Bruselas critica el abuso de los 'decretazos' por parte del Gobierno y avisa del deterioro de la calidad legislativa

Uno de los diputados más famosos de la legislatura que está terminando es el popular Alberto Casero. Saltó a los titulares en febrero de 2022, cuando votó por error a favor de la reforma laboral del Gobierno, permitiendo la convalidación de la misma. Al margen de los detalles de esa medida, todo el procedimiento administrativo de la norma está en la base de un serio problema de calidad legislativa que ahora la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa en el marco de la revisión del Semestre Europeo y que está afectando a la competitividad de España.

El motivo es el abuso de la figura del real decreto-ley, una vía legislativa para sacar adelante normativa de urgente aplicación y de la que el Gobierno se está sirviendo para aprobar las normas ordinarias. Este sistema permite a un Gobierno poner en marcha una normativa de forma inmediata, porque entra en vigor tras su aprobación por el Consejo de Ministros, y su convalidación en el Congreso es sencilla, porque los partidos solo pueden aceptarla o tumbarla íntegramente. No es posible introducir enmiendas, salvo que posteriormente se tramite como ley. Así fue como se tramitaron la reforma laboral y la mayor parte de la legislación aprobada durante la actual legislatura.

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La Comisión Europea alerta ahora de que el uso de estos “procedimientos de emergencia” está debilitando la calidad de la legislación española. La tramitación rápida y sencilla de los decretos-leyes también permite a los gobiernos aumentar su producción legislativa, generando un sistema normativo cada vez más complejo y extenso. Los técnicos de Bruselas advierten: "La literatura disponible relaciona las tasas más bajas de creación de empresas, productividad empresarial y eficacia judicial con el volumen y la complejidad cada vez mayores de la legislación española y con la fragmentación normativa".

En el caso concreto de la reforma laboral, una normativa tan importante como esa se tramitó por la vía del real decreto-ley, de modo que un solo fallo en la votación de un diputado provocó que quedara aprobada de forma íntegra. Estas normas, que salen adelante de forma rápida y sin apenas debate parlamentario, reducen la calidad de la legislación española. "España adopta legislación en el Parlamento rápidamente debido al uso muy frecuente de procedimientos de emergencia", recuerda el Ejecutivo comunitario, que muestra en el documento que España aprueba de media las leyes en unos 20 días, mientras que en la media de la Unión Europea se tardan unos 70 días.

"España adopta legislación en el Parlamento rápidamente debido al uso muy frecuente de procedimientos de emergencia"

El mismo documento muestra que entre 2016 y 2021 España ha aprobado unas 60 leyes en menos de 30 días, mientras que en el resto de la Unión Europea el número desciende hasta las 20 leyes, algo que se debe fundamentalmente al aumento de la aprobación de las leyes de emergencia relacionadas con el coronavirus.

El Tribunal Constitucional también censuró al Gobierno por el abuso de los RDL para medidas que no tienen el carácter necesario de “extraordinaria urgencia y necesidad”. El Ejecutivo ha utilizado esta fórmula de forma indiscriminada y el TC ya ha señalado que la vía ordinaria para los casos que requieren celeridad es la del procedimiento de urgencia.

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Bruselas señala ahora esta pobre calidad legislativa, situándola como una de las causas del "débil desempeño de la productividad, que ha ampliado aún más la brecha con sus pares de la UE. Esto ha sido impulsado, entre otros factores, por el bajo gasto privado en I+D y las deficiencias en el entorno empresarial, incluida la fragmentación del mercado, la regulación dependiente del tamaño y las preocupaciones sobre la calidad de la legislación", señalan los técnicos comunitarios, en referencia a sus preocupaciones respecto de la calidad legislativa, por la fragmentación y el uso de reales decretos-leyes.

Mientras que la Comisión Europea destaca que hay algunos sectores con mayor productividad, como la minería, las comunicaciones, el textil o la energía, apunta que hay muchos otros que ofrecen datos alarmantes. "El mal desempeño de los servicios de transporte y alojamiento y alimentación (cuya productividad ha disminuido en más de un 2% en las últimas dos décadas) es preocupante por el gran peso de estos sectores en la economía, en particular el turismo (que se estima representa el 8% del PIB y el 11,4% del empleo en 2021)", recuerda el Ejecutivo comunitario.

Producto de la hiperactividad legislativa, también a nivel autonómico, se produce una fragmentación del mercado y de la regulación a la que la Comisión Europea presta especial atención. "La fragmentación del mercado, dentro de España, sigue siendo un obstáculo importante para aumentar la productividad", explican los técnicos comunitarios, que recuerdan que la proporción de empresas que creen que la regulación empresarial es un obstáculo importante para su inversión en España es del 60,5%, mientras que la media de la Unión Europea fue del 29,6% en 2022.

Pequeñas y medianas empresas

El Ejecutivo comunitario también presta una especial atención a las pequeñas y medianas empresas, donde sitúa parte del problema de la competitividad de la economía española. "La baja productividad en España podría explicarse en parte por las dificultades que experimentan las pymes para crecer, lo que reduce su capacidad para innovar, exportar, adoptar tecnologías de la información, contratar una fuerza laboral más capacitada (incluidas personas con habilidades gerenciales) y lograr economías de escala", explica la Comisión Europea.

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Los investigadores Juan S. Mora-Sanguinetti y Ricardo Pérez Valls han denunciado en numerosas ocasiones cómo el exceso de regulación condena a España a ser un país de autónomos y pymes. La abundancia de regulación desincentiva la creación de empresas, y la fragmentación autonómica de las leyes hace que surjan empresas especializadas en cada territorio sin margen para crecer en otras regiones. Según su estudio, publicado por el Banco de España, "un incremento de un 1% en el volumen de regulación se relaciona con un 0,05% menos empresas". Y si solo se tienen en cuenta las SL, el impacto es de 0,12% menos empresas. Si se tiene en cuenta que desde los ochenta el número de leyes y normas ha aumentado un 500%, el efecto sobre la densidad del tejido productivo es muy cuantioso, en especial para el establecimiento de empresas grandes.

"Una mejor regulación, con umbrales regulatorios menos dependientes del tamaño, menos carga administrativa, ayudaría a aumentar el tamaño de las pymes. Por último, la diversificación de los instrumentos financieros ayudaría a las pymes a expandirse, en particular en la actual situación financiera de tipos de interés en aumento", subraya el Ejecutivo comunitario en el documento.