El Gobierno presenta mañana una ley para contener la subida del precio de la luz

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha avanzado hoy que el Gobierno aprobará, previsiblemente mañana, un proyecto de ley para evitar que la subida del coste de las emisiones de CO2 suponga un encarecimiento de la electricidad, que se encuentra actualmente en máximos históricos.

"Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que el Gobierno va a hacer todo lo posible para que avancemos de la manera que hemos hecho hasta ahora, con la progresiva introducción de las energías renovables sin que esto suponga un encarecimiento del coste de la electricidad", ha subrayado en una entrevista en la COPE.

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El Gobierno hace coincidir esta reforma en el mercado eléctrico, que aún tardaría meses en aprobarse —ya que se trata de un anteproyecto de ley—, con la modificación de la factura eléctrica, que supondrá una subida para más de 10 millones de usuarios que ahora tenían discriminación horaria y verán incrementado su recibo alrededor del 10% si no modifican sus hábitos de consumo y desplazan estos a la noche y el fin de semana.

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Calviño ha señalado que el precio de las emisiones de CO2 "ha aumentado muchísimo en los mercados" y no hay perspectiva de que baje, algo por una parte "bueno" porque incentiva la eficiencia, pero que a corto plazo "lo que hace es subir el coste de la energía".

Moncloa hace coincidir esta reforma en el mercado eléctrico con la modificación de la factura eléctrica

Por ello el Gobierno trabaja en un proyecto de ley "que en principio va mañana al Consejo de Ministros justamente para tratar de evitar que esta subida del coste de CO2 repercuta negativamente en el coste de la energía para los ciudadanos y las empresas", aunque no ha dado detalles sobre su contenido.

'Beneficios caídos del cielo'

Según explica el Ministerio para la Transición Ecológica, el anteproyecto de ley persigue reducir la retribución de las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005 con el objetivo de recortar lo que se conocen como 'beneficios caídos del cielo' ('windfall profits') que supuestamente se llevan tecnologías "baratas", como la hidráulica o la nuclear, al ser remuneradas como las más caras (ciclo combinados) debido a que en el mercado mayorista de la luz los precios se fijan mediante un sistema marginalista.

Para ello, la propuesta de Transición contempla la puesta en marcha un mecanismo de minoración de parte del dividendo de carbono a las plantas no emisoras previas a 2005 que vendan energía en el mercado. Según han explicado fuentes de Transición Ecológica, el Gobierno quiere así compensar el impacto que está teniendo en el precio de la electricidad el alza de los precios del CO2 y posibles consecuencias que esto pudiera tener en la recuperación de las economías domésticas e industrial.

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"Incluso cuando solo el 9% de la electricidad en el mercado es de origen fósil, el sistema marginalista (por normativa europea) hace que ese sobrecoste, de la tecnología que marca el precio en cada momento, sea retribuido por igual a todas las tecnologías inframarginales no emisoras", han recordado desde el Ministerio.

Según la misma fuente, la propuesta del Gobierno se plantea con el máximo respeto al marco normativo europeo y la seguridad jurídica (sentencias europeas avalan mecanismos similares) y con las expectativas legítimas de los inversores que tomaron sus decisiones de inversión en tecnologías no emisoras con posterioridad a la entrada en vigor del sistema europeo de derechos de emisión (2005).

"La propuesta no afecta, por tanto, a ninguna planta posterior a 2005, ni a las que cuenten con retribución regulada, ni a las que se acogen a las subastas ni a ninguna iniciativa de inversión presente o futura", han insistido.

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Con ello, se abrirá paso a la reforma del mercado eléctrico con la eliminación de los "beneficios caídos del cielo" para estas tecnologías del 'mix' energético, que estaba incluido en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. El anteproyecto que previsiblemente irá mañana al Consejo de Ministros debería servir para abrir una negociación "discreta" y "leal" entre los socios de la coalición, le indicaron a Europa Press fuentes gubernamentales.

Desde el pasado mes de enero y con la tensión sufrida en el precio de la luz por el paso de Filomena en la segunda semana de ese mes y la ola de frío en la tercera, que llevó a un episodio coyuntural de subidas alcanzando niveles récord, la reforma del mercado eléctrico volvió a convertirse en tema de debate entre los socios de Gobierno. Y es que la formación morada reclamó con insistencia entonces que se avanzara en el cumplimiento de esta reforma que terminara con los 'windfall profits'.

Derechos de emisión del CO2

Concretamente y con este anteproyecto normativo, las eléctricas tendrán que repercutir en su coste de producción los derechos de emisión del CO2 para estas dos modalidades de generación, por lo que se les descontará del precio del mercado mayorista. De esta forma, su situación será análoga a las condiciones que ya tienen las plantas gasísticas. La previsión es que, en función de los precios actuales por la emisión de CO2 de unos 50 euros por tonelada, dicha minoración (en caso de ser total) tendría un impacto de al menos 1.000 millones, que a su vez supondría un abaratamiento de la factura del 4% o del 5%.

No obstante y en un escenario de un coste de 100 euros por tonelada de CO2, se alcanzarían los 2.100 millones aunque esos niveles se consideran improbables.

La eliminación de estos 'beneficios caídos del cielo' repercutirá, según estas fuentes, a los consumidores particulares y a las pequeñas y medianas empresas. Además, supondrá un incentivo para que las compañías del sector "desplacen" su "tejido productivo" hacia las renovables e ir dejando atrás las tecnologías vinculadas a combustibles fósiles. A su vez, la intención es que el 10% de esa cantidad que se minorará de los llamados 'beneficios caídos del cielo' irá a parar a un mejorado bono social que ayudará a unos 300.000 consumidores vulnerables.

Las citadas fuentes gubernamentales han señalado que se ha optado por ese mecanismo que "jurídicamente está muy armado", tras llegar al convencimiento de que el actual momento requería "avanzar en medidas de alto fondo" en el sector eléctrico.