La deducción de 1.000 € por guardería lleva a las madres a pleitear contra Hacienda

Hacienda se enfrenta a una oleada masiva de reclamaciones durante los próximos meses y años por el criterio establecido para restringir la deducción de 1.000 euros por los gastos de guardería. El beneficio fiscal, enfocado en la maternidad, se incluyó en los Presupuestos de 2018 para todas las guarderías, pero el reglamento del IRPF elaborado por el ministerio limitó esta ayuda solo para los centros de Educación Infantil, dejando fuera a miles de familias.

El criterio del ministerio se modificó con el cambio de Gobierno tras la moción de censura de 2018, y se formalizó 'a posteriori' a través de la respuesta de la Dirección General de Tributos al respecto. De entre los miles de madres que se quedaron sin la deducción, que podría ser el beneficio fiscal más importante en las declaraciones de la renta, está Elena Manzano, profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Extremadura, que ha creado una asociación para pleitear contra Hacienda.

Manzano ha inscrito la Asociación de Personas Afectadas por la Deducción de Gastos en Guarderías en el IRPF, y asegura que ya tiene decenas de madres asociadas. No en vano, el coste es cero, y la asociación facilita información y borradores estándar para reclamar por la vía administrativa, y se prepara para acudir a la Justicia estableciendo cuotas para cubrir los costes del procurador y abogado.

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La doctora en Derecho, que participó en 2014 en la comisión de expertos en representación de Extremadura para la reforma del sistema de financiación autonómica, cree que el Supremo tendrá que acabar pronunciándose al respecto. Pero el proceso durará años, ya que hay que agotar la vía administrativa antes de acudir a la Justicia.

Para entender la disparidad de criterios, hay que remontarse a la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, que sustituyó a la Logse y estableció que la Educación Infantil es la primera etapa del sistema educativo. Hasta entonces, solo existían guarderías. Después, hubo una distinción. Cualquier centro para el cuidado o custodia de los niños necesita autorización municipal, que tiene en cuenta la salubridad de las instalaciones. Pero para ser centro educativo, hace falta una autorización autonómica con requisitos adicionales, que muchas guarderías no tienen.

En realidad, el concepto de guardería quedó así difuso en la última década entre centros de Educación Infantil y centros de cuidado o custodia de niños. Sin embargo, el decreto ley de los Presupuestos de 2018 especifica que "en cuanto a la deducción por maternidad, se incrementa el incentivo fiscal cuando tenga que soportar gastos por la custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros educativos autorizados, lo que no solo estimulará la incorporación de la mujer al mercado laboral sino que, al tenerse en cuenta tales gastos, facilitará la conciliación de la vida familiar y laboral y el acceso del hijo menor de tres años al primer ciclo de la Educación Infantil". Por gastos de custodia del hijo, la norma entiende las cantidades pagadas "a guarderías y centros de Educación Infantil por la preinscripción y matrícula de dichos menores, la asistencia, en horario general y ampliado, y la alimentación".

El reglamento del IRPF, sin embargo, restringió la deducción para madres con hijos en escuelas infantiles públicas y centros privados autorizados por las comunidades autónomas, que son unas 5.000, según su patronal, la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade). Esta asociación calcula que hay al menos el mismo número de guarderías funcionando con licencia del ayuntamiento pero sin autorización regional para ser centro de Educación Infantil, aunque no hay un registro específico.

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La asociación de Manzano defiende que la deducción tiene por finalidad la conciliación, no la educación en los niños de cero a tres años. El beneficio se incluyó por primera vez en la declaración de la renta de 2018, que había que presentar en 2019. Los centros tenían que rellenar el documento 233 con los datos de los gastos asumidos por las madres, a las que les debe aparecer automáticamente en el borrador. Así, ha habido guarderías que han enviado el documento pese a no ser centro de Educación Infantil, con lo que hay madres que sí se han beneficiado de la ayuda pese a que el reglamento las excluía.

Son una minoría, aun así. La restricción de la Agencia Tributaria ha limitado el gasto asumido por el Estado. La previsión de la memoria de beneficios fiscales publicada en 2018 estimó 781,81 millones, y la de 2019 —cuando se dedujeron los gastos por primera vez— ascendió a 1.029,98 millones, con 843.030 beneficiarias. Según cálculos de Manzano, en un ejercicio de máximos, el aumento habría sido de 843,03 millones en vez de 248,17 millones, con lo que pasaría de ser el cuarto beneficio fiscal más importante al primero.

