Qué hacer: 20 economistas dan sus soluciones para salir del pozo

Los datos son estremecedores y ponen de relieve la magnitud de la crisis en las cuentas públicas. La deuda acabará este año en torno al 115% del PIB, el Tesoro necesitará casi 300.000 millones de euros para financiarse y el déficit público estructural, el que no tiene en cuenta la posición cíclica de la economía, se situará en 2020 en el 5,2% del producto interior bruto.

A partir de estos datos, un grupo de trabajo coordinado por Fedea ha propuesto un plan presupuestario “sostenido en el tiempo, creíble y con un amplio apoyo político y social”. El objetivo es evitar que lo coyuntural se convierte en estructural. O, expresado de otra forma, se trata de enderezar las cuentas públicas y evitar que el punto de partida de una nueva crisis sea todavía peor que el actual, que ha pillado a España con un déficit estructural superior al 4% del PIB, un nivel de deuda que representaba el 95% del PIB antes de la pandemia, un nivel de paro del 14% y muchas reformas por hacer, por ejemplo, la del sistema de pensiones o la del sistema educativo.

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Este mal punto de partida es el que ha impedido que España disponga de menos margen de maniobra fiscal que otros países. Se pone como ejemplo Alemania, que, con un reducido nivel de deuda y con superávit público, ha podido poner en marcha las medidas fiscales más potentes en la Unión Europea para paliar los efectos económicos de la pandemia. Y ello, “sin poner en riesgo sus cuentas públicas”.

¿Y qué se propone? Pues ni más ni menos que poner en marcha a partir de 2022 una “senda explícita de ajuste fiscal” que sea conocida por todos los agentes económicos y que permita reducir el saldo estructural primario. Es decir, el déficit sin contar los intereses de la deuda. En concreto, se propone mejorarlo a un ritmo anual igual o superior a cinco décimas de PIB, lo que significa que en una década (año 2032) España alcanzaría el equilibrio estructural primario.

Crecimiento potencial

Este ritmo, según los autores de la propuesta, sería “un buen punto de partida”, pero siempre que el crecimiento esperado “ronde al menos el del PIB potencial”, que hoy, según la última estimación del Banco de España, ya que no es observable, se situaría muy ligeramente por encima del 1%.

El documento de Fedea ha sido coordinado por Rafael Doménech (BBVA), y en él ha participado una veintena de economistas, entre los que están Manuel Balmaseda (Cemex), Antonio Cortina (Banco Santander), Ángel de la Fuente (Fedea), José Ramón Díez (Bankia), Juan F. Jimeno (Universidad de Alcalá), Ricardo Martínez Rico (Equipo Económico), Jorge Sicilia (BBVA) y Raymond Torres (Funcas).

Incluso con un crecimiento del PIB del 7% en 2021, el déficit público del próximo año seguirá superando los seis puntos, según la CE

Y lo que se propone, en concreto, es que esa senda de reducción del déficit a partir de 2022 comience ya a visualizarse en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que el Gobierno debería enviar al Parlamento antes del próximo 30 de septiembre. El objetivo es que entonces se apliquen ya las reglas vigentes de estabilidad presupuestaria, incluyendo el techo de gasto y los objetivos de déficit para cada una de las administraciones, siguiendo las recomendaciones de la AIReF.

La urgencia viene derivada de una realidad. Incluso con un crecimiento del PIB del 7% en 2021, y bajo el supuesto de que se retiren las medidas fiscales de carácter temporal puestas en marcha en los últimos meses, según la Comisión Europea, el déficit público del próximo año solo disminuirá hasta el 6,7% del PIB, su componente estructural aumentará hasta el 5,2% y el déficit primario (sin intereses de la deuda) se situará en el 4,4%.

Subir impuestos

El que se retrase el ajuste presupuestario para dentro de dos años tiene como objetivo evitar que la política fiscal sea procíclica, lo que podría agravar la recesión. Ahora bien, introduciendo ya en los Presupuestos del año que viene un “compromiso con la sostenibilidad de las cuentas públicas, incluyendo el sistema público de pensiones, la sanidad, la dependencia o la financiación autonómica”.

Los autores de la propuesta parten del hecho de que “no basta con pequeños retoques en los ingresos y gastos públicos”. Por el contrario, sostienen, hay que evitar “cualquier tipo de complacencia y la tentación de pensar que la Unión Europea y el BCE financiarán indefinidamente a la economía española”.

Opinión

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¿Y cómo hacerlo? Actuando en una doble dirección, racionalizando el gasto público y, si es necesario, subiendo los impuestos. En concreto, se dice, “habría que estudiar qué aumentos de impuestos podrían ser necesarios, buscando siempre minimizar su efecto negativo sobre el crecimiento y el empleo”. Algo que pasaría por una primera gran reforma, la de las pensiones, que sigue atascada desde hace años. Es necesario impulsar y acelerar los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, se dice, con el objetivo de garantizar un “equilibrio” entre sostenibilidad y suficiencia de las prestaciones.

La otra gran reforma sería una revisión en profundidad del sistema educativo, aumentando la igualdad de oportunidades y, en paralelo, luchando contra el fracaso escolar y el abandono temprano de las escuelas.

Los autores de la propuesta recuerdan que el punto de partida de España es peor que el de otros países debido a su enorme vulnerabilidad. Pero también a la ineficiencia de su mercado de trabajo, o a la mayor aportación de sectores que, como el turismo, se verán más afectados por la pandemia. Además de por su elevada integración en las cadenas globales de valor, que han sufrido una intensa disrupción por el virus. Sin contar las consecuencias de tener un tejido productivo de muy escaso tamaño, lo que lo hace muy vulnerable.