que sean justo estas partidas las que se vean reducidas para poder redirigir el dinero a otras nuevas prioridades.

En cualquier caso a los Estados miembros se les agota el tiempo: ya hace meses que Bruselas avisa que la discusión del MFP va con retraso, y lo más probable es que esta nueva situación, si bien añada una cierta urgencia al debate, haga que el acuerdo se complique.