La asociación facilita asesoramiento y documentos para ayudar a reclamar a Hacienda. Manzano explica que recomienda evitar incluir la deducción —salvo si está por defecto— para evitar sanciones y rectificar la autoliquidación. Cuando llegue la negativa de la Agencia Tributaria, hay un mes para presentar recurso de reposición o ir directamente al siguiente paso, como aconseja, que es la reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) que corresponda.

De esta forma, explica la presidenta de la nueva asociación, hay que agotar la vía administrativa, que “es gratuita”, aunque admite que no tiene confianza en que en ella haya éxito. “Si alegamos la ilegalidad de una norma o reglamento —el reglamento para mí es ilegal y la cuantía es inferior a 6.000 euros—, se pueden tramitar por órganos unipersonales y tendrían seis meses para resolver, en caso contrario, es un año. En ambos supuestos, si es negativo o hay silencio administrativo, hay que ir a la vía judicial con la interposición de un recurso contencioso administrativo”, explica. En la vía judicial, habría que presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia regional, para lo que “se necesita ir con abogado y procurador”. La asociación prevé tener acuerdos con despachos de abogados para establecer tarifas comunes o prestar el servicio a través de un sistema de cuotas para asociados.

Disparidad regional

La autorización para ser centro de Educación Infantil depende de las comunidades autónomas, y no todas tienen los mismos criterios. Asimismo, ya hay deducciones por este concepto, que sirve para ayudar en la conciliación familiar. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay un cheque-guardería que abarata en 100 euros el gasto en centros privados autorizados por la región, con lo que distingue específicamente entre unas y otras guarderías sin dejar lugar a dudas.

La Junta de Extremadura, por su parte, aprobó en mayo un decreto de medidas económicas para paliar los efectos del covid que incluyó una deducción autonómica por cuidado de hijos de hasta 14 años. En este caso, incluyó en el texto los gastos por dejar los hijos al cuidado de “una persona empleada del hogar o en guarderías, centros de ocio, campamentos urbanos, centros deportivos, ludotecas o similares, autorizados por la Administración autonómica o local competente”, incluyendo así todo tipo de centros. La deducción es del 10% de los gastos, con un máximo de 400 euros por unidad familiar.

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En el otro extremo se sitúa Cantabria, donde esta semana el Parlamento regional ha rechazado una propuesta de Vox para equiparar administrativamente las guarderías públicas y privadas, lo que implicaría que los centros privados sin autorización de ser escuelas infantiles puedan pasar a tenerla y deducirse los gastos de guardería en el IRPF. PP y Ciudadanos votaron a favor, pero el PSOE y el PRC votaron en contra.

Precisamente, en Cantabria hay una asociación que está peleando por tener un registro autonómico que facilite alcanzar la deducción. Se trata de la Asociación de Guarderías y Escuelas Infantiles de Cantabria, que nació en 1986 para reivindicar que las guarderías estén exentas del IVA —algo que se consiguió— y que desde 2017 se refundó con el objetivo de que haya un registro autonómico, porque ahora dependen de Servicios Sociales y no lo hace. Pocas tienen autorización como centro infantil, explica la presidenta, Rosa Angulo, por las exigencias: 30 metros cuadrados por aula como mínimo y dos metros cuadrados por niño. Hasta que entró en vigor el decreto que lo regula, la exigencia para las guarderías era de 1,5 metros por niño. El problema, agrega, es que aunque pueden cumplir la ampliación de espacio por niño, el tamaño exigido por aula deja fuera a la mayoría.

En las dos elecciones de 2019, el PP propuso en su programa extender la deducción a todas las guarderías, mientras que el PSOE mantuvo la postura de Tributos. Tanto Unidas Podemos como Ciudadanos fueron más allá sobre esta idea. La formación liderada por Pablo Iglesias prometió “garantizar la cobertura universal y gratuita de la Educación Infantil (cero a tres años)”, dado que según los datos que incluye el programa están sin atender el 60% de los niños de entre cero y tres años, lo que “impide intervenir sobre la herencia de la pobreza”. Ciudadanos también habló de garantizar la gratuidad. Pero ninguno de los dos partidos se pronunció sobre la deducción a corto plazo hasta conseguir que haya guarderías públicas disponibles para todos los niños. Vox, por su parte, no presentó propuestas al respecto.