CEOE propone negociar una senda para subir el SMI en 2022 y 2023, pero no este año

Si el Gobierno quiere subir el salario mínimo interprofesional (SMI) este año, tendrá que hacerlo sin acuerdo con los empresarios. A medida que pasan los días y aumenta la presión del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos, la CEOE va reforzando su posición. Los empresarios no apoyarán esta vez al Gobierno en la subida del SMI, sea cual sea la oferta. El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, cuenta con unanimidad interna para rechazar todas las propuestas del Gobierno que se sucederán en los próximos días. Trabajo pretende mantener los contactos informales durante la próxima semana, apurando los plazos para llevar al Consejo de Ministros el alza del SMI a mediados de septiembre.

La CEOE considera que la subida del SMI es una mala decisión económica y un peor mensaje político. En su opinión, la prioridad ahora es consolidar la recuperación, ya que tras el final del verano llegan los ‘meses valle’ del año en los que la actividad económica se ve ralentizada hasta la campaña navideña. Sin embargo, propone negociar una senda de subida del SMI para 2022 y 2023, años en los que la recuperación ya debería estar asentada, señalan fuentes de la patronal.

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De esta forma, la CEOE muestra que no se opone a una futura subida del SMI hacia el 60% del salario medio, tal y como determinó el comité de expertos consultado por el Gobierno y en el que también participó la patronal. Lo que piden los empresarios es prolongar hasta final de año esta congelación del salario mínimo y trabajar, con tiempo, en una senda que arroje luz sobre la política laboral del Ejecutivo. Esto daría una salida al Gobierno para retomar el proceso de subida del salario mínimo dando tiempo a las empresas para superar estos meses todavía complicados en lo económico.

Con esta propuesta de la CEOE, se plantean tres escenarios que el Gobierno tendrá que dirimir en los próximos días. El primero, el de los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, que la subida del SMI sea retroactiva al 1 de septiembre. El segundo, del Ministerio de Economía, que propone aplicar la subida desde el 1 de octubre. Y el tercero, de la CEOE, que reclama retrasar la subida hasta el 1 de enero.

Se trata de un periodo de cuatro meses de diferencia, casi insignificante desde el punto de vista macro y microeconómico, pero clave para el relato político. Por ejemplo, si el SMI se subiese finalmente 15 euros a partir del 1 de septiembre, en el mejor de los casos implicaría un aumento del salario de 60 euros hasta el final del año.

Con esta propuesta, la CEOE evita dar una negativa cerrada, sino que muestra un camino alternativo para el consenso. Sin embargo, para los sindicatos no es aceptable esperar hasta que termine el año para subir el salario mínimo, máxime en una coyuntura en el que el precio de la luz y el gas se está disparando.

El juego de los incentivos

El Ministerio de Trabajo confía todavía en convencer a la patronal para que acepte un acuerdo como ha logrado hasta ahora. Sin embargo, en esta ocasión el juego de los incentivos puede jugar en su contra. En primer lugar, porque el margen de la CEOE para ‘minimizar el daño’ es ínfimo, no como en otras ocasiones en las que entró en el acuerdo porque consiguió importantes mejoras. Esta vez, la horquilla de subida del SMI que ha propuesto Trabajo va desde los 12 hasta los 19 euros. Esto implica que la diferencia, en términos salariales, sería de un máximo de 7 euros al mes, 28 euros en total hasta el final del año. Una diferencia mínima para cualquier empresa.

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En segundo lugar, porque Garamendi ha recibido ya muchas críticas, internas y externas, por su pactismo, por lo que necesita alejarse del Gobierno. Además, cuenta con respaldo unánime dentro de la confederación, por lo que no tiene motivos para enfrentarse a su gente.

Por último, la negativa de la CEOE no condiciona la decisión última del Gobierno, ya que la fijación del salario mínimo es una competencia exclusiva del Consejo de Ministros. Esto es muy importante, porque en otras negociaciones sociales, la posición de la CEOE condiciona el voto de muchos partidos en el Congreso, en especial los liberales. Sin embargo, como el SMI no tiene que pasar por las Cortes, la patronal no tiene capacidad real de veto y tampoco de apoyo para que la subida salga adelante.

En resumen, para Garamendi apoyar al Gobierno tendría un elevado coste interno con pocos resultados prácticos. De hecho, nada garantiza que los sindicatos vayan a aceptar una subida que pudiera ser razonable para la patronal. Sin embargo, rechazar la subida del SMI permitiría al presidente de la patronal reforzar su posición de independencia sin comprometer la decisión última que adopte el Gobierno.