La inflación amenaza con comerse toda la subida del salario mínimo de la legislatura

El Gobierno de coalición inició su andadura en el año 2020 con una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de casi el 6%, hasta los 950 euros al mes en 14 pagas. Esta subida marcaba la intención del nuevo Ejecutivo de mejorar los ingresos de los trabajadores con menos recursos. Sin embargo, la llegada de la pandemia y de la inflación después podría provocar que el salario mínimo terminara la legislatura perdiendo poder de compra.

El Ministerio de Trabajo pretende subir un 4,9% el SMI en 2023, hasta los 1.049 euros al mes en 14 pagas. Esto significa llegar hasta la banda alta del rango que fijó el comité de expertos nombrados por la vicepresidenta Yolanda Díaz. De esta forma, al final de la legislatura, el SMI se habrá elevado casi un 17%, sin embargo, los trabajadores podrían terminar la legislatura percibiendo cómo su capacidad adquisitiva real se reduce.

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La crisis inflacionista que vive Europa está provocando una intensa pérdida de poder de compra a la mayor parte de los trabajadores. En el caso del SMI, a pesar de las subidas aprobadas para 2021 y 2022, la inflación ha sido tan intensa que se ha comido incluso el alza que se acordó al inicio de la legislatura. Al finalizar este año, la inflación acumulará una subida de, al menos, el 11%, una cifra idéntica al alza del SMI en estos tres años.

De cara a 2024, el Ministerio de Trabajo pretende que la subida sea de casi el 5%. En esta ocasión hay poco debate interno dentro del Ejecutivo, ya que desde Moncloa se apoya que el SMI alcance el rango alto de las bandas que fijó el comité de expertos y así completar el ‘giro a la izquierda’ trazado por el presidente Sánchez. Si se tienen en cuenta las previsiones de inflación actuales, esta subida del SMI apenas permitiría una mínima subida del poder de compra, inferior al 2% en cualquier caso. Sin embargo, si la inflación se desvía al alza, los trabajadores con menores ingresos terminarán la legislatura con un salario real inferior al que tenían en 2019.

Actualmente, las previsiones del consenso de analistas apuntan a una subida de los precios de media en 2022 del 8%, y para 2023 la subida se moderaría hasta el 3,5%. Con esta variación de los precios, la capacidad de compra del SMI se incrementaría apenas un 1,4% a lo largo de la legislatura. Sin embargo, el margen es tan estrecho y los riesgos inflacionistas son tan elevados que es probable que el SMI real termine la legislatura por debajo de donde empezó.

Los expertos coinciden en señalar que los riesgos sobre las previsiones de IPC se sitúan al alza. De hecho, los datos del IPC de julio han provocado que las últimas revisiones realizadas por los expertos sean al alza. Por ejemplo, Funcas, que tiene uno de los equipos de previsión sobre la economía española más respetados, anticipa un alza de los precios del 8,8% para este año y un 4,8% adicional para 2023. En ese caso, los salarios terminarían la legislatura perdiendo casi un punto de poder adquisitivo.

El riesgo de que se produzca una desviación al alza del IPC es tan evidente como que nadie conoce cuál va a ser la estrategia comercial de Rusia con el suministro de gas y petróleo a Europa. Sí parece más cierto que la guerra en Ucrania no va a terminar en el corto plazo y que el Kremlin busca desestabilizar socialmente Europa utilizando la energía como arma.

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También es posible que la inflación sorprenda a la baja. Sin embargo, hay menos probabilidades, ya que las expectativas actuales contemplan una rápida moderación de la escalada de los precios ya desde la segunda mitad de este año. Por ejemplo, el Panel de Funcas, que recoge las principales casas de análisis que cubren a España, estima que la inflación será del 7,9% este año y que se moderará hasta el 3,1% el próximo año. Esto es, una inflación que será de menos de la mitad.

La subida en 2024

Una de las tareas que abordará el comité de expertos en su próxima reunión, que se celebrará el 2 de septiembre, es la nueva senda salarial para adaptarse al incremento del salario medio durante esta legislatura. A principios de 2021, cuando el grupo de expertos fijó cuál era el 60% del salario medio (nivel al que quería llegar el Gobierno), lo hizo sobre la base de los registros salariales de 2019 y 2020. Pero esto ha cambiado de forma significativa en el último año como consecuencia de la inflación.

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Esta será la tarea más importante que desarrollará el comité en los próximos meses, explican fuentes internas. Una vez que el SMI se sitúa en el entorno del 60% del salario medio, ahora hay que diseñar mejores herramientas para que las subidas posteriores se realicen teniendo en cuenta cómo evolucionan los salarios en el país.

Esto es, evitar que ocurra una situación como la actual, en la que el SMI se sigue moviendo por debajo del salario medio. Para ello, no solo es necesario estudiar cuál es el nuevo nivel correspondiente con el 60% del salario medio, también hay que determinar cómo calcular automáticamente esta cifra en el futuro. Sin embargo, es difícil que este sistema se ponga en marcha antes de 2024, ya que el Gobierno podría sufrir tensiones internas si el Ministerio de Trabajo propone ahora una subida del SMI superior al 5% planteado.

Aunque el empleo ha crecido intensamente hasta ahora, en la segunda mitad del año se avecinan curvas, como bien han mostrado los últimos datos de afiliaciones a la Seguridad Social. Por primera vez en un mes de julio se destruyó empleo. Además, la inflación está elevando rápidamente los costes que soportan las empresas, de modo que incrementarlos mucho con subidas de salario por decreto podría ser perjudicial para el empleo. De ahí que la buena voluntad inicial del Ministerio de Economía pueda tornarse en resistencia si Trabajo aprieta mucho con sus exigencias.