La mano derecha de Almunia en Bruselas cuestiona la reforma de pensiones de Escrivá

La reforma del sistema público de pensiones no solo preocupa a los españoles, en el Parlamento Europeo también hay dudas sobre los cambios normativos propuestos por el Gobierno para recuperar la indexación al IPC. El último alto cargo que muestra su preocupación es Carlos Martínez Mongay, el que fuera mano derecha de Almunia en la Comisión Europea y director adjunto de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión. En un informe publicado por el 'think tank' del Parlamento Europeo junto con otros autores, señala que la primera parte de la reforma pone en riesgo el déficit público de España y que la segunda parte, la que aún no está aprobada, podría sufrir cambios significativos ante la oposición social a la medida.

El informe no desvela nada que antes no dijeran otros organismos internacionales, con la diferencia de que en esta ocasión se trata de una voz reconocida en Bruselas que firma en el 'think tank' del Parlamento Europeo. El informe comienza señalando que el plan de recuperación español “será muy positivo para la economía”, ya que permitirá impulsar algunos cambios que no se habrían producido sin los recursos europeos ni la presión de los socios. Sin embargo, el plan deja algunos cabos sueltos que pueden terminar 'hundiendo el barco', como son el déficit estructural y la elevada deuda pública, que “no serán corregidos completamente” con las reformas presentadas. Esta preocupación por las cuentas públicas no es nueva y las pensiones, que son la gran partida de gasto de cara a las próximas décadas, están en el origen de las dudas. “Algunas de las reformas aprobadas, como la laboral o la de pensiones, corrigen, pero no resuelven completamente, los problemas nacionales”, señalan.

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En esta ocasión, las dudas van en una doble dirección: las dificultades presupuestarias para afrontar la factura de la indexación al IPC y las protestas sociales contra algunas de las medidas que están por llegar. Dudas que operan de forma alternativa: si la reforma garantiza la viabilidad del sistema, podría no ser aceptable para la sociedad y viceversa. Eso fue lo que ocurrió con la reforma del año 2013, que ha quedado derogada definitivamente, ya que cargaba todo el peso del ajuste sobre los pensionistas.

La propuesta del Gobierno va en el sentido opuesto: garantiza el ‘statu quo’ de los pensionistas y carga el ajuste sobre los trabajadores actuales y sobre la deuda pública (los trabajadores del futuro). El problema es que este sistema genera mucho gasto en pensiones, ante lo que los autores advierten: "Creemos que las medidas no van lo suficientemente lejos como para mantener el sistema de pensiones y evitar futuros incrementos del déficit público de España".

"Algunas de las reformas, como la laboral o la de pensiones, corrigen, pero no resuelven completamente, los problemas nacionales"

La primera parte de la reforma de las pensiones, la que ya se ha aprobado, establece desincentivos a la jubilación anticipada como la gran apuesta para mejorar el saldo presupuestario del sistema. Sin embargo, se trata de previsiones sujetas a una gran incertidumbre, ya que todo depende de que la voluntad de los trabajadores para abandonar el mercado de trabajo de forma anticipada no sea superior a la penalización establecida. Y no solo eso: también es necesario que las empresas acepten a los trabajadores mayores, ya que en la actualidad prescinden de estos a medida que se acercan a los 60 años y muchos se ven en la obligación de aceptar jubilaciones anticipadas ante la imposibilidad de seguir cotizando.

La segunda parte de la reforma de las pensiones tendrá que aprobarse en los próximos meses. Se compone de dos elementos principalmente: la subida de cuotas a los autónomos (reforma del RETA) y la polémica ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la jubilación. Medida esta última que ha entrado y salido de forma intermitente de la agenda del Gobierno.

Martínez Mongay y el resto de investigadores escriben que estas reformas podrían generar contestación social. “La presión pública podría revertir algunas de estas propuestas”. De hecho, ya lo ha hecho: los sindicatos consiguieron tumbar la idea inicial del mecanismo de equidad intergeneracional. El plan de recuperación pactado con la Comisión señalaba que este mecanismo intergeneracional estaría diseñado para actuar en el cálculo de la pensión: “En el acceso a las pensiones”. Aunque el plan no daba muchos detalles, sí abogaba por “recuperar para el diseño del nuevo mecanismo el planteamiento consensuado en la reforma de 2011”.

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Este factor de sostenibilidad, incorporado en la Ley 27/2011, estaba concebido para “mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad”. La pensión de jubilación debería revisarse en función de la esperanza de vida para evitar que los beneficiarios cobrasen mucho más de lo aportado, como ocurre actualmente. Este factor de sostenibilidad no entró en vigor entonces y el Gobierno actual optó por descartarlo finalmente y, en su lugar, subió las cotizaciones a los trabajadores y las empresas.

Los autores consideran que la parte de la reforma de pensiones que todavía queda pendiente podría tener una fuerte contestación social. La subida de cuotas a los autónomos es uno de los mejores ejemplos: la Seguridad Social tiene estancada esta negociación y ha registrado escasos avances en las últimas semanas por la oposición de las asociaciones de autónomos. Las que representan a los trabajadores con menores ingresos exigen una bajada de cuotas (lo que agravaría el déficit del sistema) y los que ganan por encima del SMI rechazan una gran subida de las cuotas como la que ha propuesto el Gobierno.

Con la indexación de las pensiones al IPC ya aprobada, si el resto de medidas son insuficientes para financiar el gasto, será necesaria una subida de impuestos que permita abonar esta factura. Así lo reconoce el Gobierno en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas hace dos semanas: “Este proceso [subir los impuestos] es crucial, ya que áreas como la sostenibilidad del sistema de pensiones dependen de este incremento de ingresos”. El informe de Martínez Mongay señala que el plan de recuperación del Gobierno “adolece de falta de concreción en cuanto a las reformas estructurales a adoptar; se fijan los objetivos, pero no se especifican las medidas a adoptar, especialmente en lo que se refiere a la reducción del déficit, en particular del déficit estructural”.

En definitiva, la futura subida de impuestos o la rebaja del gasto público son una incógnita a día de hoy. De ahí que sea imposible predecir cuál será su efecto para equilibrar las cuentas públicas o para contrarrestar el incremento del gasto en pensiones. Todo queda pendiente de una sorpresa de última hora.