El Gobierno oculta a Bruselas la subida del gasto que destinará a funcionarios y ERTE

El Plan Presupuestario de 2021 que envió el Gobierno a la Comisión Europea el pasado jueves debería estar plagado de asteriscos, notas al pie y clarificaciones de las posibles interpretaciones. Aunque ya está casi cerrado el proyecto de presupuestos, el Ejecutivo ha optado por omitir una buena parte de sus planes para el próximo año. Un buen ejemplo es la subida de la imposición directa e indirecta con la que pretende elevar la recaudación en más de 4.000 millones en dos años. Hacienda ya sabe cuáles son los impuestos que tocará y ha calculado su impacto presupuestario, pero no ha querido detallar a Bruselas cuáles serán.

Esto significa que la Comisión Europea analizará las medidas incorporadas al Plan Presupuestario sin contar con toda la información necesaria. ¿Cómo podrá valorar la previsión de ingresos del Gobierno si no sabe qué impuestos se tocarán y en qué sentido? Siempre está la opción de que el Gobierno haya informado a la Comisión en privado cuáles son sus verdaderos planes, lo que dejaría herida de muerte la transparencia del proceso presupuestario de la Unión Europea de la que tanto se ha presumido.

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Pero además de la información incompleta, hay otra que directamente se ha ocultado. Es el caso de dos importantes partidas de gasto que marcarán el déficit y la deuda del próximo año: el 'escudo social' en el mercado laboral y el salario de los funcionarios. El Gobierno todavía tiene que decidir qué ocurre con estas dos partidas y negociarlas con los agentes sociales, sin embargo, a la Comisión Europea le ha presentado un Plan Presupuestario en el que ambas aparecen congeladas. Un escenario que desde el punto de vista económico y político parece imposible.

El resultado es que los números enviados a la Comisión Europea son papel mojado desde el primer día. El principio de prudencia presupuestaria aconseja anticipar posibles gastos para así evitar sustos durante la ejecución, pero el Gobierno ha optado por ocultarlos. Y en ningún caso son dos partidas menores: el gasto en desempleo (según la clasificación funcional del gasto) en 2020 superará los 40.000 millones de euros, mientras que la subida del salario de los funcionarios costará más de 3.000 millones.

De cara a 2021, el Gobierno no ha incluido en el Plan Presupuestario una partida destinada a subir el sueldo de los trabajadores públicos. Según el documento, la remuneración de asalariados pasará del 12,9% del PIB en 2020 al 12%. El Ministerio de Hacienda explica en el documento que "esta evolución responde a la finalización, por un lado, del II Acuerdo para la mejora del empleo público vigente para el periodo 2018-2020 y, por otro, de la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prevista para este mismo periodo".

Sin embargo, que haya culminado el II Acuerdo para el empleo público, que firmó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no significa que los sindicatos acepten la congelación de salarios. El Ministerio de Función Pública reunirá en las próximas semanas la Mesa General de la Función Pública para determinar la senda de subidas salariales de los próximos años. Los sindicatos pretenden que en 2021 se cubra la inflación, prevista en el 1%, para al menos garantizar el poder adquisitivo, igual que ocurrirá con las pensiones.

El Gobierno tendrá que soportar la presión de los trabajadores públicos, que perderían capacidad de compra en 2021 con la propuesta de congelación salarial. Huelga recordar la influencia que tienen los sindicatos de la función pública sobre los gobiernos, más todavía en una situación como la actual en la que los servicios públicos son clave para sostener al país. De ahí que todas las opciones estén abiertas y el Gobierno no descarta una subida moderada el año que viene, posibilidad que ni siquiera contempla en el Plan Presupuestario.

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El documento remitido a Bruselas señala que el gasto total en remuneración de asalariados se reducirá en 9 décimas del PIB (hasta el 12%), pero dado el crecimiento económico, el resultado es que el presupuesto real destinado a esta partida crecería en 4.300 millones de euros. Este gasto se destinará a financiar el aumento de las plantillas públicas de diversas administraciones para apuntalar los servicios públicos, como son los profesores y sanitarios contratados en los últimos meses.

El Plan Presupuestario tampoco contabiliza la prórroga del 'escudo social' en materia laboral puesto en marcha al inicio de la pandemia. En especial, se trata de la prórroga de los ERTE y del cese de actividad de los autónomos, las dos medidas estrella del Gobierno para combatir la crisis. Estas ayudas estarán en vigor hasta el 31 de enero, momento en el que el Gobierno tendrá que decidir si las prorroga. El Ministerio de Hacienda solo ha incorporado la previsión de gastos para ese mes de enero, aunque los propios ministros ya están contemplando prorrogar estas ayudas. De hecho, actualmente esta parece la opción más probable si se tienen en cuenta las declaraciones de los ministros de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y de Trabajo, Yolanda Díaz. En declaraciones de la ministra en una entrevista en La Sexta: "No hemos movilizado esta cantidad ingente de dinero para dejarlos caer en el último momento".

El Gobierno solo ha incorporado al Plan Presupuestario el coste de las ayudas laborales hasta el mes de enero. En total, serían algo más de 1.700 millones de euros sumando las prestaciones y las exoneraciones de cuotas de los ERTE y el cese de actividad. Una cuantía significativa que incrementaría rápidamente el gasto público si finalmente son prorrogados más allá de enero.

Cada mes adicional de ERTE supone una décima más de gasto público. Este gasto se contabiliza como déficit salvo en el caso de que la Comisión Europea amplíe las ayudas del SURE (fondo para cubrir el gasto en prestaciones por desempleo). En ese caso, no se contabiliza como déficit (resultado de la 'magia' de la contabilidad europea), pero sí se incorporaría como pasivo de las Administraciones Públicas, elevando así la deuda pública. Sin embargo, todavía no está ni siquiera aprobado el SURE de 2020, por lo que está por ver si en 2021 se reciben fondos.

Esto significa que el riesgo de desviación del gasto público respecto a las cuentas presentadas a Bruselas es máximo. El Gobierno no solo ha optado por omitir este gasto adicional en el Plan Presupuestario, es que tampoco advierte a la Comisión Europea del riesgo de desviación. De ahí que las 109 páginas del Plan estén incompletas. Ahora será el momento de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estime cuál será el gasto real y se lo comunique a Bruselas, como ya hizo en mayo tras la publicación del Programa de Estabilidad.