España choca en Bruselas por su objetivo de ahorro energético y pide uno menos ambicioso

El Gobierno de España considera que la Unión Europea le ha impuesto unos objetivos de ahorro energético para 2030 demasiado ambiciosos, ya que no estarían teniendo en cuenta sus compromisos previos. Así lo ha plasmado el Ejecutivo en un documento oficial que resume el contenido de una reunión de embajadores de los Veintisiete, celebrada el pasado 20 de abril en Bruselas. Esta directiva ha generado también las quejas por escrito de otros países, algunos tradicionalmente a favor de metas climáticas agresivas (como Finlandia y Luxemburgo), y otros habitualmente opuestos a ellas, como Polonia, Hungría, Eslovaquia o Letonia. El Gobierno intentará revisar la fórmula de cálculo en la próxima revisión de la norma.

España y Luxemburgo consideran que el método utilizado por Bruselas no tiene en cuenta sus objetivos de eficiencia energética ya comprometidos en el pasado, pero han votado a favor de la revisión. Finlandia, otro país ambicioso en cuestiones climáticas, señala por su parte que debería tenerse más en cuenta la energía nuclear a la hora de lograr la electrificación de la economía, siendo el Estado miembro que acaba de estrenar el mayor reactor nuclear de la Unión Europea.

El resto de países han votado en contra de la directiva o se han abstenido, como por ejemplo Polonia, que directamente critica las políticas de la Unión Europea destinadas a obtener un 55% de reducción de emisiones de CO₂ en 2030; Hungría, que asegura que no son objetivos realistas y que incluso se enzarza en el uso de las palabras "género" y "sexo" en la directiva, o Eslovaquia y Letonia, que considera que "los nuevos objetivos de ahorro no son posibles de cumplir de manera rentable".

La revisión de la directiva europea de eficiencia energética (EED, por sus siglas en inglés) pone ahora mismo una carga excesiva sobre los países que ya tenían planes ambiciosos de eficiencia previos al acuerdo europeo. Esa es la queja que ha expresado el Gobierno español a través del Consejo de la Unión Europea, después de que se alcanzara un acuerdo para la revisión de los objetivos de eficiencia de cara al 2030. "Como expresamos durante las negociaciones, España considera que la distribución de esfuerzos para alcanzar el objetivo de eficiencia energética de la UE para 2030 es injusto y desalentador", lee el comunicado español incluido en las actas de la reunión de embajadores. Es una queja que también expresó el representante luxemburgués, y que ha hecho que la Comisión Europea se abra a revisar la fórmula con la que calcula la aportación de cada país.

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El problema para el Gobierno, que en todo caso apoya la reforma del EDD, es que el cálculo actual que se incluye en la directiva para establecer el esfuerzo que tendrá que hacer cada Estado miembro para alcanzar el objetivo de eficiencia del 11,7% en 2030 para el total de la Unión Europea, no tiene en cuenta los compromisos adquiridos ya por algunos países para finales de la década en sus Planes Nacionales de Energía y Clima (PNEC).

Los países que habían hecho promesas ambiciosas en sus PNEC ven ahora que se les exige un esfuerzo adicional para alcanzar el objetivo revisado del 11,7%, porque esas promesas, a la hora de calcular el esfuerzo que deberá hacer cada Estado miembro, para lo que se parte de un escenario de referencia de 2020, se han considerado ya como cumplidas de cara al 2030. Eso hace que al revisar al alza el objetivo común europeo para finales de la década, ellos también tengan que revisar al alza sus objetivos nacionales, ya más ambiciosos que los del resto.

Fórmula polémica

La fórmula "no refleja que Estados miembros con ambiciosos PNEC, como España, ya contribuyan a los compromisos en eficiencia energética para esta década", señala el comunicado. "España se compromete a una reducción del 39,5% en el consumo de energía según nuestro PNEC para el periodo 2021-2030. Sin embargo, aunque según la Directiva este gran esfuerzo se considera como un ejemplo de buenas prácticas, no se refleja en la fórmula. Al hacerlo, se desincentiva a los Estados miembros que se comprometieron con objetivos y PNEC ambiciosos y que están contribuyendo a lograr los objetivos de la Directiva actualmente en vigor, ya que estarán sujetos a un esfuerzo adicional que consideramos excesivo e injusto", añade.

Aunque España se ha quejado a lo largo de las negociaciones, el acuerdo se ha cerrado con ese diseño. La delegación española ha dado su visto bueno a la revisión del EED, pero con su declaración busca dejar claro que no está de acuerdo con la fórmula para realizar el cálculo. En todo caso, ahora existe la oportunidad de resolver el problema, porque la Comisión Europea se ha abierto a revisitar el cálculo del escenario de referencia de 2020, lo que permitiría ajustar la fórmula final para calcular la aportación nacional.

Cerrar la brecha

La directiva busca alcanzar el objetivo del 11,7% en dos pasos. El primero es una fórmula en la que se calcula la aportación que tiene que hacer cada Estado miembro teniendo en cuenta su PIB, la intensidad energética de su economía, el potencial de ahorro energético restante del país y las acciones que ya haya tomado el Estado miembro, teniendo en cuenta cuánto ahorro ha conseguido en los últimos años. La Comisión Europea considera que estos dos últimos puntos tienen indirectamente en cuenta los planes nacionales ya emitidos por las capitales. Es este cálculo que se hace sobre la base del escenario referencia de 2020, donde España y Luxemburgo ven el problema y donde esperan que se corrija retocando el escenario base.

Esa fórmula, acordada en los trílogos (las negociaciones legislativas de la Unión Europea en las que participan la Comisión, el Parlamento Europeo y la presidencia del Consejo de la UE, que es la que representa a los Estados miembros), arroja una cifra que servirá de referencia para que las capitales diseñen PNEC actualizados. En esos planes rediseñados, los Gobiernos nacionales pueden tener en cuenta las características nacionales de su mercado energético y ofrecer un objetivo de ahorro nacional que no puede ser más de un 2,5% menos ambicioso que el resultado de la fórmula.

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Ese margen que se da a los Estados miembros para que se comprometan a un ahorro menos ambicioso del requerido según la fórmula para llegar al 11,7% significa que puede surgir una brecha. Y ahí entra en juego el segundo paso que refleja la directiva. Se hará un cálculo teniendo en cuenta el PIB de los países europeos y la intensidad de los gases de efecto invernadero (una medida de emisiones de gas por unidad de producto interno bruto), que arrojará un resultado con el que la Comisión Europea pedirá nuevos compromisos para alcanzar el objetivo común.

España y Luxemburgo también prevén problemas en caso de que haya una brecha y el Ejecutivo comunitario tenga que encargar nuevos esfuerzos a los países más ricos y contaminantes. "España invita a la Comisión a considerar detenidamente el nivel de ambición de los PNEC en la redistribución del esfuerzo resultante de un posible desfase entre el objetivo de la UE y la suma de las contribuciones nacionales notificadas", cierra el comunicado español incluido en la agenda de la reunión de embajadores de los Veintisiete. "En un espíritu de solidaridad y equidad, Luxemburgo invita a la Comisión a tener en cuenta el nivel de ambición de los PNEC en la redistribución del esfuerzo resultante de una posible brecha entre el objetivo europeo y la suma de las contribuciones nacionales", señala por su parte la delegación luxemburguesa.