UGT pedirá sustituir el IPREM por un indicador de pobreza para calcular la ayuda de desempleo

Lo que la patronal y los sindicatos no pudieron conseguir lo ha logrado Podemos al tumbar el real decreto para reformar el subsidio asistencial de desempleo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tendrá finalmente en cuenta a los agentes sociales para diseñar la nueva ayuda, después de que la formación morada impidiese la convalidación de la medida pactada entre la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, y la propia Díaz, al frente de Trabajo. Esta vez, la reforma afronta un nuevo reto: abierto el debate hacia fuera del Gobierno, los agentes sociales tienen la oportunidad de introducir algunas de sus reivindicaciones. UGT ya ha dicho que la aprovechará para proponer un cambio de calado en la referencia que se utiliza para calcular todas las prestaciones en España.

El secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, ha anunciado este jueves que la central pondrá sobre la nueva mesa que convocará Trabajo la reivindicación de sustituir el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) por otro de pobreza como dato a partir del cual se establecen subsidios como el de desempleo, el ingreso mínimo vital o las pensiones no contributivas. No es un tema menor: actualmente, el IPREM se sitúa en 8.400 euros anuales, mientras que el llamado umbral de riesgo de pobreza está en 10.088 euros. De llevarse a cabo la modificación, estos subsidios, que se calculan como un porcentaje respecto al IPREM, se elevarían un 20%.

Álvarez ha aclarado que no se trata de una línea roja del sindicato, ya que la negociación implicaría a más ministerios, como Economía o Hacienda, que ya se han mostrado inflexibles en otras demandas recientes que supondrían un coste añadido para las arcas públicas, como la de la patronal CEOE de indexar los contratos públicos a la revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI).

Para el secretario general de UGT, se trata de sacar adelante "cuanto antes" una reforma que afecta a 700.000 parados que han finalizado la prestación contributiva o no tienen derecho a ella y que, además, es una de las condiciones para que España reciba los 10.000 millones de euros del cuarto pago de los fondos europeos. "Esto no se puede eternizar", ha dicho. La prioridad de Álvarez, que este mismo jueves ha recibido un WhatsApp del Ministerio de Trabajo para invitar a UGT a la mesa —aunque sin fecha—, es que el departamento de Díaz haga una propuesta que permita sentarse a negociar y sacar adelante la reforma: "Me gustaría ver cuáles son los nuevos elementos, si solo son retoques, si cambia el fondo, si podemos hablar de la sustitución del IPREM o no".

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En ese sentido, el secretario general de UGT no se ha mojado respecto a la disputa entre Podemos y Díaz a cuenta de la sobrecotización de los mayores de 52 años. Hasta ahora, los que recibían el subsidio procedentes de un trabajo a jornada completa podían cotizar para la jubilación un 125% de la base reguladora del salario mínimo, pero la reforma pactada entre Díaz y Calviño la reducía al 100%. La justificación es que el SMI ha subido a lo largo de los últimos años, por lo que el Ejecutivo alega que no supondría un recorte, como denunció Podemos para justificar su rechazo del decreto. Álvarez ha avalado las dudas expresadas por la formación morada, aunque ha reconocido que el sindicato no pidió suprimir este punto de la reforma, sino su implantación gradual hasta 2028: "El ministerio incluyó algunas de las cuestiones que nosotros plateamos, como, por ejemplo, que no se hiciese este año el descuelgue del 125% al 100%". Como en el caso del IPREM, el secretario general ugetista no considera que sea una línea roja para dar su apoyo al nuevo texto.

Fuentes de UGT aseguran que ellos nunca se pondrán en contra de Podemos, y que esta formación será necesaria durante esta legislatura para sacar adelante la agenda progresista del Gobierno, aunque también piden una mayor implicación del Partido Popular en asuntos de Estado. De hecho, los sindicatos no ocultan, ni en público ni en privado, su malestar con la actitud del Ejecutivo, que, desde los pactos de investidura con el independentismo, consideran, ha actuado de espaldas al diálogo social. "Había un frontón cuando estuvimos negociando toda la reforma. Nosotros no llegamos a un acuerdo con el ministerio en relación con el decreto", ha aclarado Álvarez, tras recordar que, con la ajustada mayoría parlamentaria actual, el Gobierno deberá pactar los decretos con el resto de formaciones antes de aprobarlos, para evitar que se den situaciones como la de este miércoles.

Denuncia ante Estrasburgo

En medio de ese malestar, tanto UGT como Comisiones Obreras pidieron en una nota de prensa inusualmente crítica en diciembre una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para poner sobre la mesa sus reivindicaciones para esta legislatura. Álvarez ha concretado los tres temas que quiere negociar con el Ejecutivo: la convocatoria de una mesa de salud laboral, la reforma de las políticas de empleo y, muy especialmente, la convocatoria de una mesa para la reducción del tiempo de trabajo.

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El sindicato quiere tratar en ese foro, anunciado en su momento por Díaz, la propuesta de la ministra de reducir progresivamente la jornada laboral, ahora situada en 40 horas, durante los próximos dos años: en 2024 debería reducirse a 38,5 horas, y en 2025, a 37,5. Álvarez no se fía de la ministra, y teme que la propuesta acabe en un cajón: "Si no se hace de manera inmediata, no se va a hacer".

Además, UGT ha denunciado a España ante el Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa para que cumple la Carta Social Europea, que el Estado firmó en 2021 y recomienda aplicar un sobrecoste del 25% a las horas extraordinarias. Ahora mismo, el Estatuto de los Trabajadores recoge esta obligación. Según el sindicato, en España se realizan 13 millones de horas extraordinarias al mes, el equivalente a 180.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Más de la mitad de los trabajadores hacen horas extra en algún momento. De ellos, la mayoría no recibe remuneración, especialmente en el caso de las mujeres. Para hacer frente a esta situación, Álvarez ha pedido reforzar la Inspección de Trabajo.

La denuncia por las horas extra no es la única que el sindicato ha interpuesto ante el Comité de Derechos Humanos. También lo hizo en su día por el coste del despido. En el caso de los improcedentes, el Gobierno de Mariano Rajoy lo estableció en 33 días, pero la Carta Social Europea habla de una indemnización "adecuada", que, por tanto, podría superar esa cantidad. La jurisprudencia de la institución, situada en Estrasburgo, ha avalado denuncias similares en Francia e Italia, pero el caso español se sigue demorando. Álvarez ha acusado al Gobierno de haber presionado para retrasar la resolución, pero ha aclarado que el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, le ha dado su palabra de no poner más palos en las ruedas. Según el secretario general de UGT, la decisión debería conocerse en un plazo no superior a tres meses.

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Un SMI del 5%

La ofensiva del sindicato, mucho más dura de lo habitual, se refleja también en su posición sobre el salario mínimo interprofesional. UGT rechaza que el SMI ya haya llegado al 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea, y se marca el objetivo de que alcance esa cifra a lo largo de la legislatura. Según los cálculos del sindicato, que ya amagó en su momento con llevar el asunto a Estrasburgo, en la actualidad se correspondería con 1.218 euros, muy lejos de los 1.080 a los que asciende el SMI. Sin embargo, el Gobierno considera que el objetivo ya está cumplido, y ha relegado al comité de expertos que creó para establecer la cifra.

Sin ese condicionante, Díaz propuso una subida del SMI del 4% para 2024, en línea con la esbozada por la CEOE, que al final se ha salido del acuerdo por la negativa de Hacienda a indexar los contratos públicos. La ministra de Trabajo pretende cerrar la negociación este viernes, en una nueva reunión del diálogo social. Pero Álvarez ha advertido de que, una vez con la patronal fuera del pacto, su sindicato no aceptará ninguna revalorización inferior al 5%. "Nosotros un 4,5% no lo vamos a acordar con el Gobierno. Tenemos pocas líneas rojas, pero esta sí", ha concluido el secretario general de UGT.