¿Es España un país soberano? Esto es lo que dicen los fríos datos

Fue Jean-Claude Juncker, el anterior presidente de la Comisión Europea, quien en 2018 rescató del olvido el concepto de 'soberanía europea'. Su sucesora, Ursula von der Leyen, hizo suya la reivindicación durante su primer discurso. "La UE debe tener una naturaleza geopolítica", dijo mientras se presentaba en sociedad. Es decir, con voz propia en materia de política exterior gracias a su autonomía.

Ni Juncker ni Von der Leyen, sin embargo, fueron originales. La construcción europea, desde sus inicios, soñó con alcanzar algún día una soberanía que en términos prácticos giraba en torno a lograr una cierta independencia de EEUU sin romper el histórico vínculo transatlántico fraguado durante la II Guerra Mundial. No sólo en el terreno militar o de seguridad, sino también en el campo de la energía, de la alimentación y, por supuesto, tecnológico, un área nuclear. Lo paradójico es que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ni siquiera menciona el término soberanía, salvo para referirse a algunos casos específicos del Reino Unido. Justo lo contrario de lo que reclamaban los padres fundadores de la Unión Europea (UE).

Medir la soberanía de un país o de un territorio más amplio, como la Unión Europea, no es fácil, pero existen herramientas que han sido capaces de crear un marco teórico que cuenta con indudables ventajas prácticas en la medida que permiten hacer comparaciones. La soberanía, al fin y al cabo, no es sinónimo de levantar barreras y jugar a la autarquía, sino una manera de gestionar las complejas interdependencias que caracterizan al mundo actual. De hecho, se es más o menos soberano en función de la calidad de las redes de intercambio. Y el mejor ejemplo es la propia UE. Solo EEUU ha logrado un grado muy elevado de autonomía, lo que explica que su grado de apertura de su economía al exterior sea sensiblemente inferior a la europea.

Ese indicador es el que deja en un pobre lugar al conjunto de la Unión Europea (salvo excepciones) y, en particular, a países como España. El Índice de Soberanía Europeo (ESI, según sus siglas en inglés), estima en concreto, que solo los países más grandes, entre ellos España, alcanzan un nivel de soberanía suficiente. Ahora bien, España, entre estos, se sitúa a la cola, junto a Grecia, mientras que el país que saca mejores notas es Francia, que ha convertido la soberanía nacional en una de sus señas de identidad desde los lejanos tiempos de De Gaulle. En la parte intermedia, aunque con notas que pueden calificarse como 'buenas' están Bélgica, Alemania, Italia y Países Bajos, todos por delante de España [ver gráficos].

Seis parámetros

El índice está construido a partir de seis parámetros: clima, defensa, economía, salud, migración y tecnología, y la principal conclusión que saca es que la soberanía europea es buena en salud y economía, pero sólo satisfactoria en defensa, clima y migración, y pobre en tecnología. En ningún ámbito la soberanía europea es excelente, aunque tampoco deficiente. La metodología utilizada pasa por identificar en cada uno de los seis parámetros dos o más aspectos nucleares. En el caso de la economía, por ejemplo, el comercio y la inversión.

En el caso de la tecnología, lo que valora el índice es el grado de avance en inteligencia artificial, big data, computación en la nube, semiconductores, robótica, Internet de las cosas, computación de alto rendimiento, telecomunicaciones avanzadas y ciberseguridad. Es decir, una amplia panoplia que da como resultado que ninguno de los cinco países más grandes de la UE (Alemania, Francia, Italia, España y Polonia) se encuentra en el tercio superior en esta área.

Francia (décimo lugar) tiene puntuaciones particularmente altas en supercomputación debido a la gran cuota de mercado de la empresa francesa Atos, la única empresa europea globalmente competitiva en esta industria. Alemania (puesto 11) tiene un desempeño relativamente bueno en semiconductores con empresas como Zeiss y Trump, líderes mundiales en fabricación de semiconductores altamente especializados, y de Bosch e Infineon, que fabrican chips que tienen aplicaciones industriales y automotrices.

España tiene, en general, puntuaciones medias en todos los ámbitos tecnológicos. Ninguna de sus empresas es especialmente relevante en el concierto europeo. Un problema que no es nuevo y que ha sido identificado en el Informe Anual de Seguridad que elabora el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), dependiente de la Moncloa, que en su último y reciente número (ayer se celebró una reunión extraordinaria) ha advertido que "la autonomía y soberanía digital en lo que concierne a la computación en la nube debe ser considerado cada vez más un factor crítico por los riesgos que la adopción masiva de estos servicios conlleva".

Italia tiene un desempeño particularmente pobre en capacidades de computación en la nube. Y Polonia (puesto 18) muestra escaso interés en los proyectos de investigación en tecnología digital. En definitiva, un panorama inquietante.

No en vano, en el actual contexto de tensiones geopolíticas, la soberanía en materia de seguridad y defensa (y la tecnología es la clave de bóveda) cobra una especial relevancia. Y lo que revela el índice es que Europa está lejos de alcanzar ambos objetivos.

La contradicción es flagrante. Las puntuaciones medias son más altas cuando se habla de compromisos públicos de inversión de los gobiernos, pero caen en picado cuando se analizan las capacidades reales de los estados. Es decir, una cosa es prometer y otra dar trigo, que dice el saber popular. Como sostienen los autores del índice, la seguridad y la soberanía de defensa se definen como la capacidad de los europeos para garantizar la paz y la seguridad dentro de sus propias fronteras y promoverlas más allá. Pero lo cierto es que los gobiernos siguen pensando en clave nacional, sobre todos los países más grandes, que arrastran los pies cuando se busca europeizar las políticas de defensa. Francia es el ejemplo más claro, pero tampoco Alemania o Italia están dispuestos a renunciar a una política propia, sin injerencias

El coste de no compartir

Lo que muestra el índice, que se refiere al año 2022, es que el estado de la seguridad y la soberanía de defensa europeas deja mucho que desear, con una distancia considerable entre los Estados miembros. Oscila entre los 2,1 puntos de Malta e Irlanda hasta los 8,7 de Francia. Se trata de la brecha más grande entre los países con mejor y peor desempeño en cualquiera de las seis áreas del análisis. Ahora bien, no sólo se gasta poco sino que, además, se gasta mal por la fragmentación del mercado de la defensa.

Un reciente estudio de la Comisión Europea refleja esta ineficiencia. Según sus cálculos, el hecho de que los Estados actúen por su cuenta en materia de defensa tiene un coste que oscila entre 25.000 y 100.000 millones de euros por año. Esto es así porque únicamente el 18% del gasto global de defensa se hace con la colaboración entre Estados, menos de la mitad del 35% que se pactó en el llamado Acuerdo Permanente Cooperación Estructurada (PESCO).

Se trata de un verdadero fiasco teniendo en cuenta que ya en 1954 –incluso antes de la creación de la CEE– se intentó poner las bases para la creación de la llamada Comunidad Europea de Defensa (CED), el primer proyecto para poner en marcha mecanismos de cooperación. Tuvieron que pasar más de cuatro décadas, sin embargo, para relanzar la idea a través de la Declaración de Saint-Malo, al noroeste de Francia, que fue el catalizador, aunque con poco éxito, hasta que Rusia invadió Ucrania, para crear la Política Europea de Seguridad y Defensa.

Puro espejismo. Lo cierto es que en 2022 el gasto militar conjunto de los 27 cayó por debajo del 2%, lejos del 3,5% de EEUU. El gasto en defensa de los países más grandes se mueve entre el 1,3% y el 1,6%, salvo en Francia, donde se alcanza el 2%, con España nuevamente en la cola en esta clasificación.

A tenor de lo que muestran los programas de estabilidad enviados a la Comisión Europea, sin embargo, algo puede estar cambiando, aunque a juzgar con lo ocurrido durante en el pasado hay razones para pensar que una cosa es el compromiso y otra muy distinta la ejecución. Al menos nueve países han previsto nuevos aumentos del gasto en defensa para 2026. Chequia (un punto de PIB) y Finlandia (0,7 puntos) han asumido los mayores compromisos, mientras que Países Bajos, Estonia y España pretenden aumentar el gasto en defensa en medio punto del PIB.

Reconocimiento de un fracaso

Esto es así porque ha sido necesaria la invasión rusa para que Europa reconozca que su base industrial tecnológica en materia de defensa está obsoleta. O atrofiada, como se prefiera. Algo que explica que haya lanzado la Estrategia Industrial Europea de Defensa –aquí el documento–. Entre otras razones, porque el 78% de las adquisiciones europeas en materia de defensa procede de fuera de la Unión Europea.

El documento viene a ser el reconocimiento de un fracaso, y entre los nuevos objetivos está incentivar que los estados miembros colaboren y compren armamento de forma mancomunada y, lo que no es menor importante, dentro de las fronteras de la propia Unión Europea. Se pretende, en concreto, que para 2030 el comercio intracomunitario en material de defensa represente el 35% del gasto total en defensa en la UE, mientras que ese mismo año al menos el 40% de los equipos de defensa deben adquirirse de forma colaborativa, aumentando al 60% para 2035. ¿El problema? Para lograr esos objetivos se ha previsto poner en marcha un Programa Europeo de la Industria de Defensa con una aportación inicial de apenas 1.500 millones de euros.

No parece mucho para 27 países en pleno crecimiento de las tensiones geopolíticas. Y eso que, como sostiene el Informe de Seguridad Nacional de España, esto requiere un fortalecimiento de las capacidades industriales internas y "una mayor diversificación de las fuentes de suministro, asegurando que Europa y España puedan mantener su soberanía en decisiones estratégicas sin ser excesivamente vulnerables a presiones externas". No parece que el objetivo esté cerca.