Hacienda agrava el golpe fiscal a los inversores extranjeros en inmuebles en España

Hacienda no solo ha confirmado el golpe fiscal a los inversores extranjeros que coló a última hora al lanzar el impuesto de solidaridad para los ricos, sino que lo ha extendido. El fisco obligará a tributar a los residentes extranjeros que tengan viviendas u otros inmuebles en España por estos, sino que los ampliará a todos los activos de la sociedad.

Había dudas al respecto. El Gobierno creó el impuesto de solidaridad para grandes fortunas, a partir de los tres millones de euros, que superpone al de patrimonio, a través de una enmienda y acabó en el BOE el 28 de diciembre. También modificó el impuesto sobre el patrimonio, en concreto el artículo cinco, para meter mano a los inversores extranjeros en inmuebles en España.

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Lo que ocurría hasta ahora, era que un español tributaba en patrimonio por sus inversiones en vivienda —salvo si estaba en Madrid, donde hay exención del 100%—, pero un extranjero no, ya que normalmente lo hacen a través de sociedades afincadas en los países donde residen o en Luxemburgo. Por ello, Hacienda aprovechó la creación del impuesto a los ricos para gravar estas inversiones a través de sociedades.

Así, el texto señaló que se considerará que están situadas en territorio español los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, no negociados en mercados organizados, cuyo activo esté constituido en, al menos un 50%, de forma directa o indirecta, por bienes inmuebles situados en territorio español. Esta redacción implica que tributarán también por inmuebles en el extranjero si más de la mitad de los activos de la sociedad son inmuebles en España.

Fuentes jurídicas señalan que la intención de la Agencia Tributaria era limitarse a que las personas físicas que tienen estas sociedades tributen por los inmuebles en España, no ir más allá. Pero ante una consulta de un residente en Alemania, con un inmueble en Ibiza, la Dirección General de Tributos, también dependiente de Hacienda, ha interpretado la norma de forma literal.

La respuesta V0107-23 indica que la base imponible para el impuesto sobre el patrimonio de la persona física que está detrás de la sociedad serán todos los activos de esta, aunque no estén en territorio español, si más del 50% sí lo está. Es decir, si un contribuyente alemán tiene a través de una sociedad una vivienda en Mallorca, que vale 1,5 millones, y dos pisos en Berlín, valorados en 600.000 euros cada uno, la base imponible será de 2,7 millones, aunque 1,2 millones sean activos fuera de España. El convenio de doble imposición con Alemania lo permite, y también muchos otros como Francia, México, Luxemburgo o Reino Unido.

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Lo mismo sucederá con el impuesto de solidaridad en Madrid o en Andalucía si los activos superan los tres millones de euros. En los últimos años, ha habido una oleada de inversiones en inmuebles en Madrid procedentes de inversores latinoamericanos, que ahora se van a encontrar con esta norma y tendrán que tributar por el impuesto temporal que ha creado el Gobierno, previsto para 2023 y 2024, para los ricos.

"Hemos pasado de un extremo en el que los no residentes con grandes casas no pagaban patrimonio si, simplemente, no tenían la vivienda a su nombre, sino a través de una sociedad, a que ahora tributen por todos los activos de la sociedad", critica Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence en Mallorca.

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Los extranjeros que se vean afectados podrán modificar las inversiones de sus sociedades para evitarlo. "El problema es que ya sería para cuando tengan que tributar por el ejercicio actual en 2024, pero este año no lo podrán evitar", alude Del Campo. Entre las opciones, más allá de vender los inmuebles en España, está dotar de más capital las sociedades para invertir en otros países.

Es decir, en el ejemplo anterior del alemán, si adquiere otro inmueble en Alemania también de 600.000 euros, pasaría de tributar por una base imponible de 2,7 millones a no tener que hacerlo, ya que tendría 1,8 millones en inmuebles en el extranjero y 1,5 millones en España, menos del 50% de la sociedad.