La ayuda europea es la esperanza para que resucite la inversión pública española

Las negociaciones para la creación de un gran fondo europeo de reconstrucción no son solo una reválida para el Gobierno después de perder la votación para presidir el Eurogrupo. Son una cuestión clave para el futuro del país: la esperanza para evitar que los ecos de la crisis del coronavirus se prolonguen hasta 2023. Son también un remedio para la enfermedad crónica de la baja inversión que sufre el país desde el estallido de la crisis inmobiliaria.

Durante años, la inversión pública fue motivo de triunfo electoral y las inauguraciones de infraestructuras se convirtieron en un manual para llegar al poder. Con el pinchazo del ladrillo, los Gobiernos esquilmaron las partidas presupuestarias destinadas a la inversión. Ahora que es más importante que nunca para revitalizar la economía española, los datos son alarmantes. España se sitúa a la cola europea en inversión pública productiva, que apenas alcanza el 2% del PIB. Todo el margen presupuestario ganado en los últimos años se ha destinado a elevar el gasto corriente a costa de recortar las partidas de inversión. El resultado es que la formación de capital de las Administraciones Públicas ha pasado de suponer más del 5% del presupuesto anual a caer por debajo del 5%.

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El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, denunció la situación de la inversión en España en una presentación que realizó hace apenas medio año en el CES, cuando todavía era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La inversión pública en España ha mantenido un comportamiento procíclico en los últimos años. "La inversión pública se reduce drásticamente cuando es necesario realizar ajustes fiscales", apuntaba en su conferencia, lo que genera un "riesgo de descapitalización del sector público".

Si la situación presupuestaria ya era delicada hasta 2019, tras la crisis del coronavirus las Administraciones Públicas se han quedado sin espacio fiscal para invertir. En el corto plazo, la esperanza de un programa de inversión pasa por la creación del fondo europeo para la recuperación. Sin esta ayuda, las cuentas públicas no tendrán la capacidad para financiar un gran programa de inversión.

Cuando finalice el año el déficit público de España podría alcanzar el 15% del PIB y la deuda se disparará en unos 25 puntos del PIB, hasta el entorno del 120%. Con esta estructura financiera el país solo podrá pensar en ajustes cuando se pase la recesión. Pero no solo eso, la presión sobre el gasto corriente seguirá en aumento como consecuencia del envejecimiento poblacional.

El gasto en pensiones crece del orden del 1% anual por el aumento del número de pensionistas, un 1,6% como consecuencia del efecto sustitución —las pensiones nuevas son más altas que las que causan baja— y más de un 1% adicional como consecuencia de la revalorización anual. En suma, el Estado tendrá que presupuestar anualmente un gasto extra en pensiones de unos 4.500 millones de euros. Un gasto que es acumulativo año a año. Con esta progresión, cuando pasen seis años, el nuevo gasto en pensiones será equivalente a todo el presupuesto de inversión de todas las administraciones públicas. El envejecimiento poblacional también generará una importante presión al aumento del gasto sanitario y de servicios sociales.

Con estos mimbres de las cuentas públicas, realmente el margen de acción de España en solitario es muy limitado. El país necesitará la ayuda europea para estimular la inversión pública. Desde el punto de vista económico, lo más óptimo para el país será que este dinero se canalice en forma de transferencias para no agrandar el agujero de la deuda pública.

El multiplicador fiscal

En cualquier caso, la clave está en que estos fondos, ya sean transferidos o prestados, se utilicen para realizar inversiones. La tentación de los distintos gobiernos será emplear esos fondos para financiar gasto corriente, tal y como han realizado durante los últimos años.

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Según la AIReF, la inversión pública este año se situará en torno al 2,7% del PIB, una cifra que es superior a la de años anteriores, pero que es el resultado del hundimiento del PIB. En términos absolutos, la inversión en formación bruta de capital fijo se situará por encima de 27.000 millones de euros, un incremento de unos 3.000 millones de euros. Este incremento responde a la inversión sanitaria como consecuencia del coronavirus, pero cuyo multiplicador fiscal es muy reducido.

España necesita que las inversiones públicas aumenten el crecimiento potencial. De esta forma se cumpliría un doble objetivo: estimular el empleo a corto plazo para asentar la recuperación y elevar el PIB de medio plazo, que es el gran punto débil de la economía nacional. Este gasto público que genera un retorno superior a la inversión inicial es el que lleva años reclamando el Banco Central Europeo, pero sin éxito en el Gobierno.

Pero no todas las inversiones generan un retorno positivo. De ahí que sea fundamental el análisis y diseño de estas políticas. La inversión en infraestructuras genera un retorno muy reducido, principalmente porque el 'stock' de capital en España es muy abultado después de décadas de inversiones. El principal retorno se encuentra en la I+D+i y el capital intangible, partidas en las que España se sitúa a la cola de Europa. De ahí que exista un gran margen de mejora muy analizado por las instituciones nacionales. El cómo está claro, lo que hace falta es el dinero.