El Gobierno prevé pagar a las eléctricas parte de la luz y el gas de empresas en crisis vía PGE

El Gobierno prevé pagar a las distribuidoras eléctricas y gasistas parte del recibo de empresas en apuros tras vaticinar un escenario de crisis en los próximos meses. Para evitar quiebras y salvar empleos, se plantea la posibilidad de asumir con dinero público parte el coste energético de aquellas empresas que decidan reducir la potencia contratada de electricidad y gas, para así rebajar el pago de su factura a final de mes.

La medida está incluida en el plan de ahorro energético enviado a Bruselas y aprobado en el Consejo de Ministros este martes. Se trata de la medida 49, de las 73 del plan: "Flexibilidad de contratos electricidad y gas". De aprobarse, el Gobierno recuperaría una medida de ayuda vía presupuestos que ya aplicó —aunque solo para la electricidad— durante la pandemia.

Según el texto concreto elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, "una medida a explorar es la flexibilización temporal de las potencias contratadas tanto en los contratos de suministro de electricidad como de gas".

La letra pequeña de la medida, sin embargo, es que los ciudadanos asumirán el pago de parte del recibo de las empresas que cobran las eléctricas. Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y el resto de energéticas afectadas no verían impacto alguno por la medida: "Para garantizar la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico antes mencionada, esta medida deberá ir acompañada de una compensación económica proveniente de los presupuestos generales del Estado equivalente a la merma de ingresos para el sistema provocada por la articulación de dicha medida", explica el Gobierno.

Justifica la medida ante la crisis que viene

El departamento bajo responsabilidad de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, justifica la medida en un escenario de deterioro económico y asegura que "la actual crisis energética de precios y de abastecimiento causada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia tiene múltiples dimensiones, siendo una de ellas la gravosa situación a la que se enfrentan las empresas e industrias de todos los sectores".

En este sentido, el Gobierno extiende la crisis y considera que "si bien son las industrias grandes consumidoras de gas y electrointensivas las primeras en padecer los efectos negativos de la crisis, este efecto se acaba trasladando a los restantes sectores de actividad en cuanto las cadenas de valor y de abastecimiento empiezan a contagiarse de la escalada de precios de los productos energéticos".

El Ejecutivo justifica la ayuda pública ante potenciales quiebras: "Esta situación menoscaba la liquidez de las empresas afectadas y, en algunos casos, incluso puede acabar comprometiendo su propia solvencia y viabilidad económica, por lo que resulta necesario articular instrumentos de acompañamiento excepcionales que relajen las presiones de liquidez antes descritas".

"La situación menoscaba la liquidez de empresas afectadas, incluso puede comprometer su propia solvencia y viabilidad económica"

Para aliviar la situación de empresas en crisis, el Gobierno se plantea ahora que puedan rebajar la potencia contratada, una medida que tiene mucho sentido para aquellas empresas que actualmente están paradas y no tienen actividad. Así se ofreció en la pandemia. A empresas que no podían trabajar se les permitió reducir su factura por esta vía. La cuestión no es baladí en este momento, porque cada vez hay más grandes empresas que han parado parcial o totalmente su producción por los costes energéticos, con lo que en la crisis actual necesitarían mucha menos potencia contratada, un término fijo de la factura que se paga sea cual sea el consumo.

Grandes empresas industriales de alto consumo como Alcoa, Acerinox, ArcelorMittal, Ferroatlántica, Fertiberia, Sidenor o Celsa, entre otras, están activando ERTE por la reducción de su producción. Los despachos de abogados están recibiendo muchas consultas de las empresas a este respecto. Todo ello apunta a que la medida será del interés de muchas empresas. El FMI ha dicho este martes que el invierno de 2023 será aún más duro que el de 2022.

El Gobierno, sin embargo, aún no revela cuál puede ser el coste para los contribuyentes de esta medida. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica creen que aún es pronto para saber cuántos fondos habrá que transferir a las eléctricas, lo que dependerá de la regulación definitiva, así como del número de empresas que se acojan a la misma.

TE PUEDE INTERESAR

La industria prevé ERTE masivos por la crisis energética y duda de las ayudas del Gobierno

Juan Cruz Peña Irene Cortés

No obstante lo anterior, la regulación vigente, que el Gobierno considera que en estas circunstancias puede ser un lastre, no permite lograr dichas ayudas a las empresas. El Gobierno explica que "la actual regulación sectorial impide que se realice más de una modificación cada 12 meses de las potencias contratadas en los referidos contratos. Con carácter general, la anterior regulación se justifica tanto en razones de sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista como en razones de equidad. Sin embargo, dicha regulación puede constituirse como un lastre para ciertos sectores de negocio que tienen que hacer frente a unos costes fijos en las facturas de electricidad y gas muy relevantes".

"Por ello, en la actual coyuntura de precios energéticos, parece prudente adoptar una cierta flexibilización de la regla general de contratación antes descrita, lo que permitirá aliviar la situación económica de dichas empresas, revirtiendo dichos beneficios en última instancia al conjunto de la sociedad por el mantenimiento a medio y largo plazo de la actividad productiva y el empleo".