El bono social se estanca en 1,3 M de hogares pese al intento del Gobierno por extenderlo

El intento por llevar el bono social a las clases medias bajas ha fracasado. El Gobierno reconoce que la ayuda para pagar la luz y la calefacción llega actualmente a 1,3 millones de hogares, la misma cifra que señalaba en marzo. Más de medio año después, el Ejecutivo no ha sido capaz de ampliar la base de perceptores, pese al cambio normativo para relajar los requisitos de acceso. El aumento de los umbrales de renta ha sido un fiasco, y el objetivo de sumar 600.000 beneficiarios más se ha quedado en un mero anuncio. Mientras, las asociaciones de consumidores denuncian las dificultades de los trámites de solicitud, un proceso engorroso que sigue recayendo en manos de las empresas.

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La sorpresa saltaba este jueves, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el aumento de las cuantías del bono social. La subvención del recibo de la luz para los consumidores vulnerables pasará del 60 al 65%, y del 70% al 80% en el caso de los vulnerables severos. Para el bono social térmico, que se concede de forma automática a todos los beneficiarios del eléctrico, las cuantías mínimas anuales aumentan de 35 a 40 euros, y las máximas, de 350 a 375. Una buena noticia, sin duda, para quienes ya reciben las bonificaciones, que el propio Sánchez estimó en 1,3 millones de hogares. ¿Cómo podía ser que el número no hubiese aumentado desde los cambios de requisitos del pasado marzo? El Confidencial se puso en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica, que confirmaba la cifra adelantada por el presidente y demuestra el fracaso de los criterios aprobados la pasada primavera en el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra.

En aquel momento, el Ejecutivo dictaminó la renovación automática del bono durante dos años y el aumento de los umbrales de renta para intentar que la ayuda llegase a todos los afectados por la pobreza energética: unos dos millones, de acuerdo con las proyecciones de este periódico a partir de los datos del propio ministerio. Según explicó entonces la titular del ramo, Teresa Ribera, la relajación de esos requisitos permitiría incrementar en al menos 600.000 el número de perceptores, incluso con la incorporación de un puñado de rentas medias bajas afectadas por la inflación. Las tablas publicadas en aquel momento resultan elocuentes: una pareja con dos hijos, por ejemplo, podría recibir el bono siempre que sus ingresos anuales no superasen los 22.700 euros, un 12% más que antes del real decreto.

Pero la realidad no ha sido así. Según confirman fuentes del ministerio, el número de perceptores se mantiene invariable, muy por debajo del anunciado por el Gobierno tras la última reforma. La cifra de potenciales beneficiarios, reconocen, incluso podría superar los dos millones. En otras palabras: el Ejecutivo quería que un 45% más de familias se acogiesen a la medida y lo que ha conseguido es que al menos un tercio de los que tendrían derecho a ella se quede fuera.

El nuevo paquete presentado por Sánchez, y que se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros, reconoce, de alguna manera, ese fiasco. La Moncloa ha ideado ahora una medida complementaria que busca proteger a los "hogares trabajadores con bajos ingresos" del incremento de la factura eléctrica. El número de perceptores llegará a 1,5 millones, según calcula el Gobierno, y la subvención, de hasta el 40% del recibo, será incompatible con el bono social, matizan desde el departamento de Ribera.

El 'público diana' coincide con el del fracasado real decreto de primavera: las clases medias bajas, que sufren la peor crisis inflacionista en medio siglo. La ministra ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser que la nueva ayuda irá destinada a personas que vivan solas y ganen hasta 16.000 euros, a dos personas que vivan juntas e ingresen hasta 20.000 euros entre ambas, a dos adultos y un niño que no junten más de 23.000 euros o a un núcleo familiar de varios miembros cuya renta conjunta se quede en torno a 28.000.

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De momento, los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no sirven para extraer conclusiones. El último 'Boletín de indicadores eléctricos' sitúa en 1,22 millones el número de hogares acogido al bono social. Sin embargo, son cifras de marzo, por lo que resulta imposible conocer el impacto de la flexibilización de los requisitos aprobada en el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra.

Las causas del fracaso

Las asociaciones de consumidores han celebrado el nuevo paquete, pero insisten en que resulta insuficiente. No tanto por las cuantías económicas, que no paran de aumentar. Tampoco por la cantidad de energía subvencionada, cuyos umbrales el Gobierno incrementará en un 15%. Y ni siquiera por los límites de renta para acceder a la bonificación, que son cada vez más generosos. El principal problema es que la ayuda no está llegando a quien tiene derecho a ella. ¿Por qué?

La principal causa, una vez más, son las asimetrías en la información. Como en la mayoría de las políticas públicas, los grandes beneficiados acaban siendo quienes tienen los medios para enterarse y solicitar las ayudas, lo que supone un gran hándicap para el objetivo redistributivo del estado de bienestar. En un comunicado, Facua-Consumidores en Acción reclama que el Gobierno emprenda "una campaña institucional de información para conseguir llegar a un mayor número de usuarios". Y lo mismo demanda la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae).

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Los expertos coinciden con esta percepción, y muchos piden que se simplifiquen los trámites administrativos para no dejar fuera a quienes tienen más dificultades para entenderlos. Incluso algunos han llegado a reclamar que la subvención se conceda de forma automática, como sucede, por ejemplo, en Suecia, con el argumento de que los costes de que se 'cuele' alguien que no merece la ayuda son inferiores a los de la burocracia actual. Y, desde luego, al coste no monetario de dejar a tanta gente excluida. En un informe publicado este viernes, Jorge Galindo y Natalia Collado, de EsadeEcPol, ponen el dedo en la llaga: "La lógica de estos beneficios sigue siendo 'opt-in'. Es decir: un hogar tiene que solicitar acceder al mismo. Aunque se relajaron los accesos en abril, siguen existiendo importantes barreras".

La primera de ellas es que son las propias empresas comercializadoras —que financian la medida— las encargadas del papeleo, lo que ofrece pocos incentivos para agilizarlo. En ese sentido, Facua denuncia que las compañías "ponen excesivas trabas a los consumidores y dilatan innecesariamente los tiempos para conseguir el bono", y pide un cambio regulatorio "de calado" para simplificar los trámites. Galindo y Collado defienden que la única manera de maximizar su alcance es requerir la menor cantidad posible de documentación, e incluso abogan por automatizar la concesión de la prestación. La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, diseñada por el propio ministerio, ya recoge esa idea en su página 9.

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Todos los anteriores son factores estructurales, que están en el propio origen de la medida. Pero además de esos pecados originales, existe un factor coyuntural que también ayuda a explicar por qué el bono social se ha quedado estancado. Para recibirlo, es necesario estar acogido a la tarifa regulada, cuyos importes se han disparado durante los últimos meses, hasta batir varios récords mensuales. La conocida como PVPC está directamente ligada a los precios del mercado mayorista, que ha registrado máximos históricos desde el inicio de la crisis energética, arrastrando a los recibos. En ese escenario, se está produciendo una migración masiva de clientes al mercado libre, que en algunos casos es más barato. En 2021, cuando aún no se había iniciado la guerra en Ucrania, fueron 1,2 millones. Ninguno de ellos puede acogerse al bono social.

Pese a todo, Adicae calcula que los potenciales beneficiarios todavía son cuatro millones, de los aproximadamente 10 que pagan el PVPC. Alcanzar esa cifra se antoja una odisea, sobre todo cuando el objetivo del Gobierno (1,9 millones) sigue tan lejos como cuando se formuló.