Escrivá ve "hipocresía" en el rechazo de De Guindos (BCE) a condonar deuda pública

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, se mostró contrario a condonar deuda pública y ya ha obtenido respuesta por parte de Gobierno de España. Ha sido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien se ha manifestado a través de su cuenta de Twiiter, donde ha asegurado que la posición del que fuese ministro de Economía español le suscita "la palabra hipocresía".

Escrivá también ha recordado que "el 30% de la deuda pública del euro está en sus bancos centrales a pesar art. 123 del TFEU", en el que se prohíbe que el BCE adquiera instrumentos de deuda, autorice descubiertos y conceda créditos. Todo esto, después de rememorar una conversación que mantuvo con un gobernador de un banco central americano en la que describía a estos banqueros como "olímpicos", según la quinta acepción de la RAE. Es decir, "altanero", "soberbio".

Esta ha sido su respuesta a las palabras que De Guindos pronuncio este viernes durante su intervención en un acto organizado por LSESU German Society. "La cancelación de la deuda es ilegal, según los tratados, pero quisiera señalar que no es solo una cuestión legal o de que va contra los tratados. La cancelación de deuda no tiene ningún sentido económico o financiero en absoluto", afirmaba.

El vicepresidente del BCE advierte que "este debate sobre cancelación de la deuda creo que es perjudicial, porque al final los gobiernos no ganarían mucho y al mismo tiempo la reputación, credibilidad e independencia de los bancos centrales se vería muy afectada".

También ha señalado que al condonar la deuda en el balance del banco central, este tendrá dificultades para mantener el flujo de dividendos que paga al tesoro nacional, por lo que, desde un punto de vista contable a corto plazo, la condonación de deuda puede suponer un alivio en la ratio de deuda pública del Gobierno, pero con el tiempo, afectaría a los dividendos obtenidos y puede producirse una equivalencia contable con un efecto quizás mayor que el de la cancelación.

Manifiesto de centenares de economistas

Alrededor de un centenar de economistas europeos se han adherido a un manifiesto titulado 'Anular la deuda pública mantenida por el BCE para que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos', encabezado por el economista francés Thomas Piketty. En el caso de España lo suscriben una veintena de economistas, destacando la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, junto a economistas como Jordi Sevilla, José Moisés Martín Carretero o Jorge Fabra Utray.

Los firmantes ven "positivo y útil" el debate sobre la anulación de las deudas en manos del BCE que se ha desarrollado en Francia, Italia, Luxemburgo y Bélgica, así como "en los pasillos de las instituciones europeas, entre los representantes del propio BCE y los distintos ministerios de finanzas de la zona euro", en un contexto en el que casi el 25% de la deuda pública europea se encuentra en manos del banco central, lo que en el caso español se cuantifica en más de 300.000 millones de euros.

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Agencias

Su propuesta pasa por un contrato entre los Estados europeos y el BCE, de forma que la institución monetaria se comprometa a condonar las deudas públicas que posee (o a transformarlas en deudas perpetuas sin intereses), mientras que los Estados se comprometen a invertir las mismas cantidades en la reconstrucción ecológica y social. Estas cantidades alcanzan ya casi 2.500.000 millones de euros para toda Europa y "es suficiente para satisfacer las expectativas del Parlamento Europeo y, sobre todo, para salvaguardar el interés general", aseguran los firmantes del manifiesto.

A su juicio, "sin duda, el BCE puede permitírselo", ya que un banco central puede operar con capital propio negativo sin dificultad y "puede incluso crear dinero para compensar estas pérdidas", sostienen citando el Protocolo número 4 anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Además, añaden que, jurídicamente y en contra de lo que afirman algunos responsables de instituciones europeas, en particular el BCE, la anulación "no está explícitamente prohibida por los tratados europeos".