Los despachos de abogados ya se preguntan por el nuevo mapa de impuestos, con las empresas y las grandes fortunas que son clientes pendientes. El adelanto electoral al 23 de julio, cinco meses antes de lo previsto, abre la puerta a una reversión de los impuestos si es que el nuevo Ejecutivo, sea cual sea, así lo decide. Pero tendría que obrar con rapidez y explicar ante Bruselas y los mercados un descenso previsto en los ingresos públicos, con el coste de la deuda subiendo.
Las lecturas políticas de esta semana, tras la victoria del PP en las elecciones municipales y autonómicas, la debacle de la izquierda y el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar las elecciones generales para el 23 de julio, son infinitas. Pero hay una impositiva que preocupa a grandes fortunas, ejecutivos y accionistas de bancos y empresas energéticas, que tiene que ver con los impuestos temporales que se aprobaron a finales del pasado año.
El Gobierno de Pedro Sánchez sacó adelante impuestos especiales y temporales sobre los grandes patrimonios, por un lado, y para bancos y energéticas, por otro. Estos tributos se acordaron y aprobaron in extremis, para que entraran en vigor este año, y se incluyeron en el BOE del 28 de diciembre. Todos han sido recurridos, pero mientras hay dudas sobre las futuras decisiones del Constitucional y lo que puedan decidir otros jueces en la Audiencia Nacional o en el Supremo, surge la posibilidad de que el tributo se revierta.
Esta opción no existía hasta este lunes, ya que si las elecciones se hubieran celebrado en diciembre, sería imposible por calendario, aunque hubiera voluntad política. Incluso en julio es difícil, pero posible. Los impuestos se aprobaron como una contribución especial para el Estado ante el daño producido por el covid, la guerra de Ucrania y la inflación, y se previeron para dos años. Esto es, para recaudar en 2023 y 2024 sobre el ejercicio previo. Después, estaban llamados a revisión.
"El impuesto lo devolverán los jueces, no Feijóo", aseguran en un banco al respecto. Pero lo cierto es que hay revuelo en los despachos de las entidades. De hecho, este lunes Alantra ha publicado un informe, incluso antes de conocerse el adelanto electoral, en el que explica que aunque el impuesto está previsto para dos años, los analistas consideran que podría ser perpetuo con el Gobierno actual. Pero si hay cambio, "hay alta probabilidad" de que se cancele el impuesto, ya que “el PP tiende a ser más amistoso con el mercado”.
Alantra dice que subiría el precio objetivo de las acciones de los bancos españoles domésticos entre un 10% y un 20%, y entre un 3% y un 4% para Santander y BBVA, más diversificados geográficamente. El banco de inversión calcula que el impuesto costará a los bancos el año que viene un 3% del beneficio por acción en Santander y un 4% en BBVA, y un 20% en Sabadell y un 21% en Unicaja. Entre medias, un 13% en CaixaBank y un 15% en Bankinter.
Juristas consultados creen que sí hay tiempo para revertir los impuestos por parte del Ejecutivo que salga de las urnas, pero este debería darse prisa si así lo desea. Siempre está la opción, recuerdan otros, de hacer el gesto político pero, precisamente, escudarse en el calendario para mantener estos tributos ante la presión del déficit y la deuda.
"La tramitación de una ley tarda unos cinco o seis meses en entrar en vigor desde la redacción del nuevo proyecto de ley por el Gobierno, por lo que si calculamos que el nuevo Gobierno se constituirá en los meses de septiembre-octubre, no tendría tiempo suficiente para su tramitación parlamentaria antes del final del ejercicio 2023", avisa Antonio Cendán, socio de Zadal. Pero "en los últimos años hemos visto que el legislador ha optado por distintas e imaginativas fórmulas para acelerar la tramitación parlamentaria de cuestiones de carácter tributario", añade. El propio impuesto a las grandes fortunas se formalizó como una enmienda sobre la ley del impuesto a los bancos y energéticas. También se ha usado recurrentemente la figura del real decreto-ley. "Parece probable que, si el nuevo Gobierno que resulte electo en las elecciones de julio tiene intención de modificar los tributos aprobados a finales del año pasado por la Ley 38/2022, encuentre la manera de hacerlo", argumenta Cendán.
La clave es que cualquier cambio se produzca antes del 31 de diciembre. "Bastaría, por ejemplo, con aprobar en el Parlamento un cambio de la Ley 38/2022 de manera que el apartado 28 del artículo 3 ('Vigencia. Este impuesto será aplicable en los dos primeros ejercicios en los que se devengue a partir de la fecha de su entrada en vigor') quedase modificado, indicando que el impuesto pasa a tener vigencia solo en el primer ejercicio —que sería 2022, año en que el impuesto ya se devengó—", recuerda Javier Morera, socio de Broseta.
Si el nuevo Gobierno "va vía proyecto de ley, tarda aproximadamente cinco meses desde que el Consejo de Ministros lo envía al Parlamento y se publica en el BOE. La otra opción más rápida es el decreto-ley, que se utiliza como medida legislativa en situaciones de urgente necesidad, pero el problema del decreto-ley es que si no se convierte en ley en 60 días desde su publicación, pierde su eficacia en el origen. Creo que si hay ánimo de revertir la situación de los impuestos especiales, irá vía decreto-ley", arguyen Miguel Ángel Bernal y David Sanz Bujanda, socios del despacho madrileño especializado en altos patrimonios Bernal & Sanz Bujanda.
La recaudación esperada por parte de Hacienda es de 10.000 millones en dos años. El cambio electoral podría afectar a la recaudación de 2024, ya que el primero se paga este año, al devengarse el ejercicio 2023. Aunque grandes patrimonios y las empresas afectadas confían en recuperar el dinero, al haber recurrido los impuestos, todo sería más fácil si el Gobierno que salga de las urnas el 23 de julio tumba estos tributos. Además, se asegurarían de no pagar, al menos, la mitad de esta cuantía.
Hacienda proyecta recaudar 3.000 millones de las grandes fortunas entre 2023 y 2024. Un impuesto que se superpone al de patrimonio, y que está orientado, especialmente, a los grandes patrimonios de Madrid y Andalucía. En el primer caso, donde el PP ha vuelto a obtener mayoría absoluta, el impuesto está bonificado al 100%, algo que pasa desde este año también en Andalucía. El tributo grava patrimonios superiores a los tres millones de euros, copiando el diseño del impuesto al patrimonio, con el mismo cálculo de la base imponible y exenciones. Pero como se aprobó a finales de 2022, los afectados no tuvieron tiempo de modificar sus estructuras y aminorar el hachazo fiscal, que va desde el 1,7% al 3,5%.
En el caso de los impuestos temporales a las energéticas, Hacienda estimó una recaudación de 4.000 millones en dos años, a lo que se suman otros 3.000 millones en los bancos. El argumento del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos fue que son sectores beneficiados por este momento difícil, por el incremento de los precios energéticos y por el repunte del euríbor, y que deberían contribuir a la sociedad.
El PP se mostró beligerante con estos impuestos, pero tras la propuesta de un diseño de un tributo para energéticas desde Bruselas, el partido conservador que lidera Alberto Núñez Feijóo se mostró favorable a apoyar el impuesto a las compañías eléctricas, gasistas y petroleras a cambio de retirar el tributo a la banca. En el caso del impuesto a los ricos, el PP siempre se mostró en contra. Además, en Madrid, donde el PP ha obtenido mayoría absoluta, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha sido especialmente crítica con el tributo. Tanto Madrid como Andalucía lo han recurrido ante el Constitucional. Los impuestos empresariales también han sido recurridos desde compañías y patronales.
Políticamente, en caso de victoria de la derecha el 23 de julio, podría ser difícil argumentar que no se retiren estos impuestos. Pero hay dos problemas. Uno es el calendario. Y otro es justificar ante los inversores a los que el Tesoro necesita colocar deuda y ante la Comisión Europea la pérdida de 5.000 millones de ingresos públicos.
Hay que tener en cuenta, además, que la Comisión Europea reactivará las reglas fiscales, y aunque se espera que haya pragmatismo y se negocien los ajustes, tendrá que haberlos. El nuevo Gobierno de España, sea de Pedro Sánchez nuevamente o de Alberto Núñez Feijóo, se enfrentará a una deuda pública creciente, aunque se haya moderado en términos relativos al 113% del PIB, y un pronóstico de la Moncloa de déficit público para 2023 del 3,9% del PIB.
No quitarán el bono a familias ricas
El adelanto electoral tiene más implicaciones. Las familias numerosas con elevados ingresos podrán seguir disfrutando del bono social, el descuento en la factura de la luz y el gas que el Gobierno carga contra el resto de consumidores y los presupuestos generales del Estado, respectivamente.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció el pasado 15 de marzo que cambiarían la regulación actual para "introducir criterios de renta en las familias numerosas" tras conocerse que varias personalidades políticas de elevados ingresos cobraban esta ayuda. Además, subrayó que la medida se aprobaría "cuanto antes", pero dos meses después enfrió sus expectativas y ahora la disolución de las Cortes supone la imposibilidad de llevar a término esta reforma.
Aunque Ribera buscó la vía rápida para evitar que familias ricas cobren esta ayuda, fuentes al tanto de los trámites señalan que pese a las intenciones del Gobierno, el reparto de esta ayuda entre familias numerosas, sea cual sea su renta, viene de hace 14 años. Por ello, ahora sería complicado justificar la urgente necesidad que permitiría acelerar el trámite por real decreto.
Con esa argumentación, la propia Ribera planteó a mediados de mayo abordar la reforma "de manera sosegada" y tratando de recabar el máximo consenso con las asociaciones de familias numerosas, según detalló en una entrevista en TV3. Eso le obligaría a acudir a un proceso de reforma ordinario, con consultas públicas y tramitación parlamentaria, algo ya imposible tras la disolución este martes de las Cortes.
Más allá de los impedimentos legislativos, las fuentes consultadas señalan que se trata de una reforma muy sensible desde el punto de vista político y que, al margen de complicaciones en el trámite, probablemente al PSOE no le interesa ponerla encima de la mesa actualmente, ya que puede generar rechazo en amplias capas de la sociedad.
Máxime, cuando la propia Ribera apuntó a un límite orientativo de 26.000 euros al año para las familias que sí puedan acceder a esta ayuda, lo que dejaría fuera a ocho de cada 10 familias numerosas, según un estudio de EsadeEcPol. Esto disparó las alarmas en las asociaciones de familias numerosas, que advirtieron de los mayores gastos que tienen las familias de al menos cinco miembros, ya que un límite de ese nivel dejaría fuera a muchos de los actuales perceptores.
La máxima responsable de la política energética propuso esta reforma como reacción a una noticia que desveló entonces que el número dos de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, era perceptor del bono social, algo que el propio mandatario del Gobierno de Ayuso no negó, ya que consideró que le correspondía. Posteriormente, también se supo que Mónica García, líder de Más Madrid en la comunidad y que pidió la dimisión de Ossorio, se beneficiaba de esta ayuda.
Pero no solo nombres conocidos y sin problemas económicos como Ossorio, García o Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, reciben el bono social, que permite un descuento ahora del 65% en la factura (25% hasta la crisis energética de Ucrania) y derecho a percibir hasta 375 euros para calefacción. Apellidos ilustres de la lista Forbes como Koplowitz o Masaveu también aparecen como beneficiarios de una ayuda pensada para vulnerables.
Con las Cortes disueltas, fuentes del sector creen que esta reforma se aleja, ya que solo podría reactivarse si Sánchez reedita el Gobierno. Las fuentes consultadas creen que, de ganar el PP y gobernar en solitario o, según señalan las encuestas, llegar a la Moncloa de la mano de Vox, definitivamente quedará aparcada en un cajón. Tanto PP como Vox son mucho más sensibles a las reivindicaciones de organizaciones como el Foro de la Familia y otras asociaciones de familias numerosas, contrarias a limitar la percepción del bono social por criterios de renta. Desde la Moncloa, advertían este lunes de que las grandes reformas de la legislatura ya estaban hechas.
Actualmente, hay alrededor de 250.000 familias numerosas en España acogidas a la categoría general del bono social, que no está limitada por renta, según datos de la CNMC. Esta política que no discierne por nivel de ingresos se lleva aplicando desde hace 14 años, y ningún Gobierno ha entrado a su reforma. Además de cobrar a todos los usuarios un euro al mes en la factura de luz, el Ejecutivo toma unos 250 millones de euros al año de los presupuestos para dar el bono de calefacción.
Se reaviva el debate nuclear
La convocatoria de elecciones del Gobierno se da con la renovación del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) en plena tramitación. De hecho, el Gobierno tendrá que presentar la hoja de ruta energética a 2030 antes del 30 de junio a la Comisión Europea, menos de un mes antes de las elecciones generales del 23 de julio. No obstante, la aprobación definitiva no llegará hasta un año después, el 30 de junio de 2024.
El PP ya aseguró hace meses que su intención es mantener las instalaciones atómicas en funcionamiento más tiempo del pactado
La cuestión levanta suspicacias, ya que uno de los temas más sensibles de esa hoja de ruta es el calendario de cierre nuclear. El PP ya aseguró hace unos meses que su intención es mantener las instalaciones atómicas en funcionamiento más tiempo del pactado, por lo que de producirse un cambio de Gobierno esta sería una de las cuestiones de política energética más peliagudas que se deberán afrontar a la vuelta del verano.
Desde Foro Nuclear, asociación que engloba a las nucleares, ya manifestaron que las plantas están preparadas para funcionar por periodos más amplios que los acordados hasta ahora, cuyo cierre se pretende entre 2027 (Almaraz I) y 2035 (Trillo). Para ello, los permisos se deben solicitar al CSN y otras instancias con un mínimo de un año de antelación, por lo que estarían perfectamente en plazo para reabrir ese calendario nuclear.
Una de las empresas propietarias de las plantas, Endesa, aún mantiene la amortización de las mismas a 50 años, en lugar de a 40 años como tendría que amortizar en caso de que se cumpla la actual previsión pactada entre las propias eléctricas y el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.
Los despachos de abogados ya se preguntan por el nuevo mapa de impuestos, con las empresas y las grandes fortunas que son clientes pendientes. El adelanto electoral al 23 de julio, cinco meses antes de lo previsto, abre la puerta a una reversión de los impuestos si es que el nuevo Ejecutivo, sea cual sea, así lo decide. Pero tendría que obrar con rapidez y explicar ante Bruselas y los mercados un descenso previsto en los ingresos públicos, con el coste de la deuda subiendo.
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