El Gobierno negocia unos presupuestos sin apenas margen para conceder más gasto público

Los presupuestos generales del Estado del año 2024 cambian las reglas del juego para el Gobierno y pondrán a prueba la capacidad del Ministerio de Hacienda para tejer consensos con los partidos políticos que soportaron la investidura. En esta ocasión, el impulso cíclico ya no es suficiente para permitir la reducción del déficit público y la creación de espacio fiscal para aumentar el gasto estructural, como ocurrió en años anteriores. Además, la vuelta de unas reglas fiscales duras obliga a realizar un ajuste fuerte en 2024. Todo ello, con la agravante de que estos presupuestos necesitan el apoyo de más grupos políticos para sacar adelante las cuentas públicas que en la legislatura anterior, lo que encarece el coste para el Estado.

El Ministerio de Hacienda se ha comprometido ante la Comisión Europea a bajar el déficit público al 3% del PIB en 2024 para evitar que España sobrepase el límite que se ha mantenido en la reforma de las reglas fiscales. Sin embargo, esto exige un importante esfuerzo de consolidación, ya que implica reducir el déficit en unos 11.000 millones de euros. Todo ello, en una coyuntura menos favorable por la ralentización de la economía y de la inflación, las dos grandes palancas que han elevado la recaudación pública en los últimos años. De hecho, en los últimos trimestres ya se observa un cierto estancamiento del déficit en cifras superiores al 4%.

Todas las previsiones económicas publicadas por organismos públicos o entidades privadas anticipan un déficit público superior al que promete el Gobierno. La última es la de Funcas, que prevé un saldo negativo del 3,5% del PIB en 2024 y todavía del 3,3% en 2025. Sus números tienen dos implicaciones importantes. La primera es que el ciclo económico apenas tiene capacidad para reducir el déficit. Los 0,4 puntos de mejora que prevé para 2024 y los 0,2 puntos para 2025 son consecuencia, principalmente, del final de las medidas anticrisis. La segunda es que se necesitarán medidas de ajuste cuantiosas para conseguir el objetivo del Gobierno de 2024.

Pero Funcas no es el único escéptico con las cuentas de Hacienda. La Comisión Europea, el Banco de España o el FMI, al igual que el consenso del mercado, anticipan un déficit superior al 3% del PIB. Solo un repunte inesperado de la inflación, de los salarios o de la creación de empleo puede arreglar las cifras del ministerio. Eso, o impulsar unos presupuestos contractivos que supondrían un gran reto político para la ministra.

Gastos comprometidos

Por la vía del gasto, los presupuestos no parten de cero, sino que Hacienda ya ha asumido importantes incrementos del gasto antes de comenzar el año. Hay que sumar aquí los 20.000 millones de transferencias adicionales a las CCAA, los 7.000 millones de incremento de los sueldos públicos por los acuerdos alcanzados con los sindicatos, los casi 5.000 millones de la prórroga del decreto anticrisis o los más de 9.000 millones de euros que costará la revalorización de las pensiones y el aumento del número de pensionistas o 3.500 millones de euros adicionales en intereses. Todas estas cifras suman cerca de 45.000 millones de euros de aumento del gasto, reducción de ingresos y transferencias del Estado a otras administraciones.

El margen negociador que le queda al Ministerio de Hacienda para conseguir los apoyos que necesita en el Congreso se ha recortado drásticamente. El Gobierno calcula que los ingresos públicos crecerán en poco más de 35.000 millones, un aumento de casi el 6%. Sin embargo, el ritmo de la recaudación a finales de 2023 ya había caído por debajo de ese nivel.

Los ingresos tributarios, por ejemplo, comenzaron el año con un crecimiento de doble dígito, pero se han frenado a la mitad, hasta situarse en el 5,2% acumulado hasta noviembre. Dada la senda de desaceleración de la economía y de la inflación, es difícil pensar que el crecimiento de la recaudación pueda acelerar para ser superior al PIB como lo fue en los años anteriores. De hecho, teniendo en cuenta la tendencia histórica, es posible que en los próximos meses sigan creciendo por debajo del PIB.

Por la vía del gasto, el conjunto de administraciones tienen margen para elevar el gasto en 25.000 millones de euros, según el plan presupuestario que remitió Hacienda a la Comisión Europea en octubre. La mayor parte de esa cuantía se cubre con la subida de las pensiones, el salario de los trabajadores públicos y el incremento del gasto presupuestado por las CCAA y los ayuntamientos (que supondrá casi 13.000 millones de euros, según los cálculos de la AIReF).

La esperanza para poner en marcha un gran presupuesto de gasto estaba en la reforma fiscal para aumentar la tributación, en especial los impuestos verdes. Sin embargo, la aritmética parlamentaria tampoco deja margen para esta vía, porque el PNV ya se opuso en el pasado a endurecer los impuestos medioambientales y es probable que Junts también se niegue.

El Ministerio de Hacienda se guarda un as en la manga, la condonación de la deuda a las CCAA. Esta medida no tiene impacto en el déficit, ya que para el Estado es un gasto de capital, en concreto, una transferencia, pero para las regiones es un ingreso. A la hora de calcular el déficit, las dos operaciones se contrarrestan. Esta es la zanahoria que tiene el Ejecutivo para conseguir los apoyos de los partidos nacionalistas e independentistas. Sin embargo, está por ver si es suficiente para estas formaciones o si, como es previsible, exigirán otras cesiones aún no contempladas. La vicepresidenta Montero tendrá que desplegar sus habilidades negociadoras si quiere sacar adelante unas cuentas públicas y, al mismo tiempo, cumplir los objetivos fiscales.