Industria busca asesores para justificar ante la UE las ayudas al Perte del vehículo eléctrico

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo está buscando asesores para justificar ante Bruselas la concesión de ayudas públicas que planea otorgar al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (conocido como Perte) para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado.

La lluvia de millones que prevé captar España (75.000 millones de euros en ayudas directas y otros 75.000 millones en préstamos blandos) no está exenta de condicionantes. Entre los mismos, los receptores de los fondos comunitarios deben cerciorarse de que dichas ayudas no suponen una ayuda de Estado ilegal por representar una competencia desleal. Algo que desde hace meses es una preocupación de las empresas, ya que si no se dan los pasos correctos, dentro de varios años la Comisión Europea podría reclamar la devolución de dichos fondos.

En este contexto, el departamento dirigido por Reyes Maroto busca asesores que elaboren los informes y den los pasos necesarios para que la concesión de ayudas al Perte del vehículo eléctrico no genere problemas. En dicho proyecto, anunciado a bombo y platillo en Barcelona en presencia del Rey, don Felipe, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se anunció la participación en el mismo de Iberdrola, SEAT o Volkswagen.

Los responsables públicos han señalado en repetidas ocasiones que esperan la participación de otras empresas en estos proyectos transversales. Entre los proyectos que más atención están generando, está la posibilidad de establecer una fábrica de baterías en España capaz de abastecer las distintas plantas de automoción y mantener así la actividad a medio y largo plazo. El sector automovilístico genera en España un 11% del PIB.

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Según consta en documentación oficial, "el Perte para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado contempla ayudas estatales de I+D+i, así como ayudas estatales para objetivos de protección medioambiental y/o energéticos en el sector de la automoción que requieren, con carácter previo a su implementación, la declaración de su compatibilidad con el mercado interior".

La Dirección General de Industria, que lidera Raúl Blanco, es responsable del 'Programa de impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial'. "El conjunto de la inversión para 2021, 2022 y 2023 es un total de 2.289,06 millones de euros destinados al desarrollo de varios Perte en diferentes sectores industriales tales como la automoción, el agroalimentario, el naval, la descarbonización de la industria o farmacia", señala la documentación oficial.

Entre las tareas a desarrollar, el Ministerio de Industria pide a los asesores del Perte al vehículo eléctrico, entre otras cosas, que proporcionen "justificación de que los efectos negativos de la medida de ayuda en términos de falseamiento de la competencia e impacto en el comercio entre los Estados miembros son limitados y no superan los efectos positivos en cuanto a contribución al objetivo de interés común".

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"Este proceso de verificación de la compatibilidad con el mercado interior consta de diversas fases. En primer lugar, se comunica de manera informal a los servicios de la Comisión Europea la estructura y objetivos del Perte, así como el marco jurídico en el que se pretenden anclar las ayudas mencionadas. En segundo lugar, se inicia un procedimiento denominado 'prenotificación', que supone la apertura de un expediente, donde se establece una interlocución directa con un equipo técnico designado por la Comisión para dicho expediente y en el que se perfila un esquema de ayudas compatible. Por último, se produce la tercera fase, de 'notificación', donde la Comisión somete el esquema a un análisis definitivo por parte de todos los servicios implicados, cuyo resultado final es una decisión de la Comisión donde queda definido de manera clara el alcance y las exclusiones del esquema", explica la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, dirigida por Galo Gutiérrez.

Además, la Secretaría General de Industria advierte de que este es un requisito 'sine qua non' y que "el no cumplimiento de esta exigencia en tiempo puede comprometer el desembolso de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Reglamento (UE) 2021/241) por no haber cumplido los hitos".