La trampa de condonar la deuda a Cataluña: su problema no es de financiación, es de gasto

La negociación para la investidura se juega en el campo territorial. El candidato Pedro Sánchez quiere utilizar la carta de la financiación autonómica para ganar los apoyos que necesita y ha empezado a plantear la condonación de la deuda como un camino transitable. Este movimiento es estratégico, porque beneficiaría especialmente a Cataluña, ya que es quien más ha utilizado los mecanismos extraordinarios de financiación que habilitó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el año 2012.

Desde entonces y hasta 2022 las comunidades autónomas del Régimen Común (sin País Vasco ni Navarra) han pedido al Estado algo más de 320.000 millones de euros en deuda a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y del Fondo de Financiación (FF). La condonación de toda, o parte, de esta deuda supondría un gran alivio para las comunidades autónomas, ya que la carga de los intereses está creciendo rápidamente por la subida de los tipos del Banco Central Europeo. Los números son contundentes: financiar 320.000 millones de euros con un tipo de interés del 3,5% supone un gasto anual en intereses de 11.000 millones de euros.

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El problema de la condonación es que esta deuda no está repartida de forma homogénea. Solo Cataluña ya posee el 34%, con 110.000 millones. Le siguen, de lejos, la Comunidad Valenciana, con casi 73.000 millones, y Andalucía, con 44.000 millones. De esta forma, una condonación homogénea de la deuda en manos del Estado concentraría la ayuda en Cataluña, que se llevaría uno de cada tres euros.

Esta estrategia puede resultar muy rentable para el candidato en su negociación con los partidos independentistas, pero tiene difícil justificación de cara al resto de territorios. Por ejemplo, Madrid apenas ha recurrido al Estado para financiar sus déficits, por lo que la condonación de la deuda sería casi insignificante para la región. Al cierre de 2022 tenía menos de 2.000 millones de deuda con el Estado, apenas el 0,6% del total de la deuda autonómica.

Si se mide en porcentaje del PIB, Madrid le debe al Estado menos del 1% mientras que Cataluña debe el 48% y la Comunidad Valenciana casi el 65%. De esta forma, cualquier condonación de la deuda generará desigualdades entre territorios, ya que unos tienen mucha deuda acumulada con el Estado y otros, muy poca. "La fuerte asimetría en los importes de los mecanismos extraordinarios de financiación entre autonomías complica enormemente las soluciones a la deuda acumulada hasta el momento", escribía recientemente el catedrático de economía Santiago Lago en un artículo para Funcas.

El autor, uno de los máximos expertos en finanzas públicas de España, abordaba el problema de la condonación. Si se hace de forma simétrica "sería insuficiente", ya que solo se podría perdonar una cuantía mínima, que es la deuda que tiene la Comunidad de Madrid. Por el contrario, "hacerlo de forma diferenciada se enfrentaría, muy probablemente, a un fuerte rechazo político y social en las CCAA que han recurrido en menor grado a los mecanismos", señalaba Lago.

Por ejemplo, una condonación total de toda la deuda implicaría ahorrar a Cataluña casi 4.000 millones de euros al año durante los próximos ejercicios en intereses (suponiendo un tipo del 3,5%). Pero esa carga de intereses no desaparecería, sino que la tendría que asumir el Estado. Eso significa que el coste de la deuda recaería sobre los ciudadanos del resto de comunidades autónomas, en especial sobre aquellos que han reclamado a sus dirigentes políticos un esfuerzo para equilibrar sus presupuestos. Por ejemplo, Madrid ha renunciado a elevar su gasto público y tiene un presupuesto que no alcanza el 13% de su PIB, cuatro puntos menos que Cataluña (casi una cuarta parte menos).

Cataluña ha elevado su gasto en 1,5 puntos del PIB desde el año 2000 hasta 2022. Es la cuarta CCAA que ha registrado mayor crecimiento del gasto, tras Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. En el extremo opuesto está Navarra, que ha recortado su gasto en 1,3 puntos del PIB, Baleares, que lo ha recortado en 0,1 puntos y País Vasco, que lo ha mantenido estable. Este aumento del gasto en Cataluña por encima del crecimiento del PIB explica que las cuentas de la región se hayan deteriorado intensamente en las dos últimas décadas.

¿De dónde viene esta deuda?

Una solución alternativa sería condonar la deuda a las comunidades autónomas infrafinanciadas. Esto es, aquellas que reciben unos recursos del sistema de financiación menor que la media nacional. Sin embargo, esta solución no serviría para Cataluña, ya que su financiación está en línea con la media nacional. Por ejemplo, en el último ejercicio liquidado (el de 2021) Cataluña recibió un 1,7% más que el promedio nacional (financiación efectiva por habitante ajustado a competencias homogéneas). El sistema de financiación actual sitúa a Cataluña en una situación muy similar a la de Madrid y al promedio nacional, lo que no justificaría una condonación total de su deuda bajo el argumento de la infrafinanciación.

Es cierto que Cataluña aporta más de lo que recibe del conjunto nacional, pero este saldo negativo no significa que esté peor financiada que el resto, sino que tiene más contribuyentes en las rentas altas. Esto es, tiene más ciudadanos que pagan más de lo que reciben. También son contribuyentes netas Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana. Esta es la única que no debería aparecer en este listado dado su nivel de renta per cápita. Ocurre lo contrario con Navarra y País Vasco, que son receptoras netas de fondos (según las últimas balanzas fiscales del año 2018) y deberían ser aportadoras netas dado su nivel de renta per cápita.

Valencia, junto con Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía son las regiones que sí tienen argumentos para justificar su infrafinanciación. En esos casos, una condonación de la deuda estaría argumentada bajo el criterio de maltrato fiscal recibido durante las dos últimas décadas. Pero este no es el caso de Cataluña, que es la CCAA que importa realmente para la negociación de investidura.

Además, Cataluña ha utilizado la mayor parte de los préstamos recibidos del Estado para refinanciar vencimientos de deuda. La Generalitat, como ocurrió con otros gobiernos autonómicos, se vio expulsada de los mercados financieros tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y todavía no ha podido volver. Los inversores no perdonan los desequilibrios que ha acumulado la región ni la inestabilidad política que vive. Esto explica también que las agencias de rating sitúen a Cataluña de forma recurrente en el vagón de las peor calificadas.

En total, Cataluña ha pedido prestado al Estado casi 83.000 millones para afrontar los vencimientos de deuda que ha tenido y que no ha podido refinanciar en el mercado. Esto supone el 76% de toda la asistencia financiera que ha solicitado la comunidad al Estado desde el año 2012. Por lo tanto, no se trata de un déficit de financiación heredado del sistema autonómico actual, sino que es deuda que ya había acumulado Cataluña hasta el final de la burbuja inmobiliaria.

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Además, Cataluña ha empleado 24.000 millones de euros para pagar facturas a proveedores que no ha podido asumir con sus propios recursos. Y otros 1.300 millones se han destinado a pagar los intereses de la deuda.

La financiación extraordinaria del Estado permite a Cataluña, igual que a otras autonomías, conseguir dinero barato. De lo contrario, su gasto en intereses se habría multiplicado, restando recursos de partidas más importantes como la sanidad o la educación. Además, esta financiación asegurada ha permitido a la Generalitat seguir pagando sus sueldos y facturas, ya que sin el respaldo del Estado tiene un gran riesgo de quedarse sin liquidez. En definitiva, la deuda del Estado no es una carga para Cataluña, sino una ayuda que ha recibido barata desde el año 2012.