El pacto de rentas es un hecho: los salarios pierden y las empresas asumen parte del IPC

Se puede alcanzar un pacto de rentas mediante un acuerdo formal entre sindicatos y empresarios o, por el contrario, se puede lograr el mismo objetivo mediante una política de hechos consumados. Y esto es, precisamente, lo que está sucediendo. La señal que llega desde el lado de los convenios colectivos es que este año los salarios perderán poder adquisitivo de forma muy significativa, mientras que, en paralelo, las empresas no están en condiciones de trasladar todo el aumento de costes a sus clientes y consumidores, lo que significa lisa y llanamente que tendrán que asumir parte de lo que suba la inflación. Es decir, un pacto encubierto de rentas sin necesidad de formalizarlo.

El análisis lo ha hecho el Banco de España en su última revisión de las proyecciones macroeconómicas, y la información estadística más reciente lo refleja negro sobre lo blanco.

Mientras que la inflación crece actualmente a un ritmo anual del 9,8% —el año 2022 se cerraría con un IPC medio equivalente al 7,5%, según el banco central—, los salarios en convenio apenas han crecido un 2,26%, según el Ministerio de Trabajo. En el caso de los convenios de empresa, con un importante sesgo en favor de las grandes, el incremento sería del 2,47%. En todo caso, muy por debajo de lo que están creciendo los precios.

De la misma forma, la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Económica (EBAE) ha observado que las empresas “habrían repercutido solamente una parte limitada de sus aumentos de costes a los precios de venta de sus productos”, como apunta la edición más reciente, referida al primer trimestre de 2022. Casi el 79% de las sociedades encuestadas prevé que sus costes serán superiores a los actuales en el horizonte de un año, frente al 75,9% del trimestre pasado, pero, en el caso de los costes laborales, las previsiones “solo han aumentado levemente respecto del trimestre pasado”. Es decir, los costes salariales no estarían presionando de forma relevante sobre los gastos. Su importancia radica en que los costes salariales suponen en muchos casos las dos terceras partes de los gastos empresariales, o, incluso, más.

Expectativas de inflación

El trabajo de campo de esta encuesta se ha hecho entre el 23 de febrero y el 10 de marzo, con lo que las respuestas ya recogen el impacto de la guerra sobre su actividad y sus expectativas de inflación. En la encuesta han participado cerca de 14.500 sociedades, de las que un 36,6% son colaboradoras habituales de la Central de Balances. Se trata, por lo tanto, de un trabajo muy representativo.

Este pacto silencioso entre trabajo y capital, ajeno a las cámaras y a las discusiones públicas que pueden interferir en el resultado final, significa que, por el momento, no parece inevitable una inflación de segunda ronda, que sería lo más preocupante para la economía si se desencadena una espiral inflacionista.

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Esto se manifiesta con toda claridad al observar la creciente distancia entre la inflación y la inflación subyacente, que elimina los componentes más volátiles y, por lo tanto, menos previsibles, como son la energía y los alimentos no elaborados. Y lo que dice el último dato de Estadística es que la distancia se ha ensanchado hasta los 6,4 puntos porcentuales en marzo, la mayor diferencia en décadas. Mientras que el IPC se sitúa en un 9,8%, la inflación subyacente alcanza el 3,4%.

Ahora bien. Esta tasa, sin duda, es elevada, la más alta desde septiembre de 2008, pero, si se compara con el IPC general, hay que recordar que, en este caso, habría que retroceder al año 1985, lo que refleja la diferente naturaleza de ambos periodos inflacionistas. Mientras que en los años 70 y 80 la inflación prendió con rapidez en todo el sistema productivo (inflación subyacente), el actual episodio no parece que esté provocando el mismo efecto (inflación general). Esto hace, como sostiene el Banco de España, que detrás de sus nuevas proyecciones se encuentre el convencimiento de que no habrá inflación de segunda ronda, lo que explica que, según sus previsiones, la tasa de inflación descendería hasta el 2% en 2023 y hasta el 1,6% en 2024.

Trabajo y capital, por lo tanto, se están repartiendo —otra cosa es que se haga de forma equilibrada— los costes del aumento de las materias primas y de la posterior invasión en Ucrania. De hecho, tampoco en 2021, cuando la inflación comenzó a subir en vertical, se han observado tensiones relacionadas con los costes laborales. Los datos de Estadística, en concreto, estiman que el año pasado el coste laboral por trabajador y mes alcanzó los 2.874 euros al finalizar el cuarto trimestre de 2021, lo que supone un aumento del 4,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, muy por debajo de la inflación, y hay que tener en cuenta que esa tasa incorpora las mayores horas trabajadas por el levantamiento de muchas restricciones derivadas del covid.

Cláusulas de revisión

Uno de los factores clave que explican que no haya inflación de segunda ronda tiene que ver con la menor extensión en los convenios colectivos de las cláusulas de revisión salarial, que garantizan el poder adquisitivo de los salarios si se producen desviaciones respecto de las expectativas de precios. En 2021, solo el 15,7% de los convenios la habían incluido, y no siempre se garantiza el 100% de la desviación, mientras que en 2022, todavía con muchos convenios sin firmar, el porcentaje ha aumentado hasta el 30,8%.

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Eso quiere decir que siete de cada 10 convenios no incorporan un aumento automático de los costes salariales al ritmo que marca la inflación, que es lo que sucedió en los años 70 y 80. Sin tener en cuenta que entonces se negociaba sobre inflación pasada, lo que retroalimenta la espiral de precios, y ahora se hace sobre inflación futura.

No se trata de un fenómeno nuevo ni estrictamente español. Como recuerdan los economistas del banco central, el mayor grado de holgura en el mercado de trabajo de la eurozona (más desempleo) en relación con EEUU y las menores expectativas de inflación limitan las presiones salariales. Y, en España, hay que recordarlo, el paro no bajaría del 13% (12,8%) hasta el año 2024, lo que hace que las presiones sindicales en busca de mejores salarios sean menores. Los trabajadores temen perder el empleo si presionan con huelgas u otras medidas coercitivas.

Tampoco se observan presiones desde la demanda interna que alimenten la inflación, toda vez que si los hogares perciben un aumento de los precios, como es evidente, tienden a responder al encarecimiento de su cesta de la compra reduciendo su consumo, lo que en última instancia engorda el ahorro por motivos de precaución.