Las CCAA desafían a Hacienda e inician el año con un aumento del gasto del 7%

Parece una eternidad, pero no han pasado ni dos meses. El 6 de marzo el Senado consumó el rechazo a la senda de estabilidad propuesta por el Ministerio de Hacienda y, según la interpretación de la Abogacía del Estado, entraron en vigor los objetivos del programa de estabilidad. En ese momento, tanto el Gobierno como la oposición estaban preparándose para la tramitación de los presupuestos.

En medio de esa tensión política, las comunidades autónomas comenzaron el año con un fuerte incremento de su gasto público. Entre enero y febrero gastaron 36.700 millones de euros, un 7% más que en los mismos dos meses del año anterior. Se trata de la cifra de gasto autonómica más alta registrada en toda la serie en los meses de enero y febrero, pero también es uno de los mayores aumentos interanuales registrados. Por ejemplo, en 2021, en plena pandemia, el aumento del gasto público en este periodo fue del 6%.

Las comunidades autónomas comenzaron el año ignorando las llamadas de contención por parte del Ministerio de Hacienda. La ministra del ramo y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ya les advirtió que tendrían que cerrar el año 2024 con estabilidad presupuestaria. Esto es, déficit cero. Pero sus palabras han caído en el vacío.

La mayor parte del aumento del gasto se ha ido al pago de los salarios públicos, que se han incrementado un 6,5% respecto al año anterior. 1.000 millones de euros más en nóminas. También han aumentado intensamente los gastos en intereses por el endurecimiento de la política monetaria. En total registran un aumento del 29%, lo que supone casi 200 millones más de gasto en apenas dos meses.

La mayor parte del aumento del gasto se ha ido al pago de los salarios públicos, que se han incrementado un 6,5% respecto al año anterior

Todas las CCAA del régimen común han empeorado su situación presupuestaria en comparación con el inicio del año 2023. En total, han incurrido en un déficit de 3.600 millones de euros, casi el triple que hace un año, cuando era de 1.300 millones de euros. Si se mide en porcentaje del PIB, el déficit autonómico ha subido del 0,09% al 0,24% del PIB en los dos primeros meses del año.

Las comunidades autónomas están presionando al Ejecutivo con su aumento del gasto, pero también el ministerio está presionando al mantener bloqueada la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica tras su negativa a presentar los presupuestos. La opción de actualizar las transferencias con un real decreto-ley está descartada por el momento, lo que complica la gestión de la caja para los gobiernos autonómicos.

Las transferencias del Estado por el sistema de financiación se han reducido un 1% en los dos primeros meses del año, con un descenso del 1% en las entregas a cuenta, según los datos de la IGAE. Algunos gobiernos autonómicos ya han salido a protestar por la congelación de las entregas a cuenta que les empieza a generar problemas de caja.

Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, que ha denunciado que la congelación de las entregas a cuenta implica 90 millones menos al mes para la región. Su consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha denunciado la "asfixia" financiera que está realizando el Gobierno, lo que complica que la comunidad pueda ponerse al día con el pago a sus proveedores. "Nos encontramos con dificultad a la hora de proceder a los pagos", alertó la semana pasada. Esta es la única CCAA a la que el Gobierno le ha dado un anticipo de la financiación, por valor de 117 millones de euros, para que pueda seguir con sus pagos.

Sin embargo, a pesar de la presión financiera que están sufriendo las comunidades autónomas, su déficit está creciendo rápidamente. En el caso de la Comunidad Valenciana, aumentó su saldo negativo hasta 650 millones de euros en los dos primeros meses del año, un 38% más que en el año anterior. Si se compara con el PIB, su déficit asciende ya al 0,45% de su PIB. Será imposible que ni siquiera se acerque al objetivo de estabilidad presupuestaria fijado por el Gobierno.

La Comunidad Valenciana es la segunda región con más déficit por sus problemas de financiación, pero también por la política expansiva realizada por el gobierno autonómico con aumentos del gasto y bajadas de impuestos. Es precisamente la situación de Baleares, cuyo déficit ascendió al 0,48% de su PIB. Por detrás de la Comunidad Valenciana está Murcia, una CCAA que tiene idénticos problemas de financiación, y cuyo déficit fue del 0,38% del PIB.

La comunidad que más incrementó su déficit en el inicio del año fue Andalucía. Las bajadas de impuestos aprobadas por el Gobierno de Juanma Moreno están teniendo un impacto relevante sobre el saldo presupuestario que se ha deteriorado en 0,4 puntos del PIB en comparación con el año anterior.

En el caso de la Comunidad Valenciana, aumentó su saldo negativo hasta 650 M en los dos primeros meses del año, un 38% más

Galicia y Castilla y León han pasado de tener un pequeño superávit en el inicio de 2023 a un leve déficit en el arranque de este año, del 0,17 y el 0,1% del PIB respectivamente. Sólo hay dos comunidades del régimen común que han comenzado el año en superávit, Asturias y Canarias, que tiene un régimen fiscal propio por su condición de territorio ultraperiférico.

Este choque entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda empieza a generar tensiones de pagos. La actualización de las entregas a cuenta no aparece entre las prioridades del Ejecutivo, quien teme que el Congreso pudiera llegar a tumbar el decreto. De ahí que el escenario más plausible es que las CCAA tendrán que apañarse para hacer frente a los pagos que necesitan. Pero éstas no se amedrentan y han comenzado el año con un gran aumento del gasto público que incluso desafía los objetivos de estabilidad del Gobierno. Una batalla que en otro momento hubiese ocupado buena parte del debate público nacional, pero que ahora está ocultada por el barullo político